martes, enero 30, 2007
domingo, enero 28, 2007
viernes, enero 19, 2007
La pesadilla de Gil
El temido Francisco Gil Díaz, reputado como hombre de acero inoxidable, está mostrando cómo se puede abollar su casco
E l 2 de enero de este año, Francisco Gil Díaz se metió en un embrollo que quizás sólo se puede explicar en la personalidad del ex funcionario. Un comunicado de HSBC, el banco global de Hong Kong, informó que a partir de ese día Gil Díaz fungiría como consejero independiente del Consejo de Administración de la institución. A 32 días de haber dejado de ser secretario de Hacienda, quien vigilaba a los bancos se convirtió en empleado de uno de ellos. Como todo el mundo, menos él y HSBC, se lo hubiera imaginado, estalló un escándalo por presunto conflicto de interés.
Tantas lagunas legales existentes le podrían permitir salir a flote de ese lío, aun pese a su laxitud ética, pero no ha sido así. Su sensibilidad paquidérmica provocó que una cadena de acusaciones, algunas públicas, muchas privadas, comenzaran a caer contra quien se desempeñó de una forma tácita como presidente adjunto para asuntos económicos en el gobierno de Vicente Fox.
El comunicado de HSBC volvió a abrir una profunda herida. Este banco multinacional adquirió en 2002 al Grupo Bital, que dirigían Antonio del Valle y Jaime Ruiz Sacristán, hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración zedillista, mediante una operación excepcional: la bursatilización de sus acciones. Es decir, para evitar pagar impuestos, la Secretaría de Hacienda, que encabezaba Gil Díaz, autorizó que la venta de Bital se concretara antes de que abriera la Bolsa Mexicana de Valores.
O sea, si teóricamente era posible que cualquier persona, al momento de iniciar las operaciones en el mercado de valores, pudiera comprar acciones del banco en venta, en realidad era imposible: al abrirse la jornada bursátil, el banco ya era propiedad de HSBC y sus anteriores propietarios ahorraron mil 500 millones de dólares que debían de haber sido pagados al fisco. Un año antes, Gil Díaz autorizó lo mismo a Citibank, con lo cual los dueños de Banamex, que fue puesto en venta bajo el mismo método, dejaron de pagar 4 mil millones de dólares al fisco.
Siempre se ha argumentado que no hubo nada ilegal en esas operaciones, lo cual no ha impedido señalar a las autoridades financieras, particularmente a Gil Díaz, de haber encabezado un proceso ilegítimo. Aún más cuando los dueños de Banamex, en particular su principal accionista Roberto Hernández, lo tenían como empleado en Avantel, empresa telefónica propiedad del banco, de donde saltó a la cartera de Hacienda, designado por el presidente Fox, quien había recibido fondos de Hernández para su campaña electoral.
Pero sí hay razones para presumir un fraude a la ley por parte de Gil Díaz, de acuerdo con ex funcionarios en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. La clave se encuentra en una operación financiera que le fue planteada años atrás a Zedillo, que tomando como referencia la venta de Gamesa a Pepsico, idéntica a la de Banamex y Bital, ordenó una reunión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que establecieran un criterio que impidiera evasión disfrazada de impuestos.
La lógica de Zedillo era, según un ex funcionario de su gobierno, que no se podía permitir un intercambio en la bolsa con el único objetivo de evitar impacto fiscal. De esa manera, subsiguientes operaciones similares a la de Gamesa -pues el criterio era general y no dirigido en específico a ningún sector- no consiguieron beneficios fiscales. A la llegada del gobierno de Fox las cosas cambiaron, discreta pero radicalmente. De nuevo se convocó a una reunión de la CNBV, en la que no estuvo Guillermo Ortiz -que había participado en la anterior como secretario de Hacienda- en su calidad de gobernador del Banco de México, donde se revirtió en 180 grados el criterio.
El financiero de Fox y los patrones de Gil Díaz resultaron enormemente beneficiados por la nueva disposición, de la cual también lucraron los dueños de Bital en su momento. Citibank -la operación financiera la hizo otro ex subsecretario de Hacienda zedillista, Martín Werner, especialista de Goldman Sachs- se quedó con Banamex y HSBC, el nuevo patrón de Gil Díaz, con Bital.
Como hipótesis de trabajo, se puede presumir que lo que hizo el ex secretario de Hacienda, con la responsabilidad compartida del ex presidente Fox, es un fraude a la ley. El nuevo criterio de la CNBV fue como un traje a la medida para los bancos extranjeros. Para comprar las acciones se necesitaba la autorización de la Secretaría de Hacienda, lo que se realizó por instrucciones -no se necesita una circular, sino se encuentra entre sus funciones irrevocables- del titular.
