miércoles, mayo 30, 2007

Miss Brazil Natalia Guimaraes WOW!

Read My Lips!

Mary Cassatt - Le bain

Crimen de Estado

Hace 23 años se asesinó al periodista Manuel Buendía por el temor que publicara la relación del poder político con el narcotráfico, una historia aún secreta

Hace 18 años se encuentra en la cárcel José Antonio Zorrilla Martínez, director de la legendaria Dirección Federal de Seguridad. Para toda una generación su nombre no significa nada, pero Zorrilla Martínez no sólo fue el funcionario de más alto rango en el gobierno de Miguel de la Madrid en pagar por el asesinato del columnista más influyente de los últimos 50 años, Manuel Buendía, sino que fue el chivo expiatorio con cuya condena se encubrió un crimen de Estado.

La noche del 30 de mayo de 1984 Buendía salió de su oficina en Insurgentes, casi llegando a Reforma, cuando un asesino le disparó cinco tiros por la espalda. El asesino huyó por Insurgentes, en el perímetro de la Zona Rosa, que era altamente vigilada por policías y militares en esos años por el alto número de personalidades que comían en sus restaurantes, sin que tuviera mayor problema para escapar. Se subió a una motocicleta y se fue a esconder a las instalaciones de la DFS, a unas cuantas cuadras de ahí.

Zorrilla Martínez llegó con sus principales comandantes a la oficina de Buendía y tomó ilegalmente las riendas del caso. Cuando se le persiguió en el gobierno de Carlos Salinas, él y los comandantes que hicieron la investigación fueron a la cárcel, junto con Manuel Ávila Moro, nieto de un presidente de la República, acusado de haber jalado el gatillo. En realidad, Ávila Moro, agente de la DFS y rockero, no había sido el victimario, sino quien manejó la motocicleta en la que el responsable directo de la ejecución escapó. Éste, descrito por testigos como un tipo alto y fornido, aunque delgado, con una gorra y un corte de pelo estilo militar, resultó ser un coronel que, tres días después de ese crimen, apareció asesinado en Zacatecas con más de 120 puñaladas en el cuerpo.

El asesinato de Buendía fue fraguado con sólo 30 días de antelación, luego de que el columnista retomara en dos columnas una declaración de finales de abril de aquel año de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. A través de pedazos de los detalles de su asesinato recogidos arqueológicamente por los años, se pudo establecer que, como consecuencia de ellas, el secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, convocó a una reunión donde se decidió el destino de Buendía.

Creía, de acuerdo con la información que ha salido a cuentagotas en casi un cuarto de siglo, que Buendía tenía información que vinculaba al Ejército y a altos funcionarios del gobierno federal con el narcotráfico, y que la daría a conocer en su famosa columna Red Privada. En la reunión estuvieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, proveedores de armas para el Ejército, Zorrilla Martínez y varios comandantes de la DFS, un par de ellos asesinados años después en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Una investigación paralela de Samuel del Villar, en ese entonces el cruzado de la renovación moral en Los Pinos, establecía que ante la crisis económica que sufría el gobierno de De la Madrid, se elaboró una política secreta donde el gobierno se haría de fondos del narco mediante la protección de los campos de cultivo. Un ex secretario de Estado en la administración de De la Madrid expresó altas dudas sobre la veracidad de aquel informe, en buena parte porque, comentó, Del Villar -un hombre con una genialidad que tocaba muchas veces la locura- estaba produciendo documentos desconcertantes, como una propuesta al presidente para resolver el problema del sindicato petrolero con una especie de Noche de San Valentín.

Lo que era innegable, de acuerdo con otros ex secretarios de Estado que hablaron con el paso de los años, era que el Ejército sí protegía cultivos de droga, particularmente en Sonora y Sinaloa, y que la participación de Arévalo Gardoqui como jefe de esas actividades siempre fue muy difícil de rebatir. El narcotráfico ya había penetrado las estructuras del poder en México. De hecho, las redes de distribución estaban inmersas en la geopolítica del momento, particularmente la contrarrevolución organizada por Washington en contra del gobierno sandinista en Nicaragua. La ayuda a la contra tenía problemas de abastecimiento de armas por la Enmienda Boland, mediante la cual el Congreso de Estados Unidos prohibía a la Casa Blanca ayudar de cualquier manera, salvo humanitaria, a los contras.

Se conoce ampliamente el caso del Irancontras, que fue una operación para llevar armas a la contra procedentes de Irán a cambio de la liberación de los rehenes estadounidenses en su embajada en Teherán, pero casi nada ha salido, en todo este tiempo, sobre el papel de México. Buendía siguió esa pista con su peculiar olfato periodístico hasta que lo mataron, el mismo día y a la misma hora en que a 2 mil 500 kilómetros, en La Penca, Costa Rica, un agente de la CIA colocó una bomba en una conferencia de prensa convocada por Edén Pastora, el legendario Comandante Cero de los sandinistas que se volteó contra ellos y que para 1984, después de haber sido una de las piezas claves en el trasiego de armas para la contra desde México, se había convertido en un problema para la agencia.


Pastora sobrevivió el atentado donde murieron cuatro personas y 14 resultaron heridas. En esa conferencia que en ese momento no sabía que era promovida por agentes de la CIA en San José, iba a revelar las presiones que tenía de la CIA, que desde Costa Rica controlaba la recepción de armas para la contra, que llegaban a ese país y a la base militar en San Salvador, manejada por los agentes en Centroamérica y por el teniente coronel Oliver North desde la Casa Blanca.

Una de sus primeras declaraciones, muy poco difundidas, fue que el atentado "había venido de México", donde estaba buena parte del trasiego de armas para la contra, que cambiaban por droga en Texas. México era parte de la geopolítica de la guerra fría, donde Estados Unidos cerró sus ojos para beneficios de sus intereses ulteriores. En ese sentido el general Arévalo, pese a la documentación que lo involucraba en el narcotráfico, nunca fue perseguido ni acusado formalmente, como tampoco fueron reveladas las relaciones del Ejército con el narco.

Buendía, temía el secretario de la Defensa, tenía pruebas de cómo él, altos funcionarios de Gobernación y familiares del presidente, estaban metidos en el negocio del narcotráfico. No está claro todavía si cuando Arévalo se alarmó el columnista tenía documentación sólida. Pero Zorrilla Martínez, que era su compadre, sí sabía todo aquel entramado. Pero para un crimen de Estado se necesitaba un hombre de Estado.

En efecto, por más contradictorio que parezca, Zorrilla Martínez se comportó como un hombre de Estado, tragándose todo lo que sabía, guardando silencio entonces y ahora para salvar la viabilidad de un gobierno. Pero, sobre todo, para proteger a los secretarios de Estado que, con la aprobación o no del presidente De la Madrid, metieron sus manos de lleno en el narcotráfico, prólogo pernicioso de la realidad actual.

sábado, mayo 19, 2007

Read My Mind

Lenguas Muertas

Estas son algunas de las lenguas que dejaron de existir para siempre, fuente wikipedia :
Mochica: ca. 1950s
Mohegan: Fidelia Fielding (1908)
Molala: Fred Yelkes (1958)
Munichi: Victoria Huancho Icahuate (late 1990s)
Natchez: Watt Sam & Nancy Raven (early 1930s)
Negerhollands: Alice Stevenson (1987)
Nooksack: Sindick Jimmy (1977)
Northern Pomo: (1994)
Nottoway (an Iroquoian language): last recorded before 1836
Pentlatch (a Salishan language): Joe Nimnim (1940)
Pánobo (a Pano-Tacanan language): 1991
Polabian (a Slavic language): (late 18th century)
Salinan: (ca. 1960)
entire Shastan family
Konomihu
New River Shasta
Okwanuchu
Shasta: 3 elderly speakers in 1980, extinct by 1990
Siuslaw: (ca. 1970s)
Slovincian (a Slavic language): (20th century)
Susquehannock: all last speakers murdered in 1763
Takelma: Molly Orton (or Molly Orcutt) & Willie Simmons (both not fully fluent) last recorded in 1934
Tasmanian: (late 19th century)
Tataviam (an Uto-Aztecan language): Juan José Fustero who remembered only a few words of his grandparents' language (recorded 1913)
Teteté (an Tucanoan language)
Tillamook (a Salishan language): (1970)
Tonkawa: 6 elderly people in 1931
Tsetsaut (an Athabaskan language): last fluent speaker was elderly man recorded in 1894
Tunica: Sesostrie Youchigant (ca. mid 20th century)
Ubykh: Tevfik Esenç (October 1992)
all dialects of Upper Chinook (a Chinookan language) are extinct, except for the Wasco-Wishram dialect. The Clackamas dialect began extinct in the 1930s, other dialects have little documentation. (The Wasco-Wishram dialect is still spoken by 6 elders.)
Upper Umpqua: Wolverton Orton, last recorded in 1942
Vegliot Dalmatian: Tuone Udaina (Italian: Antonio Udina) (10 June 1898)
Wappo
Wiyot: Della Prince (1962)
Yana: Ishi (1916)
Yola related to English (mid 19th c.)

GRRRRRRR!


♥ The Sweet Scape ♥

Detrás de la reforma

La reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, que se hizo en la pasada Legislatura, ha atraído a tal grado el interés de la opinión pública que, con la denominación de ley Televisa, está generando oposición y repudio que evidentemente no se ubican en las reformas, sino en los agravios y reclamos populares que van más allá de lo legislativo y que se explican en el uso que el poder en turno ha hecho de las concesiones televisivas y el inimaginable beneficio que sus concesionarios han recibido con ello.

Si se vieran objetivamente las reformas que se impugnaron ante la Suprema Corte, tendrían que valorarse como las modificaciones obligadas que se tenían que hacer porque la Cámara de Senadores llevaba cinco años intentándolas y no se lograba nada mientras las innovaciones tecnológicas hacían obsoleta la banda ancha y, en todo el mundo, se abría la convergencia con la adopción de las frecuencias analógicas y luego las digitales, que imponen la ampliación de voz y datos a imagen y a la inversa. Era inaceptable que México se quedara a la zaga mientras en el mundo se avanzaba a gran velocidad.

Nadie duda que cuando Fox supo de la inminencia de las reformas se adelantó a sabiendas de que la facultad omnímoda y unipersonal del presidente para otorgar concesiones radiofónicas, desde siempre cuestionada, se iba a acabar y por consiguiente las ofrecidas al Grupo Imagen le fueron entregadas sin regateos. Igual ocurrió con Televisa y Azteca cuando les redujo el impuesto en especie de 12.5% del tiempo aire para el gobierno a sólo 2.5%. Desde luego Bernardo Gómez, del canal de las estrellas, le compensó el favor a Marta Sahagún, con un agradecido beso en la mano.

Las reformas, vistas con objetividad, significaron un impresionante avance de la ley de la materia. Uno de los temas que han sido más polémicos es el de las licitaciones o concursos que se tendrán que hacer para los nuevos concesionarios. Es aquí obvio que si bien pueden concursar los actuales magnates de la televisión, también lo es que para impedir el crecimiento del oligopolio, está la Comisión Federal de Competencia que el pueblo paga para ese efecto y que no pocas veces ha actuado con acierto.

De igual manera se critica, a mi manera de ver sin fundamento, el que las frecuencias de banda ancha que queden libres cuando los concesionarios emigren a la tecnología digital seguirán en poder de los titulares actuales. Esta interpretación es absurda si se considera que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, el espectro radioeléctrico es de la nación y su restitución, mediante un nuevo convenio de concesión, donde se determinarán las prestaciones para su uso, será de las tareas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones en los próximos días. En otros países del mundo, estos avances tecnológicos le han generado a los gobiernos ingresos de significativa importancia.

Hay que considerar que todavía no se emite el reglamento de la ley con estas reformas, por lo que ese será un espacio adecuado para precisar lo relativo a las licitaciones, permisionarios para servicio social y, desde luego, las modificaciones de las concesiones con la nueva tecnología y las frecuencias disponibles que se liberen a favor del Estado. Incluso, en las actuales reformas logramos insertar las obligaciones sociales de los concesionarios, tanto en cobertura, como en el precio para la prestación del servicio en áreas rurales y lejanas.

Detrás de las reformas está el uso político de la televisión y la radio que han viciado el avance democrático cuando apenas se iniciaba. Aquí en realidad está la factura que el pueblo le cobra a los concesionarios que anteponen sus intereses personales a los de la nación. La Suprema Corte deberá explicitar en algunas partes de la reforma lo que en términos constitucionales sea más claro, pero lo inaplazable es que los partidos políticos aprueben reformas en la materia electoral para evitar dispendio de recursos públicos en la televisión y en la radio, para el pago de este servicio público, que en la práctica opera en contra de la democracia y el derecho a la información del pueblo.

Los poderes de facto que trastocan la política y sus resultados en una imposición presidencial. Son saldos antidemocráticos que la radio y televisión mexicana deben a la nación.

miércoles, mayo 16, 2007

Los Alegres de La Sierra - Y Si Volviera A Nacer (bella letra)

Corte de los Leones - Alhambra, Granada, España


´Top ten´ de la muerte

tiene dolores de cabeza y tensiones por tantas ejecuciones, preocúpese porque la situación nacional se va a poner peor

El pintoresco gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, no oculta su desconcierto. En menos de cuatro meses, lo que él consideraba controlado se le desbocó y su estado pasó a convertirse en el nuevo foco de atención nacional por las recientes ejecuciones contra policías y entre los cárteles de la droga que combaten en las calles del puerto y del municipio connurbado de Boca del Río. Ya pidió la intervención federal para que metan orden en una entidad donde, por la manera como se han realizado las ejecuciones más recientes, los únicos que parecen tener control en las calles son los sicarios. Veracruz tiene los focos rojos prendidos: el total de ejecuciones ha crecido 12 veces en lo que va del año, que es el incremento porcentual más severo de todo el país.

Sin embargo, lejos de ser la peor entidad en términos de violencia, ni siquiera aparece ninguna de sus ciudades dentro del top ten de los municipios más afectados por el narco, ni donde se están dando las batallas urbanas más salvajes. El cuestionable honor se lo llevan Culiacán, Tijuana y Ciudad Juárez, donde de enero a abril de este año el total de las ejecuciones fue, respectivamente, de 54, 49 y 37, que corresponden, dentro del porcentaje total nacional, a 6.11%, 5.54% y 4.19%. Herrera podrá sentirse tranquilo; no está en el peor de los mundos.

En cambio, aunque no incluye el listado el Distrito Federal, el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard tendría que estar preocupado y alarmado. El top ten de las ejecuciones del crimen organizado elaborado por el gobierno federal ubica municipios, pero si la capital se ve como una unidad, tiene 5.7% del total de las ejecuciones nacionales en el mismo periodo, lo que la convierte en la segunda demarcación más violenta del país.

La reconstrucción del ranking de ejecuciones arroja numerosas pistas. De acuerdo con el análisis del gobierno federal, de enero a abril de este año se dieron 944 ejecuciones, de las cuales 644 ocurrieron en los ocho estados donde se realizan los operativos federales contra el narcotráfico, lo que significa que 68.2% de las ejecuciones se dieron en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas, entidades bajo el control de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Juárez y de los Arellano Félix, o están en disputa entre los dos primeros, como el caso de Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Este patrón es consecuente con las ejecuciones de policías, que corresponden a 7.6% de las ejecuciones en el país. Del total de 89 policías ejecutados entre diciembre de 2006 y abril pasado, 63 fueron asesinados en los estados donde se realizan los operativos conjuntos, lo que significa que siete de cada 10 perecieron en las ocho entidades.

Después de las tres ciudades que son la joya de la corona en ejecuciones, siguen Monterrey, con 26 ejecutados entre enero y abril (2.94% del total nacional); Morelia con 20 (2.26%); Acapulco con 19 (2.15%); Mexicali con 14 (1.58%); Nogales con 11 (1.24%); y empatados en el décimo lugar del top ten, Mazatlán y Reynosa con 10 (1.13%). Las autoridades no tienen explicación de por qué, fuera de Monterrey y Acapulco, ninguna de las demás ciudades o municipios tiene la exposición pública que, por su cuota de ejecutados, podría tener.

Esto se vuelve aún más inexplicable si se revisan las 16 ciudades que ocupan los siguientes lugares de este ominoso ranking: Durango está en el décimo primero; Chilpancingo, Tecpan de Galeana y Chihuahua en el décimo segundo; Lázaro Cárdenas, Badiraguato (el pesebre de los más célebres narcotraficantes), Guasave y Navolato, también en Sinaloa, Coyuca de Catalán, Gómez Palacio y Nuevo Laredo, en el décimo tercero; Apatzingán y Turicato en Michoacán, Elota en Sinaloa, y Hermosillo, en el décimo cuarto. El principal volumen de ejecuciones se concentra en seis municipios de Sinaloa, cinco de Michoacán, cuatro de Guerrero, tres de Chihuahua, dos de Baja California, Durango, Sonora y Tamaulipas, y uno de Nuevo León.

A nivel de estados, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nuevo León sumaron de enero a abril 565 ejecuciones, que es más de la mitad de las registradas en todo el país. Si se le añaden a esta relación Durango, Sonora y Tamaulipas, que tienen los municipios más golpeados por la violencia del narcotráfico, y el Distrito Federal, que no se encuentra considerado en el ranking, el total de ejecuciones es de 746, dejando que 198 asesinatos relacionados con el crimen organizado se repartan entre las 18 entidades restantes, donde destacan Zacatecas, que no tiene registrada ninguna ejecución en lo que va del año, Nayarit con una y Coahuila con dos.

El mapa de ejecuciones elaborado por el gobierno federal muestra comportamientos heterogéneos por entidad. Por ejemplo, mientras en Guerrero y Baja California no hubo un incremento de las ejecuciones entre diciembre de 2006 y su peor mes de los primeros cuatro de este año, o en Sinaloa, que pese a ser el segundo más violento vio una reducción de 17 ejecuciones entre diciembre y su mes más violento (abril), en otras entidades se dispararon las ejecuciones, como en Sonora, donde se fueron de tres en diciembre a 22 en marzo, o el Distrito Federal, que de tres en diciembre se registraron 16 en enero, 12 en febrero, 14 en marzo y 12 en abril. Poco se habla de la guerra por la plaza de la capital federal entre los cárteles, pero la evidencia circunstancial muestra que se están realizando ajustes de cuentas contra autoridades que presuntamente estaban brindando protección a una de las organizaciones de narcotraficantes.

De igual forma, el comparativo entre el semestre previo del gobierno de Calderón, con sus primeros cuatro meses de administración, refleja un comportamiento irregular. En este sentido, el volumen de ejecuciones en el principal estado afectado, Michoacán, disminuyó en 100 asesinatos, al igual que en Guerrero, donde se redujeron en 13. En Sinaloa se elevaron en 73 ejecuciones, pero en Tamaulipas se mantuvo prácticamente igual (35 contra 36). En Nuevo León se disparó de 41 a 75 ejecutados, mientras que en el Distrito Federal, cuya administración también cambió, el gobierno de Alejandro Encinas dejó un total de 119 ejecutados en el periodo contra 57 en el de Ebrard. En total, durante los últimos cuatro meses y medio del gobierno de Vicente Fox, se dieron mil 172 ejecuciones, mientras que en los primeros cuatro y medio meses de Calderón suman mil 176.

El fenómeno es cíclico, según el informe federal, y en el mapa nacional destacan las ejecuciones en las zonas costeras, particularmente del Pacífico, y la frontera con Estados Unidos. También se puede apreciar que las ejecuciones tienen una dinámica de acción-reacción entre los cárteles, y que aunque en las entidades más calientes por el narcotráfico la actividad se mantiene dentro de márgenes similares -con sus excepciones-, el fenómeno de la violencia se está esparciendo por el resto del país, lenta y gradual, pero sostenidamente. Nada para estar optimista. Las cosas se pondrán peor.