Democracia cotada

En efecto, sólo aquellos que de manera trágica han perdido a un ser querido -hijo, padre, hermano, esposo...- entienden el dolor de los familiares de los obreros atrapados en la mina Pasta de Conchos en Coahuila. Sólo ellos saben de la desesperación y la rabia por la pérdida, y sobre todo saben de la angustia por no encontrar los cuerpos, por suspender la búsqueda, por cancelar la esperanza.
Nadie como aquellos que de manera trágica han perdido a un ser querido saben de la magnitud de la pérdida, de la desesperanza, de la impotencia ante la cancelación trágica de la vida. Nada compensa ese dolor, el dolor más cercano a la muerte, sobre todo cuando se sabe que decenas de vidas se perdieron por la voracidad empresarial, por la incompetencia oficial y por la simulación sindical.
Nada compensa ese dolor, cuando se sabe que la democracia mexicana -esa de la que alardean en ofensivos derroches mediáticos lo mismo gobernantes que partidos políticos; políticos profesionales y candidatos presidenciales- no es capaz de traducirse en beneficios mínimos de seguridad y bienestar para los miles de obreros mineros del "México democrático".
Democracia fracasada
En efecto, el dolor por las vidas perdidas sólo lo entienden quienes han pasado por experiencias similares, pero lo que entienden los mexicanos en general, o muchos de ellos, es que la tragedia de Pasta de Conchos es una ofensa para los ciudadanos todos, una trágica muestra de que aún en democracia las condiciones de esclavitud siguen vigentes en el México de la alternancia, la pluralidad, la naciente democracia. Los mineros atrapados, y los que hoy mismo siguen trabajando en las distintas regiones del país en donde predomina esa actividad, son los modernos esclavos que gracias a la voracidad empresarial, a la ineficacia gubernamental y a la corrupción sindical nada tienen que agradecer a la democracia.
No es concebible que a pesar del alto riesgo de la actividad minera en las zonas carboníferas de Coahuila, y de otras entidades del país, los mineros mexicanos trabajen en condiciones de inseguridad como las que prevalecían en Pasta de Conchos. Es una ofensa para una sociedad que se dice democrática, que esos obreros vivan en condiciones de explotación que los coloca, a nivel mundial, como los peor pagados. Y es intolerable que autoridades y sindicatos del ramo permitan esas riesgosas condiciones de trabajo y esos salarios de hambre, cuando la actividad minera, y sobre todo la del carbón, es una actividad de reconocida rentabilidad.
Sin duda que luego de la tragedia en Pasta de Conchos la prioridad era y es el rescate de vidas y, en su caso, la recuperación de los cuerpos de los que pudieron haber fallecido. Pero esa prioridad, así como la solidaridad y la atención hacia las familias de los mineros atrapados, no limita ni disminuye la responsabilidad de los empresarios propietarios de las minas, de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y del gremio minero. No se trata, en el caso de la explosión que destruyó la mina y que dejó atrapados y posiblemente muertos a 65, de una tragedia de origen natural. No se trató de un terremoto, de un huracán o de un tsunami, por mencionar flagelos impredecibles.
No, se trató de un accidente predecible y evitable, de una falla que pudo ser técnica o humana, o una combinación de las dos, pero que se pudo prever, si los sistemas de seguridad fueran los adecuados, si las medidas preventivas estuvieran en condiciones óptimas, si la responsabilidad empresarial, gubernamental y sindical funcionaran de acuerdo con los estándares previstos para los elevados niveles de riesgo. Existe una responsabilidad compartida entre empresarios, gobierno y sindicato minero.
Son abundantes los ejemplos de la voracidad de los empresarios mineros -quienes pagan sueldos miserables y ahorran en medidas de seguridad para engordar sus utilidades-, igual que es un secreto a voces la corrupción de autoridades y sindicatos. En México, todos lo saben, todo se arregla mediante la corrupción, sea entre empresarios y gobierno, entre gobierno y sindicato, o entre empresa y sindicato. Y en medio de esas complicidades están los mineros, que trabajan en condiciones de alto riesgo, de auténtica esclavitud y en peligro latente de perder la vida. Una democracia que permite esas complicidades y esa contradicciones no es más que una simulación de democracia. Un remedo de democracia.
Vale más el minero muerto
Hoy se insiste en que apenas los días previos a la explosión de hizo la última revisión para determinar las elevadas concentraciones de gases tóxicos y explosivos en la mina, como para justificar que era óptimas las condiciones de trabajo. Pero también se dice que los mineros, con tal de no perder un bono de productividad, acostumbraban desactivar los sistemas de alarma. Es decir, se intenta acreditar a los mineros la responsabilidad del estallido. Primero se pagan salarios de hambre, a pesar de que las utilidades de la actividad minera son harto rentables, y luego se culpa a los mineros de querer trabajar más, para ganar más. El círculo perverso de la explotación, que se ve en muchas otras ramas industriales. Aún está vivo el ejemplo textil. "Si quieres ganar más, llévate el trabajo a tu casa, para que trabajes de noche, junto con toda la familia".
Pero la paradoja perversa alcanza niveles de "paradoja macabra", de insulto al trabajo y a la vida, cuando en un intento por callar el dolor de los familiares de los mineros atrapados, por comprar con dinero la vida de los mineros atrapados, la empresa Industrial Minera de México les ofreció a esposas, madres y otros familiares, la fabulosa suma de 750 mil pesos por trabajador muerto, además de becas para que los hijos estudien hasta el nivel superior de educación. Además de los salarios de hambre, del desprecio por la vida, por las enfermedades, por la salud, además de que las condiciones laborales eran inadecuadas, los empresarios mineros insultaron a los familiares de los atrapados con un cheque millonario, con el que intentaron callarles la boca.
Un minero mexicano gana, mensualmente, entre mil y tres mil pesos. Debido al alto riesgo de la actividad, al desgaste físico, resulta alarmante la estadística de enfermedades pulmonares, cardíacas, auditivas, neurológicas y muchas otras, al grado que el rango de actividad de los mineros no supera los 15 años de vida laborable. Un minero en esas condiciones gana, en esos 15 años de vida activa, en promedio, no más de 400 mil pesos. Un minero muerto, en una tragedia como la que se vive en Pasta de Conchos vale, según lo que ofreció Industrial Minera México, 750 mil pesos. Es decir, que vale más un minero muerto que un minero vivo. Esa es la "paradoja macabra", la oferta que hace la voraz empresa minera propietaria de Pasta de Conchos. Y en efecto, se podría decir: Qué bueno que a las esposas, madres, hermanos de los mineros atrapados se les ofrecerá una indemnización como esa, además de becas para los hijos de quienes están atrapados bajo los escombros de la mina y que acaso hayan fallecido. Pero el problema de fondo no es la caridad posterior a la muerte, sino la calidad de la vida. Si una empresa como Industrial Minera México tiene recursos para pagar 750 mil pesos por minero muerto, debe tener recursos para pagar un salario digno, remunerativo, suficiente para que un minero vivo, en plena productividad, pueda llevar el sustento a su familia, garantizar la educación de sus hijos, y contar con un seguro que le permita vivir cuando ha pasado su corta etapa productiva.
¿Castigo? Otro insulto
Una empresa como Industrial Minera México, que tasa la vida y el trabajo en salarios de hambre, que a la seguridad laboral y a la seguridad social de sus empleados les da un precio ridículo, y que luego quiere comprar el dolor y el silencio de los familiares de los mineros muertos con cañonazos que superar por mucho el salario de un minero vivo, es una empresa que debe ser sancionada por la autoridad, con todo el peso de la ley, pero que también debe ser sancionada por la opinión pública, con todo el peso del reproche social. En realidad Minera México no es una empresa y sus socios no son empresarios. Más bien estamos ante una máquina de explotación laboral, al estilo decimonónico, en donde un puñado de inversionistas trafican con la vida y el dolor de los hombres. Y todo, claro, en los tiempos de la democracia mexicana, de la alternancia, de la pluralidad. De las libertades.
¿Quién castigará a cual? La anterior interrogante parece otra vulgar paradoja, otro insulto. ¿Quién va a investigar lo ocurrido? ¿Quién será sancionado? La misma complicidad empresa-autoridad-sindicato, que muy probablemente fue la responsable de la explosión que tiene atrapados a los mineros, es la misma complicidad que ya opera para exonerar de toda responsabilidad a la empresa minera, a las autoridades responsables de garantizar la seguridad laboral, y al sindicalismo corrupto que permitió que la mayoría de los trabajadores atrapados no tuvieran, siquiera, la protección gremial.
¿Quién y qué investigarán? Las labores de rescate, los nuevos derrumbes, el levantamiento de escombros, y las actividades que restan para intentar rescatar a los mineros o recuperar sus cadáveres han modificado todo el entorno. Eso, si no es que mañana se decide cerrar la mina y terminar con el clásico carpetazo. O acaso aparezca una de las clásicas y brillantes ideas del gobierno federal en turno, que puede decidir crear una fiscalía especial, otra de esas simulaciones para que nada se sepa y para exonerar a los responsables.
Si ayer se decía que en toda democracia que se respete, escándalos como el de la persecución de la escritora Lydia Cacho, debía producir la renuncia inmediata de gobernantes como el titular del Ejecutivo poblano, Mario Marín, y la sanción a empresarios como Kamel Nacif, hoy debemos insistir en que en una democracia real, que respete a sus ciudadanos -que por cierto son los actores centrales de la democracia-, debe sancionar con toda severidad lo mismo a los empresarios voraces e inmorales de Minera México, a las autoridades responsables de verificar y garantizar la seguridad de centros laborales de alto riesgo como las minas de carbón -entre otras-, y sancionar la complicidad de sindicatos y empresa, que permiten condiciones infrahumanas y de alto riesgo para los trabajadores.
La sanción social
Es muy poco lo que se puede esperar de autoridades federales y estatales que son incapaces siquiera de entender el dolor de los familiares de los mineros atrapados, de autoridades incapaces de una coordinación mínima, que pelean por los reflectores, que permiten ofensas monstruosas como la de tasar con más dígitos la muerte que la vida y el trabajo, y que salen corriendo ante la furia entendible de quienes reclaman eficacia gubernamental ante la más dolorosa de las penas, la de perder a un ser querido en una tragedia de muerte que, en el fondo, no es más que la continuación de la otra tragedia, la de vivir en esclavitud, condenados a la miseria, la desesperanza, el olvido.
Y frente a la voracidad y la inmoralidad empresarial, frente a la ineficacia de la autoridad, frente a la complicidad de virreyezuelos sindicales que lideran a los mineros sin nunca haber pisado una mina, sólo queda la sanción social. ¿Cuántos de los candidatos presidenciales, de esos que recorren el país con su costosa demagogia electorera, de esos que prometen dinero, dádivas, han sido capaces de decirle a la sociedad cómo resolverán el drama de los mineros, de los campesinos, de los trabajadores textiles, de los pescadores..? La sanción social, el castigo a la ineficacia de gobiernos locales, estatales y federales, sean del PRI, del PAN y del PRD, está en la mano de los ciudadanos, de los que decidan votar el 2 de julio próximo.
En efecto, si la tragedia es de todos, la solución la tiene la sociedad toda. Y es que nos guste o no, en democracia, cada pueblo tiene el gobierno que elige. Y mañana tendremos el gobiernos que mayoritariamente decidamos elegir. Por lo pronto ninguno de los que prometen y prometen son capaces de decir cómo resolverán las deudas que tienen políticos, partidos y gobernantes con los mineros, con la sociedad toda. Y si no, al tiempo.
En el camino
Y a propósito de empresarios voraces e inmorales, crece el escándalo sobre el presunto vínculo entre Kamel Nacif, el textilero que hizo famoso el fenómeno góber precioso y la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Resulta que el encargado de recaudar fondos para la campaña presidencial de AMLO, Federico Arreola, se reunió con el señor Kamel Nacif. El señor Arreola niega que el encuentro haya sido para buscar recursos para la campaña de AMLO. Pero si el encuentro fue entre el encargado de recaudar dinero para la campaña de AMLO y un empresario que todos saben que compra lealtades con el apoyo a campañas electorales; y si el encuentro se llevó a cabo en tiempos electorales, entonces tenemos derecho a pensar que se negociaban apoyos económicos a la campaña de López Obrador. Por lo pronto, el candidato López Obrador recurre a su clásica evasiva. Dice que él no estuvo enterado. Lo mismo decía de Bejarano. ¿O no?. Otra vez, al tiempo.