Las migraciones se han converti do en un rasgo característico de la globalización mundial; siempre se ha migrado, pero ahora se hace con más intensidad y facilidad. España ha invertido la dirección de sus migraciones en muy poco tiempo: de enviar migrantes por todo el mundo ha pasado, desde mediados de los 90, a recibir migrantes que contribuyen a su crecimiento económico y social.
El impacto del fenómeno en todos los órdenes es una realidad en la vida española ya en el arranque del nuevo siglo. Una sociedad relativamente homogénea en términos de nacionalidades ha evolucionado en brevísimo tiempo hacia una pujante diversidad racial, cultural, lingüística y religiosa, lo que ha hecho incorporar a la agenda del país el desarrollo de aquellas políticas que permitan encauzar de manera certera, es decir, adecuada para los intereses colectivos, esta nueva realidad. Dos serían las notas a destacar para dibujar un panorama general del comportamiento observado en estos años de crecimiento migratorio.
En primer lugar, los migrantes han llegado mayoritariamente a España ocupando puestos de trabajo de evidente déficit entre los trabajadores nacionales. Los servicios domésticos, la hostelería y la construcción han sido los ámbitos laborales donde en mayor medida se han incorporado migrantes. Esto ha conllevado una baja calificación laboral, que tan sólo se está elevando en los últimos años y fundamentalmente a través de las incorporaciones de trabajadores foráneos especializados realizadas desde sus centros en otros países por diversas grandes empresas.
En segundo lugar, la integración social de la población migrante, que ha crecido de manera tan intensa, se ha efectuado de manera casi natural, con una respuesta social mayoritariamente positiva, lo que no exceptúa la aparición de conflictos esporádicos y una evidente percepción pública de desconfianza, no al migrante como tal sino hacia la incorporación de tantas personas en muy poco tiempo.
La llegada en 2004 del presidente Rodríguez Zapatero a un gobierno que se ha caracterizado por su fuerte impronta reformista y por el desarrollo de un proyecto de fortalecimiento de la ciudadanía muy ambicioso también marca el rumbo de una nueva política migratoria que debía aprender de los errores del pasado y ser capaz de encauzar en términos positivos el fenómeno migratorio.
Y la arquitectura de esa nueva estrategia ha descansado en su carácter integral, desde la seguridad de que nos hallamos ante un fenómeno muy complejo que requiere de actuaciones en distintos ámbitos a modo de vasos comunicantes, partiendo de una lucha decidida contra las redes que promueven la migración no regular que tantas víctimas causan entre los propios migrantes.
El mensaje del gobierno español es nítido, sin equívocos: la opción de la irregularidad es un error y un grave riesgo, porque sólo puede llevar a la marginalidad y tarde o temprano a la devolución al punto de partida. Existen, en cambio, vías legales para acceder a trabajar en España: un itinerario que parte del acceso a las oportunidades de contratación desde los propios países de los migrantes, sin iniciar un viaje arriesgado e inútil si se llevara a cabo de otra manera, y que, pretendiendo ajustar la migración con las necesidades del mercado laboral, se sustenta en la oferta general al exterior de puestos sectorializados y provincializados de necesaria cobertura, buscando asimismo que los inmigrantes puedan laborar en España no sólo regularmente sino en absoluta igualdad de condiciones de todo tipo con los trabajadores españoles.
Al mismo tiempo, el gobierno ha activado una política muy ambiciosa para promover la integración social de los migrantes, desde la profunda confianza en que existe un espacio sólido para la convivencia colectiva a partir del respeto a las reglas y valores del estado de derecho. Las experiencias fallidas de otros países nos han mostrado que los errores se pagan caros y que la clave para acertar se encuentra en formular una política que haga iguales en derechos y obligaciones a todos los que viven y trabajan en España.
Este objetivo requiere de actuaciones a favor de la integración dirigidas al conjunto de la población -con independencia de su nacionalidad- que el gobierno está impulsando a través de un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que ha aprobado hace apenas algunas semanas.
En definitiva, el gobierno de España está desarrollando una política de prioridades que descansa en la promoción de la llegada de la migración por las vías legales, que deja sin perspectivas los accesos al mercado de trabajo por métodos no lícitos y que despliega un marcado compromiso con la integración social de los migrantes, con seguridad uno de los retos colectivos de mayor alcance que se presentan al mundo y a España en las próximas décadas.
Esta política encuentra una dimensión crucial en la cooperación con distintos países y otros espacios de dialogo multilateral, porque el carácter global de las migraciones exige a nuestro modo de ver un esfuerzo sostenido para aunar esfuerzos que permitan un ordenamiento básico de los movimientos migratorios.
En el ámbito iberoamericano, el "Compromiso de Montevideo", documento monográfico sobre migración suscrito en la cumbre del pasado noviembre y en cuya elaboración tanto México como España han tenido un activo papel, ha supuesto un avance muy importante, ya que Iberoamérica ha acordado abordar desde la concertación un fenómeno que afecta poderosamente a sus países, con distintas expresiones y con multitud de movimientos.
Estamos hablando pues de abordar de manera común entre nuestros países un fenómeno como el migratorio, cuyo impacto y potencia supera las capacidades de cada Estado por si solo.
Desde el pasado año, con los Encuentros de las Migraciones celebrados primero en Madrid y más tarde en Montevideo, Iberoamérica en general ha dado pasos muy importantes. México y España, que han participado en este proceso para establecer las bases de un tratamiento iberoamericano común de la migración, sin duda están llamados, por su experiencia y capacidad, a desempeñar un papel de primera línea en este proceso de concertación que ya ha comenzado.
Secretaria de Inmigración y Emigración del Gobierno de España
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