Los líderes republicanos en la Casa de Representantes esta semana propinaron una sonora cachetada al presidente Bush. Dennis Hastert, presidente de esa Cámara, anunció la realización de cinco audiencias en relación con la reforma migratoria. La medida fue calificada de inmediato como "irresponsable" y "obstruccionista". Resulta lógico: el Congreso de Estados Unidos tenía como paso inmediato nombrar a los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes para realizar una conferencia bicameral y así elaborar un proyecto único de ley, el cual se enviaría para su firma y promulgación al presidente. A cambio, cuando ya existen dos proyectos ciertamente enfrentados en puntos clave como la criminalización de los inmigrantes sin papeles (representantes) y la creación de puertas para la regularización de los trabajadores y hasta la "ciudadanía ganada" (Senado), se abre una nueva temporada de audiencias. Hastert niega la burda maniobra y afirma "se podrá enviar una ley de inmigración al presidente antes del curso de 2007".
Sí, ¡cómo no!: hay elecciones en el mes de noviembre para renovar toda la Casa de Representantes y la mitad del Senado. ¿Cuál es el objetivo político-electoral de los republicanos? Enfrentar a los promotores en el Capitolio de la "amnistía disfrazada" con el electorado. En medio queda la figura de Bush y la capacidad real de los republicanos para generar reformas profundas en los terrenos legislativo y social. Pues resulta imposible olvidar que ese partido domina el Capitolio y uno de los suyos ocupa la Casa Blanca. Pero esto no les ha importado a los "duros" en el Capitolio. Para ellos resulta un excelente tema electoral el "detener la amnistía".
La jugada podría resultar contraproducente: la debilidad de la apuesta de los "duros" en el Senado y la Casa de Representantes, sean republicanos o demócratas -pues las líneas de los partidos se han cruzado en este tema- es evidente. Ya lo muestra la encuesta del centrista Manhattan Institute, mencionada ayer en EL UNIVERSAL: "Una mayoría de los presuntos votantes republicanos respalda una solución integral al problema migratorio más que la formulación ´policiaca´ que impulsa la Cámara Baja". Debemos recordar: una de cada 20 personas en la fuerza de trabajo de EU es "inmigrante ilegal". Uno de cada 20; esa es la dura realidad.
Y si bien es cierto que el equipo de George W. Bush pasa por difíciles momentos (el secretario de Transporte, Mineta, ya anunció su salida del gobierno; al igual que un importante funcionario de la Secretaría de Comercio) y se reconstruye a duras penas, cuando el presidente hace ver cada día más su condición de "pato herido", también es verdad que Bush ha invertido mucho de su escaso capital político al apoyar en forma clara el proyecto del Senado. Y ahora se puede decir: la mayoría de los votantes republicanos lo han escuchado. Entonces pareciera que los republicanos están cayendo en una trampa construida por ellos mismos.
Pero más allá del cercano momento electoral, el proyecto dibujado por Bush en sus más importantes discursos sobre el tema enfrenta un problema serio: los departamentos de policía de las grandes ciudades (e incluso los consejos de las urbes) se niegan en forma radical a jugar un papel activo en el control migratorio. Argumentan falta de capacitación, de fondos y la muy probable pérdida de confianza de las minorías en la lucha contra el crimen. Acudir a la policía en búsqueda de ayuda para ser detectado de inmediato como "ilegal" con riesgo de deportación, resultaría casi imposible para millones. Y Bush ha considerado muy importante la participación de las policías locales en el control de la migración. Y el lector tendrá que recordar que el centralismo político en EU es mucho más débil que en el caso mexicano. El rango de autonomía de los estados de la Unión, de los condados y las ciudades es enorme si lo comparamos con el modelo y las prácticas que los mexicanos conocemos.
Por si fuera poco, el 2 de julio hay elecciones generales en México. Y el nuevo presidente electo deberá atender de inmediato este espinoso asunto, central para las relaciones de México con EU. Y aquí no se trata de la retórica superficial a la que nos han acostumbrado, sino de acción política y diplomática real, coherente y continua. Al interior del conjunto de las instituciones y la sociedad estadounidense. La urgencia se presentará hasta por el muy difícil mandato de los tiempos.
Los todavía candidatos deberían tomar conciencia de la calidad y el tamaño del reto que esta cuestión representará; y ello se hará presente una vez que se determine quién resulta presidente electo. La cuestión estará viva en días o semanas a más tardar, luego de la primera semana de julio. Así pues, una reunión del presidente electo mexicano con George Bush está dibujada para el plazo posterior inmediato a las elecciones de julio. La necesidad es obvia aun cuando las oportunidades no estén claras hasta después de las elecciones estadounidenses en noviembre. Y, por supuesto, si los demócratas logran la mayoría al menos en la Cámara de Representantes las posibilidades de una ley integral serán mucho mayores; y más si se alcanza el control demócrata del Capitolio. Entraríamos de lleno a una paradoja no tan extraña en la política de EU: la oposición sería mucho más flexible y consecuente con los proyectos de la Casa Blanca que el propio partido del presidente. Todo ello en función de preparar la posterior campaña de los candidatos presidenciales. El margen de maniobra de la diplomacia mexicana no se verá reducido en esas circunstancias.
Pero ello sobre la base de que el presidente electo y su equipo de primer nivel entiendan los acontecimientos y su dinámica; y de la elaboración de una prudente y cuidadosa estrategia política, la cual incluya también a Canadá. Pues ahora, además del comercio, las inversiones y la seguridad, si existe una cuestión norteamericana, esa es la política migratoria.
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