Podrá alegar que se mantuvieron dentro de los márgenes de la ley, pero tendrá que explicar por qué se fueron cambiando los procedimientos legales. Este campo parece un área de especialización a lo largo de la carrera de Gil Díaz. Como lo mostró una serie de reportajes de la periodista Carolina Rocha publicados esta semana en EL UNIVERSAL, regulaciones a la medida y conflictos de interés han marcado su paso por la administración pública.
Rocha detalló la opacidad en las aduanas, desmenuzando el Sistema Automatizado Aduanero Integral, operado por la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), de la cual es presuntamente socio el propio ex secretario, y la forma como fue beneficiando a lo largo de los años a sus familiares con agencias aduanales, colocándolo en el umbral de una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
ISOSA y la corrupción en las aduanas persiguieron inútilmente a Gil Díaz a lo largo del sexenio pasado. Sin embargo, la torpeza política de Gil Díaz no sólo lo metió inesperadamente en la construcción del proceso de legitimidad del nuevo gobierno de Felipe Calderón, sino que le introdujo presiones para que se atienda el caso.
El Congreso reaccionó al nombramiento en HSBC y a los reportajes en diversos diarios con peticiones de investigación. En paralelo, la Secretaría de la Función Pública ya inició una investigación sobre Gil Díaz y realizará auditorías preliminares sobre aspectos específicos de su gestión. De acuerdo con funcionarios federales, lo que se ha hecho público es apenas una fracción de las denuncias que se han recibido en contra de Gil Díaz durante las últimas semanas, particularmente en el área de aduanas en el aeropuerto internacional de la ciudad de México.
Gil Díaz ya puso a sus abogados a trabajar y comenzará en breve una batalla en el campo legal. Increíble. Al afamado fiscal hacendario con mano de hierro se le encontró el talón de Aquiles. Por atrás, por descuidado, por arrogante. Si incurrió en una ilegalidad, la autoridad tendrá que determinarlo. Lo que sí está claro es que su sabático post sexenal se convertirá en pesadilla.
E l 2 de enero de este año, Francisco Gil Díaz se metió en un embrollo que quizás sólo se puede explicar en la personalidad del ex funcionario. Un comunicado de HSBC, el banco global de Hong Kong, informó que a partir de ese día Gil Díaz fungiría como consejero independiente del Consejo de Administración de la institución. A 32 días de haber dejado de ser secretario de Hacienda, quien vigilaba a los bancos se convirtió en empleado de uno de ellos. Como todo el mundo, menos él y HSBC, se lo hubiera imaginado, estalló un escándalo por presunto conflicto de interés.
Tantas lagunas legales existentes le podrían permitir salir a flote de ese lío, aun pese a su laxitud ética, pero no ha sido así. Su sensibilidad paquidérmica provocó que una cadena de acusaciones, algunas públicas, muchas privadas, comenzaran a caer contra quien se desempeñó de una forma tácita como presidente adjunto para asuntos económicos en el gobierno de Vicente Fox.
El comunicado de HSBC volvió a abrir una profunda herida. Este banco multinacional adquirió en 2002 al Grupo Bital, que dirigían Antonio del Valle y Jaime Ruiz Sacristán, hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración zedillista, mediante una operación excepcional: la bursatilización de sus acciones. Es decir, para evitar pagar impuestos, la Secretaría de Hacienda, que encabezaba Gil Díaz, autorizó que la venta de Bital se concretara antes de que abriera la Bolsa Mexicana de Valores.
O sea, si teóricamente era posible que cualquier persona, al momento de iniciar las operaciones en el mercado de valores, pudiera comprar acciones del banco en venta, en realidad era imposible: al abrirse la jornada bursátil, el banco ya era propiedad de HSBC y sus anteriores propietarios ahorraron mil 500 millones de dólares que debían de haber sido pagados al fisco. Un año antes, Gil Díaz autorizó lo mismo a Citibank, con lo cual los dueños de Banamex, que fue puesto en venta bajo el mismo método, dejaron de pagar 4 mil millones de dólares al fisco.
