El enorme despertar de la comunidad inmigrante latina de Estados Unidos, en demanda del reconocimiento a derechos sociales elementales, ha provocado ya la ira de los grupos más irracionales y retrógradas de la sociedad estadounidense, que se han dispuesto a acosar y hasta amenazar de muerte a quienes respaldan tal iniciