martes, octubre 31, 2006
domingo, octubre 29, 2006
Oaxaca, baño de sangre
El jueves pasado, en el programa de televisión Código 2006 , de Proyecto 40, hice una pregunta a nombre de muchos mexicanos a Ulises Ruiz, "el gobernador" de Oaxaca. "Le pregunto no al político, ni al funcionario, sino al ser humano: ¿está usted consciente de que su restitución como autoridad en Oaxaca va a ser el resultado de un baño de sangre? ¿No le importa que para seguir siendo gobernador se requiera la muerte de muchos? ¿Usted sabe que dentro de 10 ó 15 años el recuerdo de toda esta coyuntura y la mención de su nombre evocarán una tragedia?". Ulises Ruiz no se inmutó y respondió con una larga parrafada sobre la importancia de la negociación. Su verdadera respuesta la dio unas horas más tarde, en la madrugada, cuando un líder de la APPO fue secuestrado a punta de pistola por un comando de desconocidos. Al día siguiente, personas armadas, pertenecientes al gobierno municipal y al estatal, bajaron de una camioneta blanca para hacer disparos contra los retenes de la APPO, con el saldo conocido de varios muertos. Uno de ellos, el periodista estadounidense Bradley Will, de la agencia Indimedios.
Al cierre de este artículo no se desencadena aún el desenlace que parece inevitable. A la fecha han caído asesinadas una docena de personas, pero seguramente habrá muchas víctimas más, antes de que termine todo esto. Más allá de la posición política de cada uno de los lectores, hay un dato de la realidad que se impone: los muertos son de un solo bando. Podemos estar en desacuerdo con los métodos o estrategias de la APPO y cuestionar la intransigencia de maestros que condenaron a sus alumnos a perder la escuela, pero es un hecho que "los de abajo" son los que terminan poniendo a las víctimas.
Por desgracia la muerte de oaxaqueños morenos, anónimos y prescindibles no parece conmover a muchos. A lo largo de los meses, mientras se fueron enlutando los hogares de los que cayeron por goteo como resultado del ataque intermitente a los retenes, pocos se tomaron la molestia de exigir la destitución de Ulises Ruiz. Las notas internacionales se centraban en las pérdidas turísticas y comerciales del centro de Oaxaca. Sin embargo, todo esto cambió con la muerte de un extranjero, uno de los suyos.
La foto de Bradley Will yaciente en el pavimento ha recorrido diarios y noticieros de todo el mundo este fin de semana. Es una "pérdida de guerra" que no entraba en los cálculos de Ulises Ruiz. El ataque perpetrado el viernes por la tarde tenía como propósito provocar la última gota que derramara el vaso y obligar a las fuerzas federales a intervenir de una vez por todas. Llama la atención que el operativo fue en plena tarde y sin buscar siquiera alguna provocación o choque que de alguna manera lo justificara. Simplemente llegaron en sus camionetas, descendieron hombres con armas de alto poder y dispararon a retenes y periodistas. El mensaje fue claro y contundente. Si el gobierno federal no ha entrado a Oaxaca para no provocar un baño de sangre, los matones locales le demostrarían que la espera también se llenaría de sangre. Ahora la Secretaría de Gobernación tendría la coartada para intervenir. En cierta forma lo hace incluso para "proteger" a los manifestantes que están siendo acribillados. Espero que todo esto no sea más que resultado de la estulticia y barbarie de un gobernador convertido en sátrapa prehistórico. Ulises Ruiz ha dicho que los agresores son autoridades municipales, fuera de control, como si los esbirros de estos municipios priístas pudiesen atreverse a tomar una acción política de esta magnitud por su propia voluntad. Quisiera creer que esto no es un arreglo fríamente calculado con las autoridades del centro para precipitar el desalojo de Oaxaca.
Recordemos que el movimiento originalmente era una reivindicación gremial. El torpe y sangriento intento de desalojo de junio pasado por parte de Ulises provocó que se convirtiera en una protesta para exigir justicia. Desde entonces la APPO ha pedido una sola cosa: el retiro de Ulises y la investigación por sus crímenes. Es lamentable que el desenlace de todo esto sea una acción represiva, en nombre de la ley, y en contra de las víctimas que reclaman la aplicación de ley.
Tendríamos que preguntarnos dónde estaban hace un año todos aquellos que ahora exigen la restitución del estado de derecho, mientras Ulises Ruiz perseguía medios de comunicación, desaparecía disidentes y golpeaba derechos de comunidades. Durante meses, antes del conflicto del magisterio, los afectados interpusieron denuncias en contra de las agresiones del gobernador. Noticias de Oaxaca, el diario líder en la entidad, ha interpuesto media docena de demandas o denuncias en los tribunales que controla el gobernador. Ninguna ha prosperado pese a que hubo asesinatos y destrucción de instalaciones de por medio.
Si al final todo esto no sirve más que para reinstalar al gobernador, el daño será incalculable. Respetar al estado de derecho debería significar la investigación de todos los delitos, incluyendo los asesinatos por parte de las autoridades locales a lo largo de estos meses. Si el gobierno federal, en nombre de su alianza incondicional con el PRI, simplemente restituye al gobernador y encuentra chivos expiatorios entre policías de rango inferior, se habrá consumado una infamia mayúscula. Me temo, además, que se habrán dado enormes coartadas a los que consideran que nuestras instituciones no tienen remedio.
La tragedia de Oaxaca puede provocar un germen de rabia e inestabilidad si el baño de sangre simplemente sirve para imponer, una vez más, la inequidad y la injusticia ancestral. Pero también podría ser el arranque de una nueva forma de hacer política. Lo sabremos pronto. Sería lamentable que la única esperanza de ajuste de cuentas proceda de la indignación internacional que provoque el asesinato de un periodista extranjero. Nuestros muertos todavía valen muy poco.
Al cierre de este artículo no se desencadena aún el desenlace que parece inevitable. A la fecha han caído asesinadas una docena de personas, pero seguramente habrá muchas víctimas más, antes de que termine todo esto. Más allá de la posición política de cada uno de los lectores, hay un dato de la realidad que se impone: los muertos son de un solo bando. Podemos estar en desacuerdo con los métodos o estrategias de la APPO y cuestionar la intransigencia de maestros que condenaron a sus alumnos a perder la escuela, pero es un hecho que "los de abajo" son los que terminan poniendo a las víctimas.
Por desgracia la muerte de oaxaqueños morenos, anónimos y prescindibles no parece conmover a muchos. A lo largo de los meses, mientras se fueron enlutando los hogares de los que cayeron por goteo como resultado del ataque intermitente a los retenes, pocos se tomaron la molestia de exigir la destitución de Ulises Ruiz. Las notas internacionales se centraban en las pérdidas turísticas y comerciales del centro de Oaxaca. Sin embargo, todo esto cambió con la muerte de un extranjero, uno de los suyos.
La foto de Bradley Will yaciente en el pavimento ha recorrido diarios y noticieros de todo el mundo este fin de semana. Es una "pérdida de guerra" que no entraba en los cálculos de Ulises Ruiz. El ataque perpetrado el viernes por la tarde tenía como propósito provocar la última gota que derramara el vaso y obligar a las fuerzas federales a intervenir de una vez por todas. Llama la atención que el operativo fue en plena tarde y sin buscar siquiera alguna provocación o choque que de alguna manera lo justificara. Simplemente llegaron en sus camionetas, descendieron hombres con armas de alto poder y dispararon a retenes y periodistas. El mensaje fue claro y contundente. Si el gobierno federal no ha entrado a Oaxaca para no provocar un baño de sangre, los matones locales le demostrarían que la espera también se llenaría de sangre. Ahora la Secretaría de Gobernación tendría la coartada para intervenir. En cierta forma lo hace incluso para "proteger" a los manifestantes que están siendo acribillados. Espero que todo esto no sea más que resultado de la estulticia y barbarie de un gobernador convertido en sátrapa prehistórico. Ulises Ruiz ha dicho que los agresores son autoridades municipales, fuera de control, como si los esbirros de estos municipios priístas pudiesen atreverse a tomar una acción política de esta magnitud por su propia voluntad. Quisiera creer que esto no es un arreglo fríamente calculado con las autoridades del centro para precipitar el desalojo de Oaxaca.
Recordemos que el movimiento originalmente era una reivindicación gremial. El torpe y sangriento intento de desalojo de junio pasado por parte de Ulises provocó que se convirtiera en una protesta para exigir justicia. Desde entonces la APPO ha pedido una sola cosa: el retiro de Ulises y la investigación por sus crímenes. Es lamentable que el desenlace de todo esto sea una acción represiva, en nombre de la ley, y en contra de las víctimas que reclaman la aplicación de ley.
Tendríamos que preguntarnos dónde estaban hace un año todos aquellos que ahora exigen la restitución del estado de derecho, mientras Ulises Ruiz perseguía medios de comunicación, desaparecía disidentes y golpeaba derechos de comunidades. Durante meses, antes del conflicto del magisterio, los afectados interpusieron denuncias en contra de las agresiones del gobernador. Noticias de Oaxaca, el diario líder en la entidad, ha interpuesto media docena de demandas o denuncias en los tribunales que controla el gobernador. Ninguna ha prosperado pese a que hubo asesinatos y destrucción de instalaciones de por medio.
Si al final todo esto no sirve más que para reinstalar al gobernador, el daño será incalculable. Respetar al estado de derecho debería significar la investigación de todos los delitos, incluyendo los asesinatos por parte de las autoridades locales a lo largo de estos meses. Si el gobierno federal, en nombre de su alianza incondicional con el PRI, simplemente restituye al gobernador y encuentra chivos expiatorios entre policías de rango inferior, se habrá consumado una infamia mayúscula. Me temo, además, que se habrán dado enormes coartadas a los que consideran que nuestras instituciones no tienen remedio.
La tragedia de Oaxaca puede provocar un germen de rabia e inestabilidad si el baño de sangre simplemente sirve para imponer, una vez más, la inequidad y la injusticia ancestral. Pero también podría ser el arranque de una nueva forma de hacer política. Lo sabremos pronto. Sería lamentable que la única esperanza de ajuste de cuentas proceda de la indignación internacional que provoque el asesinato de un periodista extranjero. Nuestros muertos todavía valen muy poco.
viernes, octubre 13, 2006
Los incómodos
La historia de México está llena de políticos incómodos: hermanos, primos, cuñados, cónyuges. Pero también abundan los gobernadores incómodos. Aquellos que, dado su pésimo desempeño, generan problemas de gobernabilidad, afectan la legitimidad del gobierno, se llevan entre las patas a sus padrinos políticos y le complican la vida a su partido, pues los votantes suelen cobrarse los agravios votando por un partido diferente al del gobernador chafa.
En las épocas doradas del autoritarismo priísta, los gobernadores incómodos solían renunciar a sugerencia del presidente en turno. No era una solución muy democrática, cierto, pero la verdad es que los gobernadores en cuestión tampoco llegaban al poder de manera muy democrática. Normalmente alcanzaban la candidatura por el partido y la gubernatura por el dedo presidencial, y dejaban el poder también por el dedo presidencial.
Claro, en esta operación el presidente aprovechaba para deshacerse de algún gobernador heredado del presidente anterior, independientemente de los méritos que dicho gobernador tuviera. No obstante, este mecanismo para poner y quitar gobernadores comenzó a hacer crisis en el gobierno de Zedillo, cuando el presidencialismo comenzó a mostrar signos de agotamiento y los grupos dentro del PRI dejaron de aceptar al presidente como autoridad máxima.
Adicionalmente, en varias entidades llegaron al poder gobernadores de partidos diferentes al PRI que no le debían el puesto al dedo presidencial. Así, la capacidad del presidente de la República para remover gobernadores disminuyó de manera sensible. El caso más claro de esta nueva realidad fue el del entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien, a pesar de haber sido exhibido públicamente con gastos exorbitantes en su campaña para alcanzar la gubernatura, se negó a dejar el puesto desafiando abiertamente al presidente Zedillo.
Esta tendencia se ha agudizado en el gobierno del presidente Fox. Éste ha decidido que no se va a meter a remover gobernadores, por más incompetentes y corruptos que sean. El argumento para ello es que no es facultad del gobierno federal quitarlos. Y es cierto. Sin embargo, dejar esta decisión en manos de los congresos locales o eventualmente del Senado de la República no garantiza que vaya a pasar algo, pues suele ocurrir que el partido del gobernador lo defiende a capa y espada bajo el supuesto de que si este se va en condiciones ignominiosas, el costo político será mayor que si permanece, en condiciones ignominiosas también.
Un argumento adicional para que el gobierno federal no intervenga es que ello podría sentar precedentes peligrosos y alentar movimientos en muchos estados para tirar gobernadores y eventualmente presidentes de la República. También se podría argumentar que si los gobernadores son elegidos por el voto popular, su remoción sería antidemocrática y violentaría esa misma voluntad. Y lo cierto es que la mayoría de estos argumentos son ciertos, aunque no suficientes.
El argumento más poderoso tiene que ver, sin duda, con el origen democrático de los mandatarios estatales. Sin embargo, si un gobernante legítimo viola la ley, es obvio que no puede permanecer en el cargo. Si un gobernante atenta contra las garantías individuales -ya sea Mario Marín contra Lydia Cacho o Ulises Ruiz contra el diario Noticias- no debe permanecer en el cargo. La pregunta es ¿quién lo quita? Y ahí es donde es obvio que si bien existen disposiciones legales, éstas no parecen funcionar bien. Así pues, el reto es mejorar los mecanismos institucionales para que, ante evidencia clara de violaciones de la ley por parte de un gobernador, éste se vaya a su casa y sea procesado. Desde ese punto de vista, la razón para la remoción debería ser la violación de la ley y no el número de manifestantes en su contra. Además, la reducción de los términos del mandato de los gobernadores, combinada con la posibilidad de la reelección, podría ser un mecanismo para ejercer mayor vigilancia sobre su desempeño y facilitar una salida más inmediata de algún mandatario incompetente.
En el caso del conflicto de Oaxaca es evidente que estamos en una situación empantanada que sólo una salida legal del gobernador Ulises Ruiz puede resolver. El recurso institucional es que el Senado declare la desaparición de poderes en el estado. La razón debería ser la conducta atentatoria contra las garantías ciudadanas en Oaxaca, por parte del gobernador, como fue el caso del acoso al diario Noticias. Pero lo cierto es que el único escenario viable es la decisión del Senado.
Sin embargo, si el gobernador Ruiz se va y los delitos cometidos por los grupos violentos que actúan en Oaxaca quedan impunes, ello va a constituir un incentivo para movimientos futuros en otras partes que quieran tirar a gobernantes electos. Más allá de la salida del gobernador, es claro que en Oaxaca hay delitos del fuero común y federal que se tienen que castigar. Si ello no ocurre, vamos a tener decenas de Oaxacas en todo el país. Como coreaban los manifestantes de la APPO hace unos días: "Ulises ya cayó. Sigue Calderón". ¿Y luego quién más?
En las épocas doradas del autoritarismo priísta, los gobernadores incómodos solían renunciar a sugerencia del presidente en turno. No era una solución muy democrática, cierto, pero la verdad es que los gobernadores en cuestión tampoco llegaban al poder de manera muy democrática. Normalmente alcanzaban la candidatura por el partido y la gubernatura por el dedo presidencial, y dejaban el poder también por el dedo presidencial.
Claro, en esta operación el presidente aprovechaba para deshacerse de algún gobernador heredado del presidente anterior, independientemente de los méritos que dicho gobernador tuviera. No obstante, este mecanismo para poner y quitar gobernadores comenzó a hacer crisis en el gobierno de Zedillo, cuando el presidencialismo comenzó a mostrar signos de agotamiento y los grupos dentro del PRI dejaron de aceptar al presidente como autoridad máxima.
Adicionalmente, en varias entidades llegaron al poder gobernadores de partidos diferentes al PRI que no le debían el puesto al dedo presidencial. Así, la capacidad del presidente de la República para remover gobernadores disminuyó de manera sensible. El caso más claro de esta nueva realidad fue el del entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien, a pesar de haber sido exhibido públicamente con gastos exorbitantes en su campaña para alcanzar la gubernatura, se negó a dejar el puesto desafiando abiertamente al presidente Zedillo.
Esta tendencia se ha agudizado en el gobierno del presidente Fox. Éste ha decidido que no se va a meter a remover gobernadores, por más incompetentes y corruptos que sean. El argumento para ello es que no es facultad del gobierno federal quitarlos. Y es cierto. Sin embargo, dejar esta decisión en manos de los congresos locales o eventualmente del Senado de la República no garantiza que vaya a pasar algo, pues suele ocurrir que el partido del gobernador lo defiende a capa y espada bajo el supuesto de que si este se va en condiciones ignominiosas, el costo político será mayor que si permanece, en condiciones ignominiosas también.
Un argumento adicional para que el gobierno federal no intervenga es que ello podría sentar precedentes peligrosos y alentar movimientos en muchos estados para tirar gobernadores y eventualmente presidentes de la República. También se podría argumentar que si los gobernadores son elegidos por el voto popular, su remoción sería antidemocrática y violentaría esa misma voluntad. Y lo cierto es que la mayoría de estos argumentos son ciertos, aunque no suficientes.
El argumento más poderoso tiene que ver, sin duda, con el origen democrático de los mandatarios estatales. Sin embargo, si un gobernante legítimo viola la ley, es obvio que no puede permanecer en el cargo. Si un gobernante atenta contra las garantías individuales -ya sea Mario Marín contra Lydia Cacho o Ulises Ruiz contra el diario Noticias- no debe permanecer en el cargo. La pregunta es ¿quién lo quita? Y ahí es donde es obvio que si bien existen disposiciones legales, éstas no parecen funcionar bien. Así pues, el reto es mejorar los mecanismos institucionales para que, ante evidencia clara de violaciones de la ley por parte de un gobernador, éste se vaya a su casa y sea procesado. Desde ese punto de vista, la razón para la remoción debería ser la violación de la ley y no el número de manifestantes en su contra. Además, la reducción de los términos del mandato de los gobernadores, combinada con la posibilidad de la reelección, podría ser un mecanismo para ejercer mayor vigilancia sobre su desempeño y facilitar una salida más inmediata de algún mandatario incompetente.
En el caso del conflicto de Oaxaca es evidente que estamos en una situación empantanada que sólo una salida legal del gobernador Ulises Ruiz puede resolver. El recurso institucional es que el Senado declare la desaparición de poderes en el estado. La razón debería ser la conducta atentatoria contra las garantías ciudadanas en Oaxaca, por parte del gobernador, como fue el caso del acoso al diario Noticias. Pero lo cierto es que el único escenario viable es la decisión del Senado.
Sin embargo, si el gobernador Ruiz se va y los delitos cometidos por los grupos violentos que actúan en Oaxaca quedan impunes, ello va a constituir un incentivo para movimientos futuros en otras partes que quieran tirar a gobernantes electos. Más allá de la salida del gobernador, es claro que en Oaxaca hay delitos del fuero común y federal que se tienen que castigar. Si ello no ocurre, vamos a tener decenas de Oaxacas en todo el país. Como coreaban los manifestantes de la APPO hace unos días: "Ulises ya cayó. Sigue Calderón". ¿Y luego quién más?
domingo, octubre 01, 2006
Diciembre negro
Oaxaca podría ser el diciembre negro de Fox. Hace 12 años México pasó por la peor crisis económica de la historia reciente debido a la mala transición del gobierno saliente de Carlos Salinas al entrante de Ernesto Zedillo. La historia podría repetirse, pero ahora en el terreno político, con saldos igualmente trágicos y por los mismos motivos: la falta de decisiones entre el equipo que llega y el que sale.
El conflicto de Oaxaca podría convertirse en el equivalente a un peso sobrevaluado y a punto de explotar. En el otoñó de 1994 nadie quiso asumir la factura política de una devaluación que desde meses antes era imprescindible. Carlos Salinas y Pedro Aspe (su secretario de Hacienda) no quisieron comprometer los elevados índices de popularidad con los que cerraron su sexenio. A los 20 días de haber asumido el poder, en aquel diciembre funesto, la bomba estalló en la cara de Zedillo y del nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche. La tragedia le granjeó a Salinas un exilio forzado y a Serra Puche el fin de su carrera política. Pero sobre todo, condenó al país a una recesión que todavía no cicatriza del todo.
El caso de Oaxaca anticipa un infortunio que podría alcanzar tales proporciones. Hay un consenso generalizado a favor de resolver el conflicto de manera urgente e inmediata, pero las vías dividen a la clase política y a la opinión pública.
Por un lado, están los que consideran que el gobierno federal debe enviar fuerzas policiacas para desalojar a los manifestantes y "restablecer el orden". A su juicio, los riesgos de un desenlace violento son preferibles que el caos y la impunidad que representa una ciudad en manos de una organización radical.
Los sectores más conservadores quieren ver a la APPO como una extensión del grupo guerrillero EPR. Es una simplificación que han rechazado incluso empresarios como Harp Helú y políticos como Diódoro Carrasco (ex gobernador, ahora con el PAN), pero que se ha esgrimido en la capital para justificar la aplicación de mano dura. Parecería un argumento pensado para tranquilizar conciencias por anticipado, en caso de que una operación militar deje las barricadas sembradas de cadáveres. Si los disidentes eran prácticamente "guerrilla subversiva" las bajas habrían sido un mal necesario.
Es un argumento absurdo. Cinco mil personas marchan hacia la capital y miles más resguardan la plaza de Oaxaca. Si todos esos contingentes fueran del EPR habría que cambiar al Cisen, la Secretaría de Gobernación y los cuerpos de inteligencia militar, por ineptitud (¿decenas de miles de insurrectos habían pasado inadvertidos?). En realidad, la APPO es una amalgama de organizaciones e impulsos que se alimenta de grupos sociales resentidos por la pobreza y la injusticia. No son la mayoría de los oaxaqueños, pero posee una base social real y extendida, y probablemente una gran cantidad de simpatizantes no movilizados. Preferiríamos que todos ellos fueran buenas personas y ciudadanos ejemplares, pero aunque muchos no lo sean, tampoco deben descalificarse sus reclamos. Podemos dar por descontado que algunos cuadros del EPR y otros activistas radicales han acudido con el propósito de reventar y manipular, pero son docenas entre miles. De lo que podemos estar seguros es que una represión convertirá la mentira en una autoprofecía cumplida: cientos ingresarán a los movimientos clandestinos de insurrección.
Del otro lado, otra corriente de opinión, entre los que me incluyo, considera que la única salida posible es la renuncia de Ulises Ruiz, o su separación mientras es investigado. Hace una semana, en este espacio, expuse los argumentos al respecto. Ser gobernador legalmente elegido no es una patente de corso para cometer las tropelías y delitos en los que incurrió este sátrapa trasnochado. Durante un año se dedicó a golpear a la disidencia, a los medios de comunicación adversos y a grupos campesinos incómodos.
Estos grupos que hoy "violentan el orden" recurrieron en primera instancia, aunque infructuosamente, a tribunales y ministerios públicos para denunciar asesinatos y despojos. No consiguieron nada. En junio, cuando las fuerzas estatales intentaron desalojar a los maestros con saldo de un muerto, todos estos grupos y agravios se unieron a su causa. Eso es la APPO, con todos los defectos que pueda tener.
El viernes en la madrugada corrió el rumor en Oaxaca de que la policía federal estaba a punto de tomar la plaza. La crónica de un corresponsal de EL UNIVERSAL señala que "en cuestión de segundos, por toda la ciudad, ríos humanos bajaron de las colonias circunvecinas para fortalecer sus barricadas". Recomendar el uso de la fuerza, pero "sólo para disuadir y con precaución", como pretenden algunas buenas conciencias, no es más que otra manera de pedir un baño de sangre, pero buscando no ser salpicado.
Tomémosle la palabra a los que piden el restablecimiento de las instituciones y del estado de derecho, pero vayamos a la raíz del problema. Se requiere de una instancia federal que investigue la veracidad de las denuncias de los delitos cometidos por Ulises Ruiz. No se trata de ceder u ofrecer la cabeza del gobernador a unos manifestantes. Se trata de construir la democracia a partir de la aplicación de una justicia real, y no la que imparten los tribunales del gobernador en cuestión. La exigencia de la opinión pública nacional para reinstalar el estado de derecho en Oaxaca es genuina, pero debe ser integral. No se puede reestablecer la ley reprimiendo violentamente a los que exigen se les haga justicia.
El gobierno panista está paralizado ante la disyuntiva de reprimir y derramar sangre, o investigar a Ruiz y enemistarse con el PRI. Ha llegado el momento de asumir costos y tomar decisiones. O pueden no hacerlo y esperar a que el tema estalle en su cara en el interregno de la transición, como hace 12 años. Ya conocemos las consecuencias.
El conflicto de Oaxaca podría convertirse en el equivalente a un peso sobrevaluado y a punto de explotar. En el otoñó de 1994 nadie quiso asumir la factura política de una devaluación que desde meses antes era imprescindible. Carlos Salinas y Pedro Aspe (su secretario de Hacienda) no quisieron comprometer los elevados índices de popularidad con los que cerraron su sexenio. A los 20 días de haber asumido el poder, en aquel diciembre funesto, la bomba estalló en la cara de Zedillo y del nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche. La tragedia le granjeó a Salinas un exilio forzado y a Serra Puche el fin de su carrera política. Pero sobre todo, condenó al país a una recesión que todavía no cicatriza del todo.
El caso de Oaxaca anticipa un infortunio que podría alcanzar tales proporciones. Hay un consenso generalizado a favor de resolver el conflicto de manera urgente e inmediata, pero las vías dividen a la clase política y a la opinión pública.
Por un lado, están los que consideran que el gobierno federal debe enviar fuerzas policiacas para desalojar a los manifestantes y "restablecer el orden". A su juicio, los riesgos de un desenlace violento son preferibles que el caos y la impunidad que representa una ciudad en manos de una organización radical.
Los sectores más conservadores quieren ver a la APPO como una extensión del grupo guerrillero EPR. Es una simplificación que han rechazado incluso empresarios como Harp Helú y políticos como Diódoro Carrasco (ex gobernador, ahora con el PAN), pero que se ha esgrimido en la capital para justificar la aplicación de mano dura. Parecería un argumento pensado para tranquilizar conciencias por anticipado, en caso de que una operación militar deje las barricadas sembradas de cadáveres. Si los disidentes eran prácticamente "guerrilla subversiva" las bajas habrían sido un mal necesario.
Es un argumento absurdo. Cinco mil personas marchan hacia la capital y miles más resguardan la plaza de Oaxaca. Si todos esos contingentes fueran del EPR habría que cambiar al Cisen, la Secretaría de Gobernación y los cuerpos de inteligencia militar, por ineptitud (¿decenas de miles de insurrectos habían pasado inadvertidos?). En realidad, la APPO es una amalgama de organizaciones e impulsos que se alimenta de grupos sociales resentidos por la pobreza y la injusticia. No son la mayoría de los oaxaqueños, pero posee una base social real y extendida, y probablemente una gran cantidad de simpatizantes no movilizados. Preferiríamos que todos ellos fueran buenas personas y ciudadanos ejemplares, pero aunque muchos no lo sean, tampoco deben descalificarse sus reclamos. Podemos dar por descontado que algunos cuadros del EPR y otros activistas radicales han acudido con el propósito de reventar y manipular, pero son docenas entre miles. De lo que podemos estar seguros es que una represión convertirá la mentira en una autoprofecía cumplida: cientos ingresarán a los movimientos clandestinos de insurrección.
Del otro lado, otra corriente de opinión, entre los que me incluyo, considera que la única salida posible es la renuncia de Ulises Ruiz, o su separación mientras es investigado. Hace una semana, en este espacio, expuse los argumentos al respecto. Ser gobernador legalmente elegido no es una patente de corso para cometer las tropelías y delitos en los que incurrió este sátrapa trasnochado. Durante un año se dedicó a golpear a la disidencia, a los medios de comunicación adversos y a grupos campesinos incómodos.
Estos grupos que hoy "violentan el orden" recurrieron en primera instancia, aunque infructuosamente, a tribunales y ministerios públicos para denunciar asesinatos y despojos. No consiguieron nada. En junio, cuando las fuerzas estatales intentaron desalojar a los maestros con saldo de un muerto, todos estos grupos y agravios se unieron a su causa. Eso es la APPO, con todos los defectos que pueda tener.
El viernes en la madrugada corrió el rumor en Oaxaca de que la policía federal estaba a punto de tomar la plaza. La crónica de un corresponsal de EL UNIVERSAL señala que "en cuestión de segundos, por toda la ciudad, ríos humanos bajaron de las colonias circunvecinas para fortalecer sus barricadas". Recomendar el uso de la fuerza, pero "sólo para disuadir y con precaución", como pretenden algunas buenas conciencias, no es más que otra manera de pedir un baño de sangre, pero buscando no ser salpicado.
Tomémosle la palabra a los que piden el restablecimiento de las instituciones y del estado de derecho, pero vayamos a la raíz del problema. Se requiere de una instancia federal que investigue la veracidad de las denuncias de los delitos cometidos por Ulises Ruiz. No se trata de ceder u ofrecer la cabeza del gobernador a unos manifestantes. Se trata de construir la democracia a partir de la aplicación de una justicia real, y no la que imparten los tribunales del gobernador en cuestión. La exigencia de la opinión pública nacional para reinstalar el estado de derecho en Oaxaca es genuina, pero debe ser integral. No se puede reestablecer la ley reprimiendo violentamente a los que exigen se les haga justicia.
El gobierno panista está paralizado ante la disyuntiva de reprimir y derramar sangre, o investigar a Ruiz y enemistarse con el PRI. Ha llegado el momento de asumir costos y tomar decisiones. O pueden no hacerlo y esperar a que el tema estalle en su cara en el interregno de la transición, como hace 12 años. Ya conocemos las consecuencias.
miércoles, septiembre 27, 2006
domingo, septiembre 24, 2006
Crisis en el gobierno local, salida rapida en Oaxaca
En el gobierno de Vicente Fox se dicen seguros de resolver el conflicto de Oaxaca antes del 1 de diciembre. El gobierno de Calderón, aseguran, arrancará sin ningún problema. Más aún, los equipos de quienes se van y aquellos que llegan, tienen ya sobre la mesa la logística para eventuales complicaciones el mismo día de la toma de posesión.
Si el asunto se complica, por la razón que sea, el presidente electo rendirá protesta incluso por escrito.
Según algunos de los hombres más cercanos al presidente Fox, se hará todo, hasta lo imposible por resolver la crisis oaxaqueña por la vía del diálogo, la negociación y el acuerdo político. Pero si en un tiempo razonable no hay otra salida que el uso de la fuerza, entonces se llegará a ello. Y es que la idea del mandatario saliente es dejar sin problemas al gobierno entrante. Y si para ello deberán pagar costos políticos, esos costos los asumirá el que se va, no el que viene.
Eso sí, se insiste, el gobierno no participará en ningún acuerdo que incluya entregar la cabeza del gobernador Ulises Ruiz, a pesar de que en efecto, el mandatario oaxaqueño es uno de los principales responsables de la crisis. Pero eso, su eventual salida del gobierno, será una cuestión personal, que no se vislumbra en lo inmediato, ya que en la práctica se asistiría a un auténtico golpe de Estado. Es decir, si Ulises Ruiz se retira del cargo, su lugar podría ser ocupado por Gabino Cué, hoy senador convergente y quien fuera el candidato derrotado al gobierno estatal -por una coalición de todos contra el PRI-, precisamente por Ulises Ruiz.
En tanto el PRI analiza desde su dirigencia, con el aval de algunos gobernadores, una salida negociada de Ulises Ruiz, quien habría pedido garantías para dejar el cargo.
El origen
En la gestación del conflicto de Oaxaca -como reza el típico refranero oaxaqueño-, literalmente se juntaron "el hambre y las ganas de comer", ya que mientras que por un lado se organizaban distintos grupos sociales para "calar" y "cobrar facturas" al nuevo gobernador -entre otros el magisterio local, grupos sociales que por décadas habían vivido del presupuesto público, y aquellos a quien el PRI local dejó fuera de la contienda por el poder-, el nuevo mandatario, el señor Ulises Ruiz, parecía dispuesto a hacer todo lo posible por incendiar el estado.
Resulta que el ex gobernador José Murat se empeñó en que su heredero en el cargo fuera Ulises Ruiz, un político bisoño cuyo único mérito era ser amigo del ex gobernador y quien le garantizaba el cuidado de las espaldas. Murat se había convertido, a su vez, en el hombre fuerte del presidente del PRI y candidato presidencial, Roberto Madrazo. Gracias a esa alianza, el señor Ulises Ruiz recibió todos los apoyos necesarios para ganar, a como diera lugar, el gobierno de Oaxaca.
En esa guerra pasó por encima de una coalición de todos los opositores contra el PRI, encabezada por Gabino Cué, un ex priísta, ex secretario de gobierno en tiempos de Diódoro Carrasco, y ahora un "demócrata" de izquierda. Ulises Ruiz ganó, en efecto, pero en medio de un monumental escándalo, sobre todo ante evidencias de que la elección fue un cochinero. En el terreno político esa derrota dejó decenas de muertos y heridos políticos -porque la sociedad oaxaqueña prácticamente se partió en dos-, quienes una vez recuperados de la derrota iniciaron los trabajos para reorganizar lo que tiene todos los signos de una venganza política.
Pero incapaz de entender que en políticas ni los triunfos ni las derrotas son para siempre y menos duran cien años, Ulises Ruiz se olvidó de poner en práctica una urgente operación cicatriz, que restañara el tejido social y, sobre todo, que le diera legitimidad política y social a su naciente y tambaleante gobierno. Así, en sentido contrario a la lógica elemental de la política, y ya como gobernador, Ulises Ruiz intentó desmantelar la red de organizaciones sociales que por décadas han vivido como rémoras de los gobiernos priístas, y a las que se les canalizan importantes sumas de dinero público a cambio de mantener adormecida la inconformidad social.
Y es que muchos de esos grupos sociales -que son el germen de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO)-, habían cambiado de bando, se pasaron a la coalición Por el Bien de Todos, votaron por todos los candidatos de la misma, pero seguían cobrando en el gobierno estatal, en manos del PRI. "¡Ya basta¡", dijo un día Ulises Ruiz, y retiró los apoyos económicos, sobre todo ante la proximidad de la elección federal del 2 de julio. Algo similar ocurrió con el magisterio disidente, los maestros de la sección 22, quienes siempre han recibido apoyos del gobierno en turno pero que ahora también dejaron solo al PRI, no sólo en la elección de Ulises Ruiz, sino en la presidencial del pasado 2 de julio.
Sin el menor tacto político, el señor Ulises Ruiz metió en el mismo costal de la inconformidad a los damnificados de la elección en la que se hizo del gobierno estatal, a los jefes de las organizaciones sociales que vivían del dinero público, y a los maestros disidentes. En pocas palabras, tuvo la virtud de unificar a los más beligerantes sectores sociales y políticos de Oaxaca, pero en su contra. Con una visión miope de lo que estaba pasando en su entidad natal y que ahora le correspondía gobernar -porque cuando no se pasaba en la campaña presidencial de Madrazo, era más fácil verlo en los comederos políticos de Polanco-, Ulises Ruiz intentó crear su propia red de aliados políticos, su propia clase política para bloquear a sus adversarios, pero lo único que consiguió fue el fenómeno del panal. Darle de palos al avispero. Y sí, luego debió salir corriendo, pidiendo a gritos la intervención del gobierno federal.
Facturas por cobrar
Lo que está en juego en Oaxaca no es ni la dignidad de unos y menos la persecución de los otros. No, por obsceno que parezca -porque es una obscenidad la disputa por el poder-, lo que pelean los integrantes de la APPO, del magisterio y los derrotados en la pasada contienda para renovar el gobierno estatal, es el reparto del poder y del dinero presupuestal. Sí, en México y en cualquier parte del mundo, todo nuevo grupo que accede al poder público, al gobierno; sea municipal, estatal o federal, debe respetar las reglas básicas del juego; compartir ese poder y repartir el presupuesto, el dinero pues. Pero el nuevo gobernador de Oaxaca se negó a respetar esas reglas del juego, intentó crear su propia clase política, sus propios aliados y aplastar a los grupos tradicionales, hasta que consiguió unir a todos, pero en su contra.
Ulises Ruiz le arrebató a la mala el poder al grupo de Diódoro Carrasco -cuyo delfín era nada menos que Gabino Cué-, pero al mismo tiempo rompió con los grupos sociales que -más allá de razones ideológicas-, son los amortiguadores políticos a los graves problemas sociales de extensas regiones de Oaxaca. De esa manera, cuando se rompieron los vasos comunicantes de la política y del dinero que aceitaba el control social, el señor Ulises Ruiz se convirtió en el enemigo número uno de importantes grupos políticos y sociales. Y es que se suspendió el reparto de cuotas de poder y el flujo de dinero público a decenas de líderes que nacieron, crecieron y hasta podrían morir en esa cultura, la de vivir del dinero público.
Y en ese río revuelto ganaron espacios los sectores duros de cada uno de los grupos, líderes vinculados con desprendimientos de formaciones guerrilleras a los que no les importa tanto el reparto del poder o el restablecimiento de los flujos de dinero, como el ensayo de células urbanas, la práctica de estrategias radicales -como el asalto a radiodifusoras, la creación de comandos de resistencia, grupos de adoctrinamiento y otros-, que han convertido al centro de Oaxaca, sobre todo por las noches, en verdaderos campos de entrenamiento de lo que tiene todas las características de una guerrilla urbana.
Rodar y rodar...
Desde el inicio del conflicto -hace casi 130 días-, el gobierno federal se mantuvo al margen. Incluso urgió al gobierno local a buscar una respuesta. El desinterés del gobierno de Fox fue producto de la tensión de las semanas previas al 2 de julio. No se quería contaminar la elección. Pero luego siguió el desinterés porque en la etapa postelectoral el horno seguía sin estar para bollos. Pero lo cierto es que siempre ha estado latente la posibilidad de una solución de fuerza. Sin embargo el gobierno foxista está dispuesto a hacer todo lo posible, antes de aceptar la demanda de retirar los plantones y lograr la estabilidad en Oaxaca a cambio de la cabeza de Ulises Ruiz. En el gobierno de Vicente Fox tienen claro que entregar la cabeza de Ulises Ruiz sería el reconocimiento de que la democracia mexicana sigue dando pasos en reversa. Estaríamos ante una peligrosa concertacesión, al estilo de Carlos Salinas. El fenómeno podría resultar incluso peor, ya que el gobierno federal habría sido víctima de una presión y chantaje provenientes de grupos que rompieron todas las reglas de convivencia, que de manera violenta asaltaron no sólo a los poderes del estado de Oaxaca, sino a particulares, como es el caso de las radiodifusoras y otros sectores empresariales. Por eso, aceptar a cambio de la paz social la entrega de la cabeza de Ulises Ruiz, sería le mejor evidencia del estrepitoso fracaso del gobierno de Fox. Pero no sería todo, sino que el siguiente en caer podría ser no sólo cualquier otro gobernador, sino el propio presidente entrante, Felipe Calderón.
Por eso el gobierno foxista insiste en el diálogo como la única vía para solucionar el conflicto. Pero ese camino no es más que un eufemismo que en la práctica se ha convertido en un rotundo fracaso, porque los grupos inconformes no están dispuestos a aceptar nada que no sea la salida de Ulises Ruiz. Es decir, no hay negociación posible, porque todo eventual acuerdo pasa por la renuncia del gobernador de Oaxaca. Y por supuesto que no se descarta la renuncia unilateral. En pocas palabras, que al interior del PRI, en un acuerdo con la dirigencia partidista y con la ayuda de un grupo de gobernadores, se pretende convencer a Ruiz para que se retire por voluntad propia, con la certeza de que en su lugar llegue otro priísta. Pero la caída de Ulises, para el derrotado candidato Gabino Cué, no es más que la oportunidad de convertirse en gobernador. Ese es el riesgo, que gracias a la presión social, al acuerdo y la negociación política, se regrese a los tiempos de las concertacesiones del salinismo.
Como sea, lo cierto es que la crisis política y de gobernabilidad que se vive en Oaxaca pasa por sus momentos de mayor tensión, sobre todo porque los líderes del magisterio y de la APPO dan señales de ser rebasados por los sectores duros. Los liderazgos que hasta hace un par de semanas se habían sentado a dialogar con el gobierno -verdadero diálogo de sordos en donde la única premisa sobre la mesa era la renuncia del gobernador de Oaxaca-, hoy ya fueron rebasados y más que nunca está presente el uso de la fuerza como recurso último. Y es que esos sectores duros, radicales, que tienen vínculo con desprendimientos de grupos guerrilleros, parecen dispuestos a no ceder ni un milímetro, lo que significa no negociar nada si no es luego de que renuncie Ulises Ruiz.
El gobierno federal esperará la evolución de los acontecimientos en los próximos días, hará una evaluación de los riesgos de que la marcha que salió el pasado viernes de Oaxaca llegue al Distrito Federal, y si no hay alternativas ni espacios reales para el diálogo, responderá con la fuerza pública. Ni Fox ni Calderón quieren llegar a ese extremo, pero tampoco quieren que el conflicto se prolongue por más tiempo, no quieren que llegue al 2 de octubre y menos al 1 de diciembre. Y en el equipo de Fox, los operadores políticos que aún siguen al pie del cañón, saben que de no avanzar por el camino del diálogo, el acuerdo y la negociación, deberán pagar los costos que sea necesario, para resolver el conflicto antes del 1 de diciembre.
´Focos rojos´ el 1 de diciembre
Y es que la toma de posesión de Felipe Calderón, prevista para el 1 de diciembre en el Congreso, es otro peligroso dique que deberán salvar tanto el gobierno entrante como el que se va. Los operadores políticos de los dos gobiernos saben que el PRD tratará de impedir que Calderón proteste ante el pleno del Congreso, como está previsto. Para ello ya tiene lista una bien diseñada estrategia que incluye, en el extremo, que Calderón proteste por escrito y que ofrezca su mensaje por cadena nacional. Y si a ese conflicto se le agrega el que se crearía con los maestros y la APPO en la ciudad de México, el asunto sería de muy alto riesgo. Por eso el de Oaxaca es un asunto que deberá resolverse antes del fin de semana venidero. Al tiempo
Si el asunto se complica, por la razón que sea, el presidente electo rendirá protesta incluso por escrito.
Según algunos de los hombres más cercanos al presidente Fox, se hará todo, hasta lo imposible por resolver la crisis oaxaqueña por la vía del diálogo, la negociación y el acuerdo político. Pero si en un tiempo razonable no hay otra salida que el uso de la fuerza, entonces se llegará a ello. Y es que la idea del mandatario saliente es dejar sin problemas al gobierno entrante. Y si para ello deberán pagar costos políticos, esos costos los asumirá el que se va, no el que viene.
Eso sí, se insiste, el gobierno no participará en ningún acuerdo que incluya entregar la cabeza del gobernador Ulises Ruiz, a pesar de que en efecto, el mandatario oaxaqueño es uno de los principales responsables de la crisis. Pero eso, su eventual salida del gobierno, será una cuestión personal, que no se vislumbra en lo inmediato, ya que en la práctica se asistiría a un auténtico golpe de Estado. Es decir, si Ulises Ruiz se retira del cargo, su lugar podría ser ocupado por Gabino Cué, hoy senador convergente y quien fuera el candidato derrotado al gobierno estatal -por una coalición de todos contra el PRI-, precisamente por Ulises Ruiz.
En tanto el PRI analiza desde su dirigencia, con el aval de algunos gobernadores, una salida negociada de Ulises Ruiz, quien habría pedido garantías para dejar el cargo.
El origen
En la gestación del conflicto de Oaxaca -como reza el típico refranero oaxaqueño-, literalmente se juntaron "el hambre y las ganas de comer", ya que mientras que por un lado se organizaban distintos grupos sociales para "calar" y "cobrar facturas" al nuevo gobernador -entre otros el magisterio local, grupos sociales que por décadas habían vivido del presupuesto público, y aquellos a quien el PRI local dejó fuera de la contienda por el poder-, el nuevo mandatario, el señor Ulises Ruiz, parecía dispuesto a hacer todo lo posible por incendiar el estado.
Resulta que el ex gobernador José Murat se empeñó en que su heredero en el cargo fuera Ulises Ruiz, un político bisoño cuyo único mérito era ser amigo del ex gobernador y quien le garantizaba el cuidado de las espaldas. Murat se había convertido, a su vez, en el hombre fuerte del presidente del PRI y candidato presidencial, Roberto Madrazo. Gracias a esa alianza, el señor Ulises Ruiz recibió todos los apoyos necesarios para ganar, a como diera lugar, el gobierno de Oaxaca.
En esa guerra pasó por encima de una coalición de todos los opositores contra el PRI, encabezada por Gabino Cué, un ex priísta, ex secretario de gobierno en tiempos de Diódoro Carrasco, y ahora un "demócrata" de izquierda. Ulises Ruiz ganó, en efecto, pero en medio de un monumental escándalo, sobre todo ante evidencias de que la elección fue un cochinero. En el terreno político esa derrota dejó decenas de muertos y heridos políticos -porque la sociedad oaxaqueña prácticamente se partió en dos-, quienes una vez recuperados de la derrota iniciaron los trabajos para reorganizar lo que tiene todos los signos de una venganza política.
Pero incapaz de entender que en políticas ni los triunfos ni las derrotas son para siempre y menos duran cien años, Ulises Ruiz se olvidó de poner en práctica una urgente operación cicatriz, que restañara el tejido social y, sobre todo, que le diera legitimidad política y social a su naciente y tambaleante gobierno. Así, en sentido contrario a la lógica elemental de la política, y ya como gobernador, Ulises Ruiz intentó desmantelar la red de organizaciones sociales que por décadas han vivido como rémoras de los gobiernos priístas, y a las que se les canalizan importantes sumas de dinero público a cambio de mantener adormecida la inconformidad social.
Y es que muchos de esos grupos sociales -que son el germen de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO)-, habían cambiado de bando, se pasaron a la coalición Por el Bien de Todos, votaron por todos los candidatos de la misma, pero seguían cobrando en el gobierno estatal, en manos del PRI. "¡Ya basta¡", dijo un día Ulises Ruiz, y retiró los apoyos económicos, sobre todo ante la proximidad de la elección federal del 2 de julio. Algo similar ocurrió con el magisterio disidente, los maestros de la sección 22, quienes siempre han recibido apoyos del gobierno en turno pero que ahora también dejaron solo al PRI, no sólo en la elección de Ulises Ruiz, sino en la presidencial del pasado 2 de julio.
Sin el menor tacto político, el señor Ulises Ruiz metió en el mismo costal de la inconformidad a los damnificados de la elección en la que se hizo del gobierno estatal, a los jefes de las organizaciones sociales que vivían del dinero público, y a los maestros disidentes. En pocas palabras, tuvo la virtud de unificar a los más beligerantes sectores sociales y políticos de Oaxaca, pero en su contra. Con una visión miope de lo que estaba pasando en su entidad natal y que ahora le correspondía gobernar -porque cuando no se pasaba en la campaña presidencial de Madrazo, era más fácil verlo en los comederos políticos de Polanco-, Ulises Ruiz intentó crear su propia red de aliados políticos, su propia clase política para bloquear a sus adversarios, pero lo único que consiguió fue el fenómeno del panal. Darle de palos al avispero. Y sí, luego debió salir corriendo, pidiendo a gritos la intervención del gobierno federal.
Facturas por cobrar
Lo que está en juego en Oaxaca no es ni la dignidad de unos y menos la persecución de los otros. No, por obsceno que parezca -porque es una obscenidad la disputa por el poder-, lo que pelean los integrantes de la APPO, del magisterio y los derrotados en la pasada contienda para renovar el gobierno estatal, es el reparto del poder y del dinero presupuestal. Sí, en México y en cualquier parte del mundo, todo nuevo grupo que accede al poder público, al gobierno; sea municipal, estatal o federal, debe respetar las reglas básicas del juego; compartir ese poder y repartir el presupuesto, el dinero pues. Pero el nuevo gobernador de Oaxaca se negó a respetar esas reglas del juego, intentó crear su propia clase política, sus propios aliados y aplastar a los grupos tradicionales, hasta que consiguió unir a todos, pero en su contra.
Ulises Ruiz le arrebató a la mala el poder al grupo de Diódoro Carrasco -cuyo delfín era nada menos que Gabino Cué-, pero al mismo tiempo rompió con los grupos sociales que -más allá de razones ideológicas-, son los amortiguadores políticos a los graves problemas sociales de extensas regiones de Oaxaca. De esa manera, cuando se rompieron los vasos comunicantes de la política y del dinero que aceitaba el control social, el señor Ulises Ruiz se convirtió en el enemigo número uno de importantes grupos políticos y sociales. Y es que se suspendió el reparto de cuotas de poder y el flujo de dinero público a decenas de líderes que nacieron, crecieron y hasta podrían morir en esa cultura, la de vivir del dinero público.
Y en ese río revuelto ganaron espacios los sectores duros de cada uno de los grupos, líderes vinculados con desprendimientos de formaciones guerrilleras a los que no les importa tanto el reparto del poder o el restablecimiento de los flujos de dinero, como el ensayo de células urbanas, la práctica de estrategias radicales -como el asalto a radiodifusoras, la creación de comandos de resistencia, grupos de adoctrinamiento y otros-, que han convertido al centro de Oaxaca, sobre todo por las noches, en verdaderos campos de entrenamiento de lo que tiene todas las características de una guerrilla urbana.
Rodar y rodar...
Desde el inicio del conflicto -hace casi 130 días-, el gobierno federal se mantuvo al margen. Incluso urgió al gobierno local a buscar una respuesta. El desinterés del gobierno de Fox fue producto de la tensión de las semanas previas al 2 de julio. No se quería contaminar la elección. Pero luego siguió el desinterés porque en la etapa postelectoral el horno seguía sin estar para bollos. Pero lo cierto es que siempre ha estado latente la posibilidad de una solución de fuerza. Sin embargo el gobierno foxista está dispuesto a hacer todo lo posible, antes de aceptar la demanda de retirar los plantones y lograr la estabilidad en Oaxaca a cambio de la cabeza de Ulises Ruiz. En el gobierno de Vicente Fox tienen claro que entregar la cabeza de Ulises Ruiz sería el reconocimiento de que la democracia mexicana sigue dando pasos en reversa. Estaríamos ante una peligrosa concertacesión, al estilo de Carlos Salinas. El fenómeno podría resultar incluso peor, ya que el gobierno federal habría sido víctima de una presión y chantaje provenientes de grupos que rompieron todas las reglas de convivencia, que de manera violenta asaltaron no sólo a los poderes del estado de Oaxaca, sino a particulares, como es el caso de las radiodifusoras y otros sectores empresariales. Por eso, aceptar a cambio de la paz social la entrega de la cabeza de Ulises Ruiz, sería le mejor evidencia del estrepitoso fracaso del gobierno de Fox. Pero no sería todo, sino que el siguiente en caer podría ser no sólo cualquier otro gobernador, sino el propio presidente entrante, Felipe Calderón.
Por eso el gobierno foxista insiste en el diálogo como la única vía para solucionar el conflicto. Pero ese camino no es más que un eufemismo que en la práctica se ha convertido en un rotundo fracaso, porque los grupos inconformes no están dispuestos a aceptar nada que no sea la salida de Ulises Ruiz. Es decir, no hay negociación posible, porque todo eventual acuerdo pasa por la renuncia del gobernador de Oaxaca. Y por supuesto que no se descarta la renuncia unilateral. En pocas palabras, que al interior del PRI, en un acuerdo con la dirigencia partidista y con la ayuda de un grupo de gobernadores, se pretende convencer a Ruiz para que se retire por voluntad propia, con la certeza de que en su lugar llegue otro priísta. Pero la caída de Ulises, para el derrotado candidato Gabino Cué, no es más que la oportunidad de convertirse en gobernador. Ese es el riesgo, que gracias a la presión social, al acuerdo y la negociación política, se regrese a los tiempos de las concertacesiones del salinismo.
Como sea, lo cierto es que la crisis política y de gobernabilidad que se vive en Oaxaca pasa por sus momentos de mayor tensión, sobre todo porque los líderes del magisterio y de la APPO dan señales de ser rebasados por los sectores duros. Los liderazgos que hasta hace un par de semanas se habían sentado a dialogar con el gobierno -verdadero diálogo de sordos en donde la única premisa sobre la mesa era la renuncia del gobernador de Oaxaca-, hoy ya fueron rebasados y más que nunca está presente el uso de la fuerza como recurso último. Y es que esos sectores duros, radicales, que tienen vínculo con desprendimientos de grupos guerrilleros, parecen dispuestos a no ceder ni un milímetro, lo que significa no negociar nada si no es luego de que renuncie Ulises Ruiz.
El gobierno federal esperará la evolución de los acontecimientos en los próximos días, hará una evaluación de los riesgos de que la marcha que salió el pasado viernes de Oaxaca llegue al Distrito Federal, y si no hay alternativas ni espacios reales para el diálogo, responderá con la fuerza pública. Ni Fox ni Calderón quieren llegar a ese extremo, pero tampoco quieren que el conflicto se prolongue por más tiempo, no quieren que llegue al 2 de octubre y menos al 1 de diciembre. Y en el equipo de Fox, los operadores políticos que aún siguen al pie del cañón, saben que de no avanzar por el camino del diálogo, el acuerdo y la negociación, deberán pagar los costos que sea necesario, para resolver el conflicto antes del 1 de diciembre.
´Focos rojos´ el 1 de diciembre
Y es que la toma de posesión de Felipe Calderón, prevista para el 1 de diciembre en el Congreso, es otro peligroso dique que deberán salvar tanto el gobierno entrante como el que se va. Los operadores políticos de los dos gobiernos saben que el PRD tratará de impedir que Calderón proteste ante el pleno del Congreso, como está previsto. Para ello ya tiene lista una bien diseñada estrategia que incluye, en el extremo, que Calderón proteste por escrito y que ofrezca su mensaje por cadena nacional. Y si a ese conflicto se le agrega el que se crearía con los maestros y la APPO en la ciudad de México, el asunto sería de muy alto riesgo. Por eso el de Oaxaca es un asunto que deberá resolverse antes del fin de semana venidero. Al tiempo
Desconfianza
El lado subjetivo de la política es tan importante como el conjunto de hechos e instituciones que la configuran. Para los comentaristas de lo público y para quienes practican la ciencia política es un tema huidizo, de difícil aprehensión y, por lo mismo, ignorado con la mayor frecuencia. La sicología política es una disciplina de aún escaso desarrollo que sigue siendo superada por las tradiciones interpretativas.
No obstante, se trata de un tema de la mayor relevancia. Asuntos como la opinión sobre la política, la cultura sobre el derecho y la responsabilidad personal y grupal dependen, para su comprensión, de herramientas que hagan posible entender cómo procede la subjetividad de las personas ante los acontecimientos e instituciones de la vida económica, social y política.
Demandas que por habituales se han vuelto ya lugar común, como exigir estado de derecho, la implantación de una "verdadera" justicia, que la transparencia elimine la opacidad y otras muchas, están asociadas fuertemente con el lado subjetivo, con los "modelos" con que pensamos, con las reacciones, casi siempre automatizadas, que tenemos al enfrentarnos a los "hechos" de la política, que no son sino los actos de otros individuos igualmente portadores de una subjetividad.
Cuando Immanuel Kant, el filósofo esencial para la comprensión moderna de la política, el derecho y el Estado, formuló sus argumentos a favor de una "razón pura" y una ética irreprochable en la convivencia social, pensó que era indispensable una adecuación entre la "moral" del individuo y la organización del orden político, y que el derecho era la expresión más acabada de esta adecuación; a tal grado que el derecho mismo sería la mediación que daría lugar a la coordinación entre sociedad y Estado, subjetividad y objetividad, con parsimonia.
Hoy, cuando la sociedad se pregunta sobre las razones de un orden perdido y los espíritus perplejos de los políticos, en el mejor de los casos, se disputan la prelación para efectuar un reordenamiento de la política y el Estado, es relevante preguntarse sobre las preocupaciones subjetivas que están en la base de los motivos políticos.
Durante la campaña electoral, se dice, el público fue explotado por los partidos para infundir miedo. Miedo si gobernase la "izquierda", miedo si lo hiciera la "derecha". Las demonizaciones entre alternativas políticas estuvieron al orden del día. Se ha dicho también que esto inhibió a los ciudadanos, desalentó a los votantes y que a muchos los hizo cambiar el sentido de su voto.
Pero ¿realmente se violó la ley cuando se produjeron estas bravuconadas entre candidatos y partidos? ¿Qué no estaba previsto por los arreglos entre partidos que este tipo de campañas era y es posible? Más importante aún: ¿de veras las "campañas del miedo" infundieron tal temor en los electores que cambiaron su voto? ¿Acaso la política no está hecha al mismo tiempo de miedo y deseo, sus pasiones principales?
Si se revisan las encuestas de intención de voto levantadas en el primer semestre del año podemos ver que hacia junio, menos de un mes antes de las elecciones, la cantidad de indecisos alcanzaba 16%. Solamente 47% de los electores decía con toda seguridad que ya había decidido su voto. Sumados ambos grupos alcanzan una cifra muy semejante al porcentaje de participación efectiva de los electores en la votación. Pero la diferencia entre el ganador y el segundo lugar, de sólo medio punto porcentual, la dieron los indecisos, que o no sabían todavía por quién votar o que, aunque tenían una preferencia, aún estaban dispuestos a cambiarla (Consulta Mitofsky, "Así van al 2006", junio de 2006).
Estas respuestas se acercan mucho a un comportamiento normal en cualquier proceso electoral y revelan un electorado maduro, que sabe lo que quiere y que cuando duda, trabaja por aclarar sus dudas y optar en consecuencia. Con los datos disponibles, la única forma de juzgar acerca de la influencia que las "campañas del miedo" tuvieron sobre los electores es el contenido mismo de los mensajes. Como sabe cualquier estudiante de primer año de comunicaciones, juzgar de este modo no es sino prejuzgar, pues el contenido del mensaje no es relevante para probar su incidencia.
No parece ser pues el miedo el que predominó en la decisión electoral. En su lugar sí hay otro componente que parece normar el sentimiento de la gente: la desconfianza. En la última medición de "Confianza en las instituciones", presentada por la misma empresa citada, los partidos políticos ocupan el antepenúltimo lugar de una lista de 19 instituciones. Su mala reputación solamente es superada por los sindicatos y los diputados y, para colmo, son superados en prestigio por ¡la policía!
Esta medición se realiza periódicamente y se correlaciona consistentemente con otras encuestas nacionales. La desconfianza en algunas de las instituciones de la política es una nota relevante que contrasta, no obstante, con el comportamiento cívico de quienes han salido a votar y también de quienes han servido a la democracia como funcionarios-ciudadanos en la jornada electoral.
Es ya tiempo de pensar seriamente en este distanciamiento de los partidos políticos y los ciudadanos. Todos los indicadores apuntan hacia esta brecha.
Pero la brecha es insuperable si los modelos subjetivos de los políticos no evolucionan hacia un ajuste con los referentes que proporciona el público. No hay otro camino para conseguir confianza. Como lo señaló el sociólogo chileno Norbert Lechner (Los patios interiores de la democracia), construir un orden es, al final de cuentas, "un intento de compartir, y sólo compartimos lo que elaboramos intersubjetivamente; sólo entonces es nuestro mundo, nuestro tiempo".
No obstante, se trata de un tema de la mayor relevancia. Asuntos como la opinión sobre la política, la cultura sobre el derecho y la responsabilidad personal y grupal dependen, para su comprensión, de herramientas que hagan posible entender cómo procede la subjetividad de las personas ante los acontecimientos e instituciones de la vida económica, social y política.
Demandas que por habituales se han vuelto ya lugar común, como exigir estado de derecho, la implantación de una "verdadera" justicia, que la transparencia elimine la opacidad y otras muchas, están asociadas fuertemente con el lado subjetivo, con los "modelos" con que pensamos, con las reacciones, casi siempre automatizadas, que tenemos al enfrentarnos a los "hechos" de la política, que no son sino los actos de otros individuos igualmente portadores de una subjetividad.
Cuando Immanuel Kant, el filósofo esencial para la comprensión moderna de la política, el derecho y el Estado, formuló sus argumentos a favor de una "razón pura" y una ética irreprochable en la convivencia social, pensó que era indispensable una adecuación entre la "moral" del individuo y la organización del orden político, y que el derecho era la expresión más acabada de esta adecuación; a tal grado que el derecho mismo sería la mediación que daría lugar a la coordinación entre sociedad y Estado, subjetividad y objetividad, con parsimonia.
Hoy, cuando la sociedad se pregunta sobre las razones de un orden perdido y los espíritus perplejos de los políticos, en el mejor de los casos, se disputan la prelación para efectuar un reordenamiento de la política y el Estado, es relevante preguntarse sobre las preocupaciones subjetivas que están en la base de los motivos políticos.
Durante la campaña electoral, se dice, el público fue explotado por los partidos para infundir miedo. Miedo si gobernase la "izquierda", miedo si lo hiciera la "derecha". Las demonizaciones entre alternativas políticas estuvieron al orden del día. Se ha dicho también que esto inhibió a los ciudadanos, desalentó a los votantes y que a muchos los hizo cambiar el sentido de su voto.
Pero ¿realmente se violó la ley cuando se produjeron estas bravuconadas entre candidatos y partidos? ¿Qué no estaba previsto por los arreglos entre partidos que este tipo de campañas era y es posible? Más importante aún: ¿de veras las "campañas del miedo" infundieron tal temor en los electores que cambiaron su voto? ¿Acaso la política no está hecha al mismo tiempo de miedo y deseo, sus pasiones principales?
Si se revisan las encuestas de intención de voto levantadas en el primer semestre del año podemos ver que hacia junio, menos de un mes antes de las elecciones, la cantidad de indecisos alcanzaba 16%. Solamente 47% de los electores decía con toda seguridad que ya había decidido su voto. Sumados ambos grupos alcanzan una cifra muy semejante al porcentaje de participación efectiva de los electores en la votación. Pero la diferencia entre el ganador y el segundo lugar, de sólo medio punto porcentual, la dieron los indecisos, que o no sabían todavía por quién votar o que, aunque tenían una preferencia, aún estaban dispuestos a cambiarla (Consulta Mitofsky, "Así van al 2006", junio de 2006).
Estas respuestas se acercan mucho a un comportamiento normal en cualquier proceso electoral y revelan un electorado maduro, que sabe lo que quiere y que cuando duda, trabaja por aclarar sus dudas y optar en consecuencia. Con los datos disponibles, la única forma de juzgar acerca de la influencia que las "campañas del miedo" tuvieron sobre los electores es el contenido mismo de los mensajes. Como sabe cualquier estudiante de primer año de comunicaciones, juzgar de este modo no es sino prejuzgar, pues el contenido del mensaje no es relevante para probar su incidencia.
No parece ser pues el miedo el que predominó en la decisión electoral. En su lugar sí hay otro componente que parece normar el sentimiento de la gente: la desconfianza. En la última medición de "Confianza en las instituciones", presentada por la misma empresa citada, los partidos políticos ocupan el antepenúltimo lugar de una lista de 19 instituciones. Su mala reputación solamente es superada por los sindicatos y los diputados y, para colmo, son superados en prestigio por ¡la policía!
Esta medición se realiza periódicamente y se correlaciona consistentemente con otras encuestas nacionales. La desconfianza en algunas de las instituciones de la política es una nota relevante que contrasta, no obstante, con el comportamiento cívico de quienes han salido a votar y también de quienes han servido a la democracia como funcionarios-ciudadanos en la jornada electoral.
Es ya tiempo de pensar seriamente en este distanciamiento de los partidos políticos y los ciudadanos. Todos los indicadores apuntan hacia esta brecha.
Pero la brecha es insuperable si los modelos subjetivos de los políticos no evolucionan hacia un ajuste con los referentes que proporciona el público. No hay otro camino para conseguir confianza. Como lo señaló el sociólogo chileno Norbert Lechner (Los patios interiores de la democracia), construir un orden es, al final de cuentas, "un intento de compartir, y sólo compartimos lo que elaboramos intersubjetivamente; sólo entonces es nuestro mundo, nuestro tiempo".
miércoles, septiembre 13, 2006
Agencia Espacial Mexicana
A 21 años del primer astronauta mexicano por fin han creado la Agencia Espacial Mexicana o AEXA. El pasado 26 de abril se aprobo en la camara de diputado y en Diciembre de este año arranca su pleno funcionamiento
Guiños con Fidel
Calderón, rompiendo muy discretamente con el presidente Vicente Fox, estableció una comunicación política con Fidel Castro
A l cumplirse cinco años de los ataques terroristas en Estados Unidos, la revisión de la política exterior del gobierno de Vicente Fox vuelve a ser uno de los referentes del debate político nacional. ¿Qué tanto se comenzó a perder en la política exterior mexicana con el descontrol del Presidente y su inacción? ¿Qué tanto aceleró el alejamiento con el régimen de Fidel Castro? Lo que sucedió es imposible que sea corregido por este gobierno, pero la coyuntura internacional, paradójicamente, abre una puerta para que el nuevo gobierno de Felipe Calderón trate de enmendar los yerros pasados.
Una fotografía que dio la vuelta al mundo, la del comandante Castro en la cama, convaleciente de una enfermedad, departiendo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, modificó la inutilidad geopolítica en la que se encontraba México y volvió a convertirse para Washington en una relación geoestratégica. Calderón interpretó correctamente las nuevas señales del aliado comercial de México y tomó una iniciativa audaz: le envió una carta personal a Castro para expresarle su deseo por una pronta recuperación. La carta tiene apenas tres párrafos, pero en una parte de su redacción, donde afirma que las relaciones históricas de los dos países están por encima de todas las cosas, el Presidente electo se desmarca totalmente de Fox.
La carta generó sorpresa y respuesta positiva, enviada, como muchas cosas cubanas, en un lenguaje codificado. Cuando en la lucha postelectoral la coalición Por el Bien de Todos difundió a través de la radio extractos de la declaración en La Habana del empresario Carlos Ahumada donde confirmaba la conspiración de un grupo de poder en contra de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno cubano se desmarcó rápidamente. Lo hizo, en la misma capital cubana, el embajador en México, Jorge Bolaños, muy cercano a Castro y con rango de viceministro primero de Relaciones Exteriores. A un guiño, otro guiño.
Calderón se encuentra evaluando una visita a La Habana previo a su toma de posesión, como una señal suficientemente clara de que Cuba es la tercera frontera mexicana. Es difícil, sin embargo, que ésta se concrete, en particular porque se tomaría como una afrenta al gobierno de Fox y obligaría al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, a emitir una declaración desaprobatoria. Las relaciones entre el equipo de Calderón y el gabinete foxista no están en el mejor de sus momentos -si es que alguna vez lo estuvieron-, por lo que es probable que una visita a Cuba quede para después. Sin embargo, la política exterior calderonista, por las primeras pinceladas, será bastante distinta a la foxista.
Washington ve con buenos ojos el reacercamiento con Cuba -fue uno de los afectados por la desastrosa ruta de colisión del ex canciller Jorge Castañeda-, ante el activismo internacional de Chávez. En los últimos meses, el presidente venezolano no sólo ha ido en varias ocasiones a Cuba, sino también a Bolivia a visitar al presidente Evo Morales, a quien ayudó financieramente durante su campaña, y a varias naciones antagónicas de Estados Unidos, con la intención final de conseguir un asiento para Venezuela en el próximo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Calderón trae la mira puesta en una política exterior cuya prioridad deje de ser meramente norteamericana, como ha sido desde el gobierno de Carlos Salinas, y pase a ser también panamericana. Sin descuidar la relación intensa e interdependiente con Estados Unidos, apunta al fortalecimiento de un eje latinoamericano. Por ello, su primer viaje como Presidente electo será a Guatemala, donde probablemente hable con varios presidentes centroamericanos, de donde viajará a Colombia -para restablecer el liderazgo perdido en la región frente a Venezuela-, y posiblemente una extensión a Chile, para invitar personalmente a la presidenta Michelle Bachelet a su toma de posesión.
Este diseño de las relaciones hemisféricas tiene, como una externalidad, contribuir asimismo al rebase por la izquierda que quiere hacer de la oferta programática de López Obrador, y enfrentar al mismo tiempo el viejo reclamo mexicano y latinoamericano de que México volteó desde hace tres sexenios únicamente a Norteamérica, vendiéndoles su alma, su soberanía y su destino. Este mapa de navegación que se está dibujando en el equipo de transición busca aprovechar la nueva coyuntura internacional, con la preocupación norteamericana por Chávez, y el regreso a una política más latinoamericanista en la región, estratégica para la negociación con Estados Unidos -por la emigración centroamericana-, y un reencuentro con Cuba, en particular por la transición política en la isla que ha comenzado al dejar Castro el poder formal a su hermano Raúl, como consecuencia de su enfermedad.
El obstáculo que deberá sortear Calderón es en la integración de su equipo en política exterior y la designación de su nuevo canciller. Aunque originalmente la cartera se la estaban peleando, sin decirlo abiertamente, el ex secretario zedillista Luis Téllez, y el ex subsecretario de Relaciones Exteriores salinista y ex embajador en el anterior gobierno, Andrés Rozental -impulsado por su medio hermano Castañeda-, en las últimas semanas surgió el nombre de Josefina Vázquez Mota como la posible encargada de ese despacho. Vázquez Mota sigue peleando un área de conducción política dentro del nuevo gobierno calderonista, pero ni es del agrado de su equipo más cercano, ni ha podido establecer aún contacto político efectivo con sus adversarios electorales. En la Cancillería mexicana, inclusive, ven más cercana su llegada que la de cualquier otro candidato.
En todo caso, aún es temprano para saber, incluso dentro del equipo de Calderón, quiénes serán los miembros del gabinete. Están trabajando sobre perfiles y buscando hacer a un lado a personas que pudieran arruinar el diseño en elaboración, como la panista Cecilia Romero, que aspiraría cuando menos a una subsecretaría en Relaciones Exteriores, pero cuya inclusión, en definitiva, rompería con todos estos aliados tácticos con quienes se está buscando reconstruir la relación. La pugna por esa cartera, sin embargo, ya está abierta, y no es nada prometedora para los planes que, por ahora, tiene Calderón. Aunque Rozental y Téllez son personas altamente capaces y que podrían ocupar sin problema la Cancillería, su visión hacia el norte no los hace ser los mejores perfiles para el cargo. Vázquez Mota, menos aún. Entre sus déficits se encuentra también su desconocimiento de la política exterior. Difícil lo tiene Felipe Calderón. Ya sabe qué tipo de zapato quiere y su horma, pero no se ve, en su horizonte, con quién ocuparlos para restablecer la díada estratégica mexicana Washington-La Habana.
A l cumplirse cinco años de los ataques terroristas en Estados Unidos, la revisión de la política exterior del gobierno de Vicente Fox vuelve a ser uno de los referentes del debate político nacional. ¿Qué tanto se comenzó a perder en la política exterior mexicana con el descontrol del Presidente y su inacción? ¿Qué tanto aceleró el alejamiento con el régimen de Fidel Castro? Lo que sucedió es imposible que sea corregido por este gobierno, pero la coyuntura internacional, paradójicamente, abre una puerta para que el nuevo gobierno de Felipe Calderón trate de enmendar los yerros pasados.
Una fotografía que dio la vuelta al mundo, la del comandante Castro en la cama, convaleciente de una enfermedad, departiendo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, modificó la inutilidad geopolítica en la que se encontraba México y volvió a convertirse para Washington en una relación geoestratégica. Calderón interpretó correctamente las nuevas señales del aliado comercial de México y tomó una iniciativa audaz: le envió una carta personal a Castro para expresarle su deseo por una pronta recuperación. La carta tiene apenas tres párrafos, pero en una parte de su redacción, donde afirma que las relaciones históricas de los dos países están por encima de todas las cosas, el Presidente electo se desmarca totalmente de Fox.
La carta generó sorpresa y respuesta positiva, enviada, como muchas cosas cubanas, en un lenguaje codificado. Cuando en la lucha postelectoral la coalición Por el Bien de Todos difundió a través de la radio extractos de la declaración en La Habana del empresario Carlos Ahumada donde confirmaba la conspiración de un grupo de poder en contra de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno cubano se desmarcó rápidamente. Lo hizo, en la misma capital cubana, el embajador en México, Jorge Bolaños, muy cercano a Castro y con rango de viceministro primero de Relaciones Exteriores. A un guiño, otro guiño.
Calderón se encuentra evaluando una visita a La Habana previo a su toma de posesión, como una señal suficientemente clara de que Cuba es la tercera frontera mexicana. Es difícil, sin embargo, que ésta se concrete, en particular porque se tomaría como una afrenta al gobierno de Fox y obligaría al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, a emitir una declaración desaprobatoria. Las relaciones entre el equipo de Calderón y el gabinete foxista no están en el mejor de sus momentos -si es que alguna vez lo estuvieron-, por lo que es probable que una visita a Cuba quede para después. Sin embargo, la política exterior calderonista, por las primeras pinceladas, será bastante distinta a la foxista.
Washington ve con buenos ojos el reacercamiento con Cuba -fue uno de los afectados por la desastrosa ruta de colisión del ex canciller Jorge Castañeda-, ante el activismo internacional de Chávez. En los últimos meses, el presidente venezolano no sólo ha ido en varias ocasiones a Cuba, sino también a Bolivia a visitar al presidente Evo Morales, a quien ayudó financieramente durante su campaña, y a varias naciones antagónicas de Estados Unidos, con la intención final de conseguir un asiento para Venezuela en el próximo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Calderón trae la mira puesta en una política exterior cuya prioridad deje de ser meramente norteamericana, como ha sido desde el gobierno de Carlos Salinas, y pase a ser también panamericana. Sin descuidar la relación intensa e interdependiente con Estados Unidos, apunta al fortalecimiento de un eje latinoamericano. Por ello, su primer viaje como Presidente electo será a Guatemala, donde probablemente hable con varios presidentes centroamericanos, de donde viajará a Colombia -para restablecer el liderazgo perdido en la región frente a Venezuela-, y posiblemente una extensión a Chile, para invitar personalmente a la presidenta Michelle Bachelet a su toma de posesión.
Este diseño de las relaciones hemisféricas tiene, como una externalidad, contribuir asimismo al rebase por la izquierda que quiere hacer de la oferta programática de López Obrador, y enfrentar al mismo tiempo el viejo reclamo mexicano y latinoamericano de que México volteó desde hace tres sexenios únicamente a Norteamérica, vendiéndoles su alma, su soberanía y su destino. Este mapa de navegación que se está dibujando en el equipo de transición busca aprovechar la nueva coyuntura internacional, con la preocupación norteamericana por Chávez, y el regreso a una política más latinoamericanista en la región, estratégica para la negociación con Estados Unidos -por la emigración centroamericana-, y un reencuentro con Cuba, en particular por la transición política en la isla que ha comenzado al dejar Castro el poder formal a su hermano Raúl, como consecuencia de su enfermedad.
El obstáculo que deberá sortear Calderón es en la integración de su equipo en política exterior y la designación de su nuevo canciller. Aunque originalmente la cartera se la estaban peleando, sin decirlo abiertamente, el ex secretario zedillista Luis Téllez, y el ex subsecretario de Relaciones Exteriores salinista y ex embajador en el anterior gobierno, Andrés Rozental -impulsado por su medio hermano Castañeda-, en las últimas semanas surgió el nombre de Josefina Vázquez Mota como la posible encargada de ese despacho. Vázquez Mota sigue peleando un área de conducción política dentro del nuevo gobierno calderonista, pero ni es del agrado de su equipo más cercano, ni ha podido establecer aún contacto político efectivo con sus adversarios electorales. En la Cancillería mexicana, inclusive, ven más cercana su llegada que la de cualquier otro candidato.
En todo caso, aún es temprano para saber, incluso dentro del equipo de Calderón, quiénes serán los miembros del gabinete. Están trabajando sobre perfiles y buscando hacer a un lado a personas que pudieran arruinar el diseño en elaboración, como la panista Cecilia Romero, que aspiraría cuando menos a una subsecretaría en Relaciones Exteriores, pero cuya inclusión, en definitiva, rompería con todos estos aliados tácticos con quienes se está buscando reconstruir la relación. La pugna por esa cartera, sin embargo, ya está abierta, y no es nada prometedora para los planes que, por ahora, tiene Calderón. Aunque Rozental y Téllez son personas altamente capaces y que podrían ocupar sin problema la Cancillería, su visión hacia el norte no los hace ser los mejores perfiles para el cargo. Vázquez Mota, menos aún. Entre sus déficits se encuentra también su desconocimiento de la política exterior. Difícil lo tiene Felipe Calderón. Ya sabe qué tipo de zapato quiere y su horma, pero no se ve, en su horizonte, con quién ocuparlos para restablecer la díada estratégica mexicana Washington-La Habana.
jueves, agosto 24, 2006
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