martes, octubre 31, 2006
domingo, octubre 29, 2006
Oaxaca, baño de sangre
El jueves pasado, en el programa de televisión Código 2006 , de Proyecto 40, hice una pregunta a nombre de muchos mexicanos a Ulises Ruiz, "el gobernador" de Oaxaca. "Le pregunto no al político, ni al funcionario, sino al ser humano: ¿está usted consciente de que su restitución como autoridad en Oaxaca va a ser el resultado de un baño de sangre? ¿No le importa que para seguir siendo gobernador se requiera la muerte de muchos? ¿Usted sabe que dentro de 10 ó 15 años el recuerdo de toda esta coyuntura y la mención de su nombre evocarán una tragedia?". Ulises Ruiz no se inmutó y respondió con una larga parrafada sobre la importancia de la negociación. Su verdadera respuesta la dio unas horas más tarde, en la madrugada, cuando un líder de la APPO fue secuestrado a punta de pistola por un comando de desconocidos. Al día siguiente, personas armadas, pertenecientes al gobierno municipal y al estatal, bajaron de una camioneta blanca para hacer disparos contra los retenes de la APPO, con el saldo conocido de varios muertos. Uno de ellos, el periodista estadounidense Bradley Will, de la agencia Indimedios.
Al cierre de este artículo no se desencadena aún el desenlace que parece inevitable. A la fecha han caído asesinadas una docena de personas, pero seguramente habrá muchas víctimas más, antes de que termine todo esto. Más allá de la posición política de cada uno de los lectores, hay un dato de la realidad que se impone: los muertos son de un solo bando. Podemos estar en desacuerdo con los métodos o estrategias de la APPO y cuestionar la intransigencia de maestros que condenaron a sus alumnos a perder la escuela, pero es un hecho que "los de abajo" son los que terminan poniendo a las víctimas.
Por desgracia la muerte de oaxaqueños morenos, anónimos y prescindibles no parece conmover a muchos. A lo largo de los meses, mientras se fueron enlutando los hogares de los que cayeron por goteo como resultado del ataque intermitente a los retenes, pocos se tomaron la molestia de exigir la destitución de Ulises Ruiz. Las notas internacionales se centraban en las pérdidas turísticas y comerciales del centro de Oaxaca. Sin embargo, todo esto cambió con la muerte de un extranjero, uno de los suyos.
La foto de Bradley Will yaciente en el pavimento ha recorrido diarios y noticieros de todo el mundo este fin de semana. Es una "pérdida de guerra" que no entraba en los cálculos de Ulises Ruiz. El ataque perpetrado el viernes por la tarde tenía como propósito provocar la última gota que derramara el vaso y obligar a las fuerzas federales a intervenir de una vez por todas. Llama la atención que el operativo fue en plena tarde y sin buscar siquiera alguna provocación o choque que de alguna manera lo justificara. Simplemente llegaron en sus camionetas, descendieron hombres con armas de alto poder y dispararon a retenes y periodistas. El mensaje fue claro y contundente. Si el gobierno federal no ha entrado a Oaxaca para no provocar un baño de sangre, los matones locales le demostrarían que la espera también se llenaría de sangre. Ahora la Secretaría de Gobernación tendría la coartada para intervenir. En cierta forma lo hace incluso para "proteger" a los manifestantes que están siendo acribillados. Espero que todo esto no sea más que resultado de la estulticia y barbarie de un gobernador convertido en sátrapa prehistórico. Ulises Ruiz ha dicho que los agresores son autoridades municipales, fuera de control, como si los esbirros de estos municipios priístas pudiesen atreverse a tomar una acción política de esta magnitud por su propia voluntad. Quisiera creer que esto no es un arreglo fríamente calculado con las autoridades del centro para precipitar el desalojo de Oaxaca.
Recordemos que el movimiento originalmente era una reivindicación gremial. El torpe y sangriento intento de desalojo de junio pasado por parte de Ulises provocó que se convirtiera en una protesta para exigir justicia. Desde entonces la APPO ha pedido una sola cosa: el retiro de Ulises y la investigación por sus crímenes. Es lamentable que el desenlace de todo esto sea una acción represiva, en nombre de la ley, y en contra de las víctimas que reclaman la aplicación de ley.
