´Top ten´ de la muerte

tiene dolores de cabeza y tensiones por tantas ejecuciones, preocúpese porque la situación nacional se va a poner peor

El pintoresco gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, no oculta su desconcierto. En menos de cuatro meses, lo que él consideraba controlado se le desbocó y su estado pasó a convertirse en el nuevo foco de atención nacional por las recientes ejecuciones contra policías y entre los cárteles de la droga que combaten en las calles del puerto y del municipio connurbado de Boca del Río. Ya pidió la intervención federal para que metan orden en una entidad donde, por la manera como se han realizado las ejecuciones más recientes, los únicos que parecen tener control en las calles son los sicarios. Veracruz tiene los focos rojos prendidos: el total de ejecuciones ha crecido 12 veces en lo que va del año, que es el incremento porcentual más severo de todo el país.

Sin embargo, lejos de ser la peor entidad en términos de violencia, ni siquiera aparece ninguna de sus ciudades dentro del top ten de los municipios más afectados por el narco, ni donde se están dando las batallas urbanas más salvajes. El cuestionable honor se lo llevan Culiacán, Tijuana y Ciudad Juárez, donde de enero a abril de este año el total de las ejecuciones fue, respectivamente, de 54, 49 y 37, que corresponden, dentro del porcentaje total nacional, a 6.11%, 5.54% y 4.19%. Herrera podrá sentirse tranquilo; no está en el peor de los mundos.

En cambio, aunque no incluye el listado el Distrito Federal, el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard tendría que estar preocupado y alarmado. El top ten de las ejecuciones del crimen organizado elaborado por el gobierno federal ubica municipios, pero si la capital se ve como una unidad, tiene 5.7% del total de las ejecuciones nacionales en el mismo periodo, lo que la convierte en la segunda demarcación más violenta del país.

La reconstrucción del ranking de ejecuciones arroja numerosas pistas. De acuerdo con el análisis del gobierno federal, de enero a abril de este año se dieron 944 ejecuciones, de las cuales 644 ocurrieron en los ocho estados donde se realizan los operativos federales contra el narcotráfico, lo que significa que 68.2% de las ejecuciones se dieron en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas, entidades bajo el control de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Juárez y de los Arellano Félix, o están en disputa entre los dos primeros, como el caso de Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Este patrón es consecuente con las ejecuciones de policías, que corresponden a 7.6% de las ejecuciones en el país. Del total de 89 policías ejecutados entre diciembre de 2006 y abril pasado, 63 fueron asesinados en los estados donde se realizan los operativos conjuntos, lo que significa que siete de cada 10 perecieron en las ocho entidades.

Después de las tres ciudades que son la joya de la corona en ejecuciones, siguen Monterrey, con 26 ejecutados entre enero y abril (2.94% del total nacional); Morelia con 20 (2.26%); Acapulco con 19 (2.15%); Mexicali con 14 (1.58%); Nogales con 11 (1.24%); y empatados en el décimo lugar del top ten, Mazatlán y Reynosa con 10 (1.13%). Las autoridades no tienen explicación de por qué, fuera de Monterrey y Acapulco, ninguna de las demás ciudades o municipios tiene la exposición pública que, por su cuota de ejecutados, podría tener.

Esto se vuelve aún más inexplicable si se revisan las 16 ciudades que ocupan los siguientes lugares de este ominoso ranking: Durango está en el décimo primero; Chilpancingo, Tecpan de Galeana y Chihuahua en el décimo segundo; Lázaro Cárdenas, Badiraguato (el pesebre de los más célebres narcotraficantes), Guasave y Navolato, también en Sinaloa, Coyuca de Catalán, Gómez Palacio y Nuevo Laredo, en el décimo tercero; Apatzingán y Turicato en Michoacán, Elota en Sinaloa, y Hermosillo, en el décimo cuarto. El principal volumen de ejecuciones se concentra en seis municipios de Sinaloa, cinco de Michoacán, cuatro de Guerrero, tres de Chihuahua, dos de Baja California, Durango, Sonora y Tamaulipas, y uno de Nuevo León.

A nivel de estados, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nuevo León sumaron de enero a abril 565 ejecuciones, que es más de la mitad de las registradas en todo el país. Si se le añaden a esta relación Durango, Sonora y Tamaulipas, que tienen los municipios más golpeados por la violencia del narcotráfico, y el Distrito Federal, que no se encuentra considerado en el ranking, el total de ejecuciones es de 746, dejando que 198 asesinatos relacionados con el crimen organizado se repartan entre las 18 entidades restantes, donde destacan Zacatecas, que no tiene registrada ninguna ejecución en lo que va del año, Nayarit con una y Coahuila con dos.

El mapa de ejecuciones elaborado por el gobierno federal muestra comportamientos heterogéneos por entidad. Por ejemplo, mientras en Guerrero y Baja California no hubo un incremento de las ejecuciones entre diciembre de 2006 y su peor mes de los primeros cuatro de este año, o en Sinaloa, que pese a ser el segundo más violento vio una reducción de 17 ejecuciones entre diciembre y su mes más violento (abril), en otras entidades se dispararon las ejecuciones, como en Sonora, donde se fueron de tres en diciembre a 22 en marzo, o el Distrito Federal, que de tres en diciembre se registraron 16 en enero, 12 en febrero, 14 en marzo y 12 en abril. Poco se habla de la guerra por la plaza de la capital federal entre los cárteles, pero la evidencia circunstancial muestra que se están realizando ajustes de cuentas contra autoridades que presuntamente estaban brindando protección a una de las organizaciones de narcotraficantes.

De igual forma, el comparativo entre el semestre previo del gobierno de Calderón, con sus primeros cuatro meses de administración, refleja un comportamiento irregular. En este sentido, el volumen de ejecuciones en el principal estado afectado, Michoacán, disminuyó en 100 asesinatos, al igual que en Guerrero, donde se redujeron en 13. En Sinaloa se elevaron en 73 ejecuciones, pero en Tamaulipas se mantuvo prácticamente igual (35 contra 36). En Nuevo León se disparó de 41 a 75 ejecutados, mientras que en el Distrito Federal, cuya administración también cambió, el gobierno de Alejandro Encinas dejó un total de 119 ejecutados en el periodo contra 57 en el de Ebrard. En total, durante los últimos cuatro meses y medio del gobierno de Vicente Fox, se dieron mil 172 ejecuciones, mientras que en los primeros cuatro y medio meses de Calderón suman mil 176.

El fenómeno es cíclico, según el informe federal, y en el mapa nacional destacan las ejecuciones en las zonas costeras, particularmente del Pacífico, y la frontera con Estados Unidos. También se puede apreciar que las ejecuciones tienen una dinámica de acción-reacción entre los cárteles, y que aunque en las entidades más calientes por el narcotráfico la actividad se mantiene dentro de márgenes similares -con sus excepciones-, el fenómeno de la violencia se está esparciendo por el resto del país, lenta y gradual, pero sostenidamente. Nada para estar optimista. Las cosas se pondrán peor.