Siempre se ha argumentado que no hubo nada ilegal en esas operaciones, lo cual no ha impedido señalar a las autoridades financieras, particularmente a Gil Díaz, de haber encabezado un proceso ilegítimo. Aún más cuando los dueños de Banamex, en particular su principal accionista Roberto Hernández, lo tenían como empleado en Avantel, empresa telefónica propiedad del banco, de donde saltó a la cartera de Hacienda, designado por el presidente Fox, quien había recibido fondos de Hernández para su campaña electoral.
Pero sí hay razones para presumir un fraude a la ley por parte de Gil Díaz, de acuerdo con ex funcionarios en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. La clave se encuentra en una operación financiera que le fue planteada años atrás a Zedillo, que tomando como referencia la venta de Gamesa a Pepsico, idéntica a la de Banamex y Bital, ordenó una reunión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que establecieran un criterio que impidiera evasión disfrazada de impuestos.
La lógica de Zedillo era, según un ex funcionario de su gobierno, que no se podía permitir un intercambio en la bolsa con el único objetivo de evitar impacto fiscal. De esa manera, subsiguientes operaciones similares a la de Gamesa -pues el criterio era general y no dirigido en específico a ningún sector- no consiguieron beneficios fiscales. A la llegada del gobierno de Fox las cosas cambiaron, discreta pero radicalmente. De nuevo se convocó a una reunión de la CNBV, en la que no estuvo Guillermo Ortiz -que había participado en la anterior como secretario de Hacienda- en su calidad de gobernador del Banco de México, donde se revirtió en 180 grados el criterio.
El financiero de Fox y los patrones de Gil Díaz resultaron enormemente beneficiados por la nueva disposición, de la cual también lucraron los dueños de Bital en su momento. Citibank -la operación financiera la hizo otro ex subsecretario de Hacienda zedillista, Martín Werner, especialista de Goldman Sachs- se quedó con Banamex y HSBC, el nuevo patrón de Gil Díaz, con Bital.
Como hipótesis de trabajo, se puede presumir que lo que hizo el ex secretario de Hacienda, con la responsabilidad compartida del ex presidente Fox, es un fraude a la ley. El nuevo criterio de la CNBV fue como un traje a la medida para los bancos extranjeros. Para comprar las acciones se necesitaba la autorización de la Secretaría de Hacienda, lo que se realizó por instrucciones -no se necesita una circular, sino se encuentra entre sus funciones irrevocables- del titular.
Podrá alegar que se mantuvieron dentro de los márgenes de la ley, pero tendrá que explicar por qué se fueron cambiando los procedimientos legales. Este campo parece un área de especialización a lo largo de la carrera de Gil Díaz. Como lo mostró una serie de reportajes de la periodista Carolina Rocha publicados esta semana en EL UNIVERSAL, regulaciones a la medida y conflictos de interés han marcado su paso por la administración pública.
Rocha detalló la opacidad en las aduanas, desmenuzando el Sistema Automatizado Aduanero Integral, operado por la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), de la cual es presuntamente socio el propio ex secretario, y la forma como fue beneficiando a lo largo de los años a sus familiares con agencias aduanales, colocándolo en el umbral de una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
ISOSA y la corrupción en las aduanas persiguieron inútilmente a Gil Díaz a lo largo del sexenio pasado. Sin embargo, la torpeza política de Gil Díaz no sólo lo metió inesperadamente en la construcción del proceso de legitimidad del nuevo gobierno de Felipe Calderón, sino que le introdujo presiones para que se atienda el caso.
El Congreso reaccionó al nombramiento en HSBC y a los reportajes en diversos diarios con peticiones de investigación. En paralelo, la Secretaría de la Función Pública ya inició una investigación sobre Gil Díaz y realizará auditorías preliminares sobre aspectos específicos de su gestión. De acuerdo con funcionarios federales, lo que se ha hecho público es apenas una fracción de las denuncias que se han recibido en contra de Gil Díaz durante las últimas semanas, particularmente en el área de aduanas en el aeropuerto internacional de la ciudad de México.
Gil Díaz ya puso a sus abogados a trabajar y comenzará en breve una batalla en el campo legal. Increíble. Al afamado fiscal hacendario con mano de hierro se le encontró el talón de Aquiles. Por atrás, por descuidado, por arrogante. Si incurrió en una ilegalidad, la autoridad tendrá que determinarlo. Lo que sí está claro es que su sabático post sexenal se convertirá en pesadilla.
jueves, enero 04, 2007
EU va por su legión extranjera
El Departamento de Defensa de Estados Unidos inició estudios sobre la posibilidad de reclutar extranjeros para incrementar los activos de las Fuerzas Armadas y, aunque apenas comienza, desató ya un debate sobre lo que algunos comparan aquí con la contratación de mercenarios o la creación de una "legión extranjera".