Tendríamos que preguntarnos dónde estaban hace un año todos aquellos que ahora exigen la restitución del estado de derecho, mientras Ulises Ruiz perseguía medios de comunicación, desaparecía disidentes y golpeaba derechos de comunidades. Durante meses, antes del conflicto del magisterio, los afectados interpusieron denuncias en contra de las agresiones del gobernador. Noticias de Oaxaca, el diario líder en la entidad, ha interpuesto media docena de demandas o denuncias en los tribunales que controla el gobernador. Ninguna ha prosperado pese a que hubo asesinatos y destrucción de instalaciones de por medio.
Si al final todo esto no sirve más que para reinstalar al gobernador, el daño será incalculable. Respetar al estado de derecho debería significar la investigación de todos los delitos, incluyendo los asesinatos por parte de las autoridades locales a lo largo de estos meses. Si el gobierno federal, en nombre de su alianza incondicional con el PRI, simplemente restituye al gobernador y encuentra chivos expiatorios entre policías de rango inferior, se habrá consumado una infamia mayúscula. Me temo, además, que se habrán dado enormes coartadas a los que consideran que nuestras instituciones no tienen remedio.
La tragedia de Oaxaca puede provocar un germen de rabia e inestabilidad si el baño de sangre simplemente sirve para imponer, una vez más, la inequidad y la injusticia ancestral. Pero también podría ser el arranque de una nueva forma de hacer política. Lo sabremos pronto. Sería lamentable que la única esperanza de ajuste de cuentas proceda de la indignación internacional que provoque el asesinato de un periodista extranjero. Nuestros muertos todavía valen muy poco.
Al cierre de este artículo no se desencadena aún el desenlace que parece inevitable. A la fecha han caído asesinadas una docena de personas, pero seguramente habrá muchas víctimas más, antes de que termine todo esto. Más allá de la posición política de cada uno de los lectores, hay un dato de la realidad que se impone: los muertos son de un solo bando. Podemos estar en desacuerdo con los métodos o estrategias de la APPO y cuestionar la intransigencia de maestros que condenaron a sus alumnos a perder la escuela, pero es un hecho que "los de abajo" son los que terminan poniendo a las víctimas.
Por desgracia la muerte de oaxaqueños morenos, anónimos y prescindibles no parece conmover a muchos. A lo largo de los meses, mientras se fueron enlutando los hogares de los que cayeron por goteo como resultado del ataque intermitente a los retenes, pocos se tomaron la molestia de exigir la destitución de Ulises Ruiz. Las notas internacionales se centraban en las pérdidas turísticas y comerciales del centro de Oaxaca. Sin embargo, todo esto cambió con la muerte de un extranjero, uno de los suyos.
La foto de Bradley Will yaciente en el pavimento ha recorrido diarios y noticieros de todo el mundo este fin de semana. Es una "pérdida de guerra" que no entraba en los cálculos de Ulises Ruiz. El ataque perpetrado el viernes por la tarde tenía como propósito provocar la última gota que derramara el vaso y obligar a las fuerzas federales a intervenir de una vez por todas. Llama la atención que el operativo fue en plena tarde y sin buscar siquiera alguna provocación o choque que de alguna manera lo justificara. Simplemente llegaron en sus camionetas, descendieron hombres con armas de alto poder y dispararon a retenes y periodistas. El mensaje fue claro y contundente. Si el gobierno federal no ha entrado a Oaxaca para no provocar un baño de sangre, los matones locales le demostrarían que la espera también se llenaría de sangre. Ahora la Secretaría de Gobernación tendría la coartada para intervenir. En cierta forma lo hace incluso para "proteger" a los manifestantes que están siendo acribillados. Espero que todo esto no sea más que resultado de la estulticia y barbarie de un gobernador convertido en sátrapa prehistórico. Ulises Ruiz ha dicho que los agresores son autoridades municipales, fuera de control, como si los esbirros de estos municipios priístas pudiesen atreverse a tomar una acción política de esta magnitud por su propia voluntad. Quisiera creer que esto no es un arreglo fríamente calculado con las autoridades del centro para precipitar el desalojo de Oaxaca.
Recordemos que el movimiento originalmente era una reivindicación gremial. El torpe y sangriento intento de desalojo de junio pasado por parte de Ulises provocó que se convirtiera en una protesta para exigir justicia. Desde entonces la APPO ha pedido una sola cosa: el retiro de Ulises y la investigación por sus crímenes. Es lamentable que el desenlace de todo esto sea una acción represiva, en nombre de la ley, y en contra de las víctimas que reclaman la aplicación de ley.
Tendríamos que preguntarnos dónde estaban hace un año todos aquellos que ahora exigen la restitución del estado de derecho, mientras Ulises Ruiz perseguía medios de comunicación, desaparecía disidentes y golpeaba derechos de comunidades. Durante meses, antes del conflicto del magisterio, los afectados interpusieron denuncias en contra de las agresiones del gobernador. Noticias de Oaxaca, el diario líder en la entidad, ha interpuesto media docena de demandas o denuncias en los tribunales que controla el gobernador. Ninguna ha prosperado pese a que hubo asesinatos y destrucción de instalaciones de por medio.
Si al final todo esto no sirve más que para reinstalar al gobernador, el daño será incalculable. Respetar al estado de derecho debería significar la investigación de todos los delitos, incluyendo los asesinatos por parte de las autoridades locales a lo largo de estos meses. Si el gobierno federal, en nombre de su alianza incondicional con el PRI, simplemente restituye al gobernador y encuentra chivos expiatorios entre policías de rango inferior, se habrá consumado una infamia mayúscula. Me temo, además, que se habrán dado enormes coartadas a los que consideran que nuestras instituciones no tienen remedio.
La tragedia de Oaxaca puede provocar un germen de rabia e inestabilidad si el baño de sangre simplemente sirve para imponer, una vez más, la inequidad y la injusticia ancestral. Pero también podría ser el arranque de una nueva forma de hacer política. Lo sabremos pronto. Sería lamentable que la única esperanza de ajuste de cuentas proceda de la indignación internacional que provoque el asesinato de un periodista extranjero. Nuestros muertos todavía valen muy poco.
viernes, octubre 13, 2006
Los incómodos
La historia de México está llena de políticos incómodos: hermanos, primos, cuñados, cónyuges. Pero también abundan los gobernadores incómodos. Aquellos que, dado su pésimo desempeño, generan problemas de gobernabilidad, afectan la legitimidad del gobierno, se llevan entre las patas a sus padrinos políticos y le complican la vida a su partido, pues los votantes suelen cobrarse los agravios votando por un partido diferente al del gobernador chafa.
En las épocas doradas del autoritarismo priísta, los gobernadores incómodos solían renunciar a sugerencia del presidente en turno. No era una solución muy democrática, cierto, pero la verdad es que los gobernadores en cuestión tampoco llegaban al poder de manera muy democrática. Normalmente alcanzaban la candidatura por el partido y la gubernatura por el dedo presidencial, y dejaban el poder también por el dedo presidencial.
Claro, en esta operación el presidente aprovechaba para deshacerse de algún gobernador heredado del presidente anterior, independientemente de los méritos que dicho gobernador tuviera. No obstante, este mecanismo para poner y quitar gobernadores comenzó a hacer crisis en el gobierno de Zedillo, cuando el presidencialismo comenzó a mostrar signos de agotamiento y los grupos dentro del PRI dejaron de aceptar al presidente como autoridad máxima.
Adicionalmente, en varias entidades llegaron al poder gobernadores de partidos diferentes al PRI que no le debían el puesto al dedo presidencial. Así, la capacidad del presidente de la República para remover gobernadores disminuyó de manera sensible. El caso más claro de esta nueva realidad fue el del entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien, a pesar de haber sido exhibido públicamente con gastos exorbitantes en su campaña para alcanzar la gubernatura, se negó a dejar el puesto desafiando abiertamente al presidente Zedillo.
Esta tendencia se ha agudizado en el gobierno del presidente Fox. Éste ha decidido que no se va a meter a remover gobernadores, por más incompetentes y corruptos que sean. El argumento para ello es que no es facultad del gobierno federal quitarlos. Y es cierto. Sin embargo, dejar esta decisión en manos de los congresos locales o eventualmente del Senado de la República no garantiza que vaya a pasar algo, pues suele ocurrir que el partido del gobernador lo defiende a capa y espada bajo el supuesto de que si este se va en condiciones ignominiosas, el costo político será mayor que si permanece, en condiciones ignominiosas también.
Un argumento adicional para que el gobierno federal no intervenga es que ello podría sentar precedentes peligrosos y alentar movimientos en muchos estados para tirar gobernadores y eventualmente presidentes de la República. También se podría argumentar que si los gobernadores son elegidos por el voto popular, su remoción sería antidemocrática y violentaría esa misma voluntad. Y lo cierto es que la mayoría de estos argumentos son ciertos, aunque no suficientes.
El argumento más poderoso tiene que ver, sin duda, con el origen democrático de los mandatarios estatales. Sin embargo, si un gobernante legítimo viola la ley, es obvio que no puede permanecer en el cargo. Si un gobernante atenta contra las garantías individuales -ya sea Mario Marín contra Lydia Cacho o Ulises Ruiz contra el diario Noticias- no debe permanecer en el cargo. La pregunta es ¿quién lo quita? Y ahí es donde es obvio que si bien existen disposiciones legales, éstas no parecen funcionar bien. Así pues, el reto es mejorar los mecanismos institucionales para que, ante evidencia clara de violaciones de la ley por parte de un gobernador, éste se vaya a su casa y sea procesado. Desde ese punto de vista, la razón para la remoción debería ser la violación de la ley y no el número de manifestantes en su contra. Además, la reducción de los términos del mandato de los gobernadores, combinada con la posibilidad de la reelección, podría ser un mecanismo para ejercer mayor vigilancia sobre su desempeño y facilitar una salida más inmediata de algún mandatario incompetente.
En el caso del conflicto de Oaxaca es evidente que estamos en una situación empantanada que sólo una salida legal del gobernador Ulises Ruiz puede resolver. El recurso institucional es que el Senado declare la desaparición de poderes en el estado. La razón debería ser la conducta atentatoria contra las garantías ciudadanas en Oaxaca, por parte del gobernador, como fue el caso del acoso al diario Noticias. Pero lo cierto es que el único escenario viable es la decisión del Senado.
Sin embargo, si el gobernador Ruiz se va y los delitos cometidos por los grupos violentos que actúan en Oaxaca quedan impunes, ello va a constituir un incentivo para movimientos futuros en otras partes que quieran tirar a gobernantes electos. Más allá de la salida del gobernador, es claro que en Oaxaca hay delitos del fuero común y federal que se tienen que castigar. Si ello no ocurre, vamos a tener decenas de Oaxacas en todo el país. Como coreaban los manifestantes de la APPO hace unos días: "Ulises ya cayó. Sigue Calderón". ¿Y luego quién más?
En las épocas doradas del autoritarismo priísta, los gobernadores incómodos solían renunciar a sugerencia del presidente en turno. No era una solución muy democrática, cierto, pero la verdad es que los gobernadores en cuestión tampoco llegaban al poder de manera muy democrática. Normalmente alcanzaban la candidatura por el partido y la gubernatura por el dedo presidencial, y dejaban el poder también por el dedo presidencial.
Claro, en esta operación el presidente aprovechaba para deshacerse de algún gobernador heredado del presidente anterior, independientemente de los méritos que dicho gobernador tuviera. No obstante, este mecanismo para poner y quitar gobernadores comenzó a hacer crisis en el gobierno de Zedillo, cuando el presidencialismo comenzó a mostrar signos de agotamiento y los grupos dentro del PRI dejaron de aceptar al presidente como autoridad máxima.
Adicionalmente, en varias entidades llegaron al poder gobernadores de partidos diferentes al PRI que no le debían el puesto al dedo presidencial. Así, la capacidad del presidente de la República para remover gobernadores disminuyó de manera sensible. El caso más claro de esta nueva realidad fue el del entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien, a pesar de haber sido exhibido públicamente con gastos exorbitantes en su campaña para alcanzar la gubernatura, se negó a dejar el puesto desafiando abiertamente al presidente Zedillo.
Esta tendencia se ha agudizado en el gobierno del presidente Fox. Éste ha decidido que no se va a meter a remover gobernadores, por más incompetentes y corruptos que sean. El argumento para ello es que no es facultad del gobierno federal quitarlos. Y es cierto. Sin embargo, dejar esta decisión en manos de los congresos locales o eventualmente del Senado de la República no garantiza que vaya a pasar algo, pues suele ocurrir que el partido del gobernador lo defiende a capa y espada bajo el supuesto de que si este se va en condiciones ignominiosas, el costo político será mayor que si permanece, en condiciones ignominiosas también.
Un argumento adicional para que el gobierno federal no intervenga es que ello podría sentar precedentes peligrosos y alentar movimientos en muchos estados para tirar gobernadores y eventualmente presidentes de la República. También se podría argumentar que si los gobernadores son elegidos por el voto popular, su remoción sería antidemocrática y violentaría esa misma voluntad. Y lo cierto es que la mayoría de estos argumentos son ciertos, aunque no suficientes.
El argumento más poderoso tiene que ver, sin duda, con el origen democrático de los mandatarios estatales. Sin embargo, si un gobernante legítimo viola la ley, es obvio que no puede permanecer en el cargo. Si un gobernante atenta contra las garantías individuales -ya sea Mario Marín contra Lydia Cacho o Ulises Ruiz contra el diario Noticias- no debe permanecer en el cargo. La pregunta es ¿quién lo quita? Y ahí es donde es obvio que si bien existen disposiciones legales, éstas no parecen funcionar bien. Así pues, el reto es mejorar los mecanismos institucionales para que, ante evidencia clara de violaciones de la ley por parte de un gobernador, éste se vaya a su casa y sea procesado. Desde ese punto de vista, la razón para la remoción debería ser la violación de la ley y no el número de manifestantes en su contra. Además, la reducción de los términos del mandato de los gobernadores, combinada con la posibilidad de la reelección, podría ser un mecanismo para ejercer mayor vigilancia sobre su desempeño y facilitar una salida más inmediata de algún mandatario incompetente.
En el caso del conflicto de Oaxaca es evidente que estamos en una situación empantanada que sólo una salida legal del gobernador Ulises Ruiz puede resolver. El recurso institucional es que el Senado declare la desaparición de poderes en el estado. La razón debería ser la conducta atentatoria contra las garantías ciudadanas en Oaxaca, por parte del gobernador, como fue el caso del acoso al diario Noticias. Pero lo cierto es que el único escenario viable es la decisión del Senado.
Sin embargo, si el gobernador Ruiz se va y los delitos cometidos por los grupos violentos que actúan en Oaxaca quedan impunes, ello va a constituir un incentivo para movimientos futuros en otras partes que quieran tirar a gobernantes electos. Más allá de la salida del gobernador, es claro que en Oaxaca hay delitos del fuero común y federal que se tienen que castigar. Si ello no ocurre, vamos a tener decenas de Oaxacas en todo el país. Como coreaban los manifestantes de la APPO hace unos días: "Ulises ya cayó. Sigue Calderón". ¿Y luego quién más?
domingo, octubre 01, 2006
Diciembre negro
Oaxaca podría ser el diciembre negro de Fox. Hace 12 años México pasó por la peor crisis económica de la historia reciente debido a la mala transición del gobierno saliente de Carlos Salinas al entrante de Ernesto Zedillo. La historia podría repetirse, pero ahora en el terreno político, con saldos igualmente trágicos y por los mismos motivos: la falta de decisiones entre el equipo que llega y el que sale.
El conflicto de Oaxaca podría convertirse en el equivalente a un peso sobrevaluado y a punto de explotar. En el otoñó de 1994 nadie quiso asumir la factura política de una devaluación que desde meses antes era imprescindible. Carlos Salinas y Pedro Aspe (su secretario de Hacienda) no quisieron comprometer los elevados índices de popularidad con los que cerraron su sexenio. A los 20 días de haber asumido el poder, en aquel diciembre funesto, la bomba estalló en la cara de Zedillo y del nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche. La tragedia le granjeó a Salinas un exilio forzado y a Serra Puche el fin de su carrera política. Pero sobre todo, condenó al país a una recesión que todavía no cicatriza del todo.
El caso de Oaxaca anticipa un infortunio que podría alcanzar tales proporciones. Hay un consenso generalizado a favor de resolver el conflicto de manera urgente e inmediata, pero las vías dividen a la clase política y a la opinión pública.
Por un lado, están los que consideran que el gobierno federal debe enviar fuerzas policiacas para desalojar a los manifestantes y "restablecer el orden". A su juicio, los riesgos de un desenlace violento son preferibles que el caos y la impunidad que representa una ciudad en manos de una organización radical.
Los sectores más conservadores quieren ver a la APPO como una extensión del grupo guerrillero EPR. Es una simplificación que han rechazado incluso empresarios como Harp Helú y políticos como Diódoro Carrasco (ex gobernador, ahora con el PAN), pero que se ha esgrimido en la capital para justificar la aplicación de mano dura. Parecería un argumento pensado para tranquilizar conciencias por anticipado, en caso de que una operación militar deje las barricadas sembradas de cadáveres. Si los disidentes eran prácticamente "guerrilla subversiva" las bajas habrían sido un mal necesario.