La idea que analiza el Pentágono, que abriría lo que se definió como "una ruta militar hacia la ciudadanía", está apenas en sus inicios y muchos de los detalles son desconocidos, pero parece un eco de propuestas lanzadas durante la última década, ante los crecientes problemas para llenar vacantes en los servicios armados.
De acuerdo con lo que se sabe ahora, la proposición incluiría la posibilidad de aceptar residentes indocumentados que ya están en EU.
La existencia del estudio fue aceptada por el Pentágono, pero el reporte como tal es desconocido aún, si bien se sabe que la idea es similar a la que se ha debatido aquí en voz baja por una docena de años: abrir oficinas de reclutamiento en el mundo y seleccionar a posibles candidatos.
De hecho, en los últimos meses el Congreso escuchó advertencias de que las Fuerzas Armadas estadounidenses están "sobreextendidas" y que tienen problemas para reclutar suficiente personal para lo que es hoy un aparato militar compuesto por "voluntarios".
Entre 1990 y 1994 el Ejército estadounidense de tierra tenía 700 mil hombres. Hoy se estima en 500 mil y, de acuerdo con el general Peter Schoomaker, jefe del Estado Mayor de esa rama, no podrá mantener su actual despliegue. Algunas de las unidades en existencia han ido ya tres veces a Irak o Afganistán y por primera vez en mucho tiempo se recurrió a la reserva constituida por la Guardia Nacional.
De hecho, los cálculos actuales consignan que se necesitan al menos 30 mil hombres para el Ejército y 5 mil más para la Infantería de Marina, pero, de acuerdo con reportes de prensa, esas cifras parecen difíciles de alcanzar ante la impresión de que el enlistamiento significa lo que el diario Boston Globe calificó como "un boleto a Bagdad".
Al mismo tiempo, en los últimos años los reclutadores han recurrido a incentivos económicos y a reducir requerimientos de ingreso a una fuerza que exige niveles educativos de, por lo menos, escuela secundaria, y que ha enfrentado algunos escándalos por presionar a jóvenes para enlistarse o reclutar a inmigrantes indocumentados a pesar de que es ilegal. "Al invitar a extranjeros a unirse a las Fuerzas Armadas a cambio de una promesa de ciudadanía después de un servicio de cuatro años, podríamos mantener la atracción para algunos de los individuos más emprendedores, talentosos y desinteresados. Abriríamos un nuevo camino para la asimilación de inmigrantes indocumentados que ya están aquí, pero carecen de un requisito para alistarse (la residencia legal)", escribió recientemente Max Boot, un analista que promueve la idea desde hace dos años.
Boot propuso la creación de una "Legión de la Libertad", modelada sobre la Legión Extranjera francesa y que tendría como misión "defender y adelantar libertad alrededor del mundo... sería, en efecto, una fuerza multinacional bajo mando estadounidense y una que no necesitaría del permiso de Francia, Alemania o Naciones Unidas para ser desplegada.
Hace una década, Robert Brown, dueño de la revista Soldier of Fortune (Mercenario), hizo una propuesta similar. Pero otros consideran que la idea presenta una imagen imperial de Estados Unidos y una pobre impresión de los habitantes de un país poco dispuestos a servir en sus ejércitos.
Contratistas de Latinoamérica
Geoff Thale, un activista de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló recientemente que las empresas de seguridad privadas contratadas por el gobierno estadounidense para una serie de servicios en Irak ya contratan latinoamericanos con la meta de evitar "pagar el costo político" de la guerra.
"En una democracia como Estados Unidos es importante que los ciudadanos compartan la carga relacionada con la acción militar, sientan el impacto y decidan si vale la pena", escribió.
De hecho, las autoridades estadounidenses han facilitado el camino a la ciudadanía para residentes legales ya incorporados a los servicios militares estadounidenses.
Según el Pentágono, actualmente hay unos 30 mil no-ciudadanos en la milicia estadounidense y un centenar de ellos han muerto en misiones en Irak -incluso el primero, un soldado de origen guatemalteco.
En 2005, la ciudadanía estadounidense fue otorgada a 4 mil 600 extranjeros enlistados. Boot recordó que en otros momentos los extranjeros fueron una parte muy grande del Ejército estadounidense, al grado de que más de 20% del ejército del norte durante la Guerra Civil (1860-1864) estaba compuesto por extranjeros y hubo al menos la llamada "división alemana", en la que apenas se hablaba inglés.
La idea que analiza el Pentágono, que abriría lo que se definió como "una ruta militar hacia la ciudadanía", está apenas en sus inicios y muchos de los detalles son desconocidos, pero parece un eco de propuestas lanzadas durante la última década, ante los crecientes problemas para llenar vacantes en los servicios armados.
De acuerdo con lo que se sabe ahora, la proposición incluiría la posibilidad de aceptar residentes indocumentados que ya están en EU.
La existencia del estudio fue aceptada por el Pentágono, pero el reporte como tal es desconocido aún, si bien se sabe que la idea es similar a la que se ha debatido aquí en voz baja por una docena de años: abrir oficinas de reclutamiento en el mundo y seleccionar a posibles candidatos.
De hecho, en los últimos meses el Congreso escuchó advertencias de que las Fuerzas Armadas estadounidenses están "sobreextendidas" y que tienen problemas para reclutar suficiente personal para lo que es hoy un aparato militar compuesto por "voluntarios".
Entre 1990 y 1994 el Ejército estadounidense de tierra tenía 700 mil hombres. Hoy se estima en 500 mil y, de acuerdo con el general Peter Schoomaker, jefe del Estado Mayor de esa rama, no podrá mantener su actual despliegue. Algunas de las unidades en existencia han ido ya tres veces a Irak o Afganistán y por primera vez en mucho tiempo se recurrió a la reserva constituida por la Guardia Nacional.
De hecho, los cálculos actuales consignan que se necesitan al menos 30 mil hombres para el Ejército y 5 mil más para la Infantería de Marina, pero, de acuerdo con reportes de prensa, esas cifras parecen difíciles de alcanzar ante la impresión de que el enlistamiento significa lo que el diario Boston Globe calificó como "un boleto a Bagdad".
Al mismo tiempo, en los últimos años los reclutadores han recurrido a incentivos económicos y a reducir requerimientos de ingreso a una fuerza que exige niveles educativos de, por lo menos, escuela secundaria, y que ha enfrentado algunos escándalos por presionar a jóvenes para enlistarse o reclutar a inmigrantes indocumentados a pesar de que es ilegal. "Al invitar a extranjeros a unirse a las Fuerzas Armadas a cambio de una promesa de ciudadanía después de un servicio de cuatro años, podríamos mantener la atracción para algunos de los individuos más emprendedores, talentosos y desinteresados. Abriríamos un nuevo camino para la asimilación de inmigrantes indocumentados que ya están aquí, pero carecen de un requisito para alistarse (la residencia legal)", escribió recientemente Max Boot, un analista que promueve la idea desde hace dos años.
Boot propuso la creación de una "Legión de la Libertad", modelada sobre la Legión Extranjera francesa y que tendría como misión "defender y adelantar libertad alrededor del mundo... sería, en efecto, una fuerza multinacional bajo mando estadounidense y una que no necesitaría del permiso de Francia, Alemania o Naciones Unidas para ser desplegada.
Hace una década, Robert Brown, dueño de la revista Soldier of Fortune (Mercenario), hizo una propuesta similar. Pero otros consideran que la idea presenta una imagen imperial de Estados Unidos y una pobre impresión de los habitantes de un país poco dispuestos a servir en sus ejércitos.
Contratistas de Latinoamérica
Geoff Thale, un activista de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló recientemente que las empresas de seguridad privadas contratadas por el gobierno estadounidense para una serie de servicios en Irak ya contratan latinoamericanos con la meta de evitar "pagar el costo político" de la guerra.
"En una democracia como Estados Unidos es importante que los ciudadanos compartan la carga relacionada con la acción militar, sientan el impacto y decidan si vale la pena", escribió.
De hecho, las autoridades estadounidenses han facilitado el camino a la ciudadanía para residentes legales ya incorporados a los servicios militares estadounidenses.
Según el Pentágono, actualmente hay unos 30 mil no-ciudadanos en la milicia estadounidense y un centenar de ellos han muerto en misiones en Irak -incluso el primero, un soldado de origen guatemalteco.
En 2005, la ciudadanía estadounidense fue otorgada a 4 mil 600 extranjeros enlistados. Boot recordó que en otros momentos los extranjeros fueron una parte muy grande del Ejército estadounidense, al grado de que más de 20% del ejército del norte durante la Guerra Civil (1860-1864) estaba compuesto por extranjeros y hubo al menos la llamada "división alemana", en la que apenas se hablaba inglés.
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