Es un argumento absurdo. Cinco mil personas marchan hacia la capital y miles más resguardan la plaza de Oaxaca. Si todos esos contingentes fueran del EPR habría que cambiar al Cisen, la Secretaría de Gobernación y los cuerpos de inteligencia militar, por ineptitud (¿decenas de miles de insurrectos habían pasado inadvertidos?). En realidad, la APPO es una amalgama de organizaciones e impulsos que se alimenta de grupos sociales resentidos por la pobreza y la injusticia. No son la mayoría de los oaxaqueños, pero posee una base social real y extendida, y probablemente una gran cantidad de simpatizantes no movilizados. Preferiríamos que todos ellos fueran buenas personas y ciudadanos ejemplares, pero aunque muchos no lo sean, tampoco deben descalificarse sus reclamos. Podemos dar por descontado que algunos cuadros del EPR y otros activistas radicales han acudido con el propósito de reventar y manipular, pero son docenas entre miles. De lo que podemos estar seguros es que una represión convertirá la mentira en una autoprofecía cumplida: cientos ingresarán a los movimientos clandestinos de insurrección.
Del otro lado, otra corriente de opinión, entre los que me incluyo, considera que la única salida posible es la renuncia de Ulises Ruiz, o su separación mientras es investigado. Hace una semana, en este espacio, expuse los argumentos al respecto. Ser gobernador legalmente elegido no es una patente de corso para cometer las tropelías y delitos en los que incurrió este sátrapa trasnochado. Durante un año se dedicó a golpear a la disidencia, a los medios de comunicación adversos y a grupos campesinos incómodos.
Estos grupos que hoy "violentan el orden" recurrieron en primera instancia, aunque infructuosamente, a tribunales y ministerios públicos para denunciar asesinatos y despojos. No consiguieron nada. En junio, cuando las fuerzas estatales intentaron desalojar a los maestros con saldo de un muerto, todos estos grupos y agravios se unieron a su causa. Eso es la APPO, con todos los defectos que pueda tener.
El viernes en la madrugada corrió el rumor en Oaxaca de que la policía federal estaba a punto de tomar la plaza. La crónica de un corresponsal de EL UNIVERSAL señala que "en cuestión de segundos, por toda la ciudad, ríos humanos bajaron de las colonias circunvecinas para fortalecer sus barricadas". Recomendar el uso de la fuerza, pero "sólo para disuadir y con precaución", como pretenden algunas buenas conciencias, no es más que otra manera de pedir un baño de sangre, pero buscando no ser salpicado.
Tomémosle la palabra a los que piden el restablecimiento de las instituciones y del estado de derecho, pero vayamos a la raíz del problema. Se requiere de una instancia federal que investigue la veracidad de las denuncias de los delitos cometidos por Ulises Ruiz. No se trata de ceder u ofrecer la cabeza del gobernador a unos manifestantes. Se trata de construir la democracia a partir de la aplicación de una justicia real, y no la que imparten los tribunales del gobernador en cuestión. La exigencia de la opinión pública nacional para reinstalar el estado de derecho en Oaxaca es genuina, pero debe ser integral. No se puede reestablecer la ley reprimiendo violentamente a los que exigen se les haga justicia.
El gobierno panista está paralizado ante la disyuntiva de reprimir y derramar sangre, o investigar a Ruiz y enemistarse con el PRI. Ha llegado el momento de asumir costos y tomar decisiones. O pueden no hacerlo y esperar a que el tema estalle en su cara en el interregno de la transición, como hace 12 años. Ya conocemos las consecuencias.
El conflicto de Oaxaca podría convertirse en el equivalente a un peso sobrevaluado y a punto de explotar. En el otoñó de 1994 nadie quiso asumir la factura política de una devaluación que desde meses antes era imprescindible. Carlos Salinas y Pedro Aspe (su secretario de Hacienda) no quisieron comprometer los elevados índices de popularidad con los que cerraron su sexenio. A los 20 días de haber asumido el poder, en aquel diciembre funesto, la bomba estalló en la cara de Zedillo y del nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche. La tragedia le granjeó a Salinas un exilio forzado y a Serra Puche el fin de su carrera política. Pero sobre todo, condenó al país a una recesión que todavía no cicatriza del todo.
El caso de Oaxaca anticipa un infortunio que podría alcanzar tales proporciones. Hay un consenso generalizado a favor de resolver el conflicto de manera urgente e inmediata, pero las vías dividen a la clase política y a la opinión pública.
Por un lado, están los que consideran que el gobierno federal debe enviar fuerzas policiacas para desalojar a los manifestantes y "restablecer el orden". A su juicio, los riesgos de un desenlace violento son preferibles que el caos y la impunidad que representa una ciudad en manos de una organización radical.
Los sectores más conservadores quieren ver a la APPO como una extensión del grupo guerrillero EPR. Es una simplificación que han rechazado incluso empresarios como Harp Helú y políticos como Diódoro Carrasco (ex gobernador, ahora con el PAN), pero que se ha esgrimido en la capital para justificar la aplicación de mano dura. Parecería un argumento pensado para tranquilizar conciencias por anticipado, en caso de que una operación militar deje las barricadas sembradas de cadáveres. Si los disidentes eran prácticamente "guerrilla subversiva" las bajas habrían sido un mal necesario.
Es un argumento absurdo. Cinco mil personas marchan hacia la capital y miles más resguardan la plaza de Oaxaca. Si todos esos contingentes fueran del EPR habría que cambiar al Cisen, la Secretaría de Gobernación y los cuerpos de inteligencia militar, por ineptitud (¿decenas de miles de insurrectos habían pasado inadvertidos?). En realidad, la APPO es una amalgama de organizaciones e impulsos que se alimenta de grupos sociales resentidos por la pobreza y la injusticia. No son la mayoría de los oaxaqueños, pero posee una base social real y extendida, y probablemente una gran cantidad de simpatizantes no movilizados. Preferiríamos que todos ellos fueran buenas personas y ciudadanos ejemplares, pero aunque muchos no lo sean, tampoco deben descalificarse sus reclamos. Podemos dar por descontado que algunos cuadros del EPR y otros activistas radicales han acudido con el propósito de reventar y manipular, pero son docenas entre miles. De lo que podemos estar seguros es que una represión convertirá la mentira en una autoprofecía cumplida: cientos ingresarán a los movimientos clandestinos de insurrección.
Del otro lado, otra corriente de opinión, entre los que me incluyo, considera que la única salida posible es la renuncia de Ulises Ruiz, o su separación mientras es investigado. Hace una semana, en este espacio, expuse los argumentos al respecto. Ser gobernador legalmente elegido no es una patente de corso para cometer las tropelías y delitos en los que incurrió este sátrapa trasnochado. Durante un año se dedicó a golpear a la disidencia, a los medios de comunicación adversos y a grupos campesinos incómodos.
Estos grupos que hoy "violentan el orden" recurrieron en primera instancia, aunque infructuosamente, a tribunales y ministerios públicos para denunciar asesinatos y despojos. No consiguieron nada. En junio, cuando las fuerzas estatales intentaron desalojar a los maestros con saldo de un muerto, todos estos grupos y agravios se unieron a su causa. Eso es la APPO, con todos los defectos que pueda tener.
El viernes en la madrugada corrió el rumor en Oaxaca de que la policía federal estaba a punto de tomar la plaza. La crónica de un corresponsal de EL UNIVERSAL señala que "en cuestión de segundos, por toda la ciudad, ríos humanos bajaron de las colonias circunvecinas para fortalecer sus barricadas". Recomendar el uso de la fuerza, pero "sólo para disuadir y con precaución", como pretenden algunas buenas conciencias, no es más que otra manera de pedir un baño de sangre, pero buscando no ser salpicado.
Tomémosle la palabra a los que piden el restablecimiento de las instituciones y del estado de derecho, pero vayamos a la raíz del problema. Se requiere de una instancia federal que investigue la veracidad de las denuncias de los delitos cometidos por Ulises Ruiz. No se trata de ceder u ofrecer la cabeza del gobernador a unos manifestantes. Se trata de construir la democracia a partir de la aplicación de una justicia real, y no la que imparten los tribunales del gobernador en cuestión. La exigencia de la opinión pública nacional para reinstalar el estado de derecho en Oaxaca es genuina, pero debe ser integral. No se puede reestablecer la ley reprimiendo violentamente a los que exigen se les haga justicia.
El gobierno panista está paralizado ante la disyuntiva de reprimir y derramar sangre, o investigar a Ruiz y enemistarse con el PRI. Ha llegado el momento de asumir costos y tomar decisiones. O pueden no hacerlo y esperar a que el tema estalle en su cara en el interregno de la transición, como hace 12 años. Ya conocemos las consecuencias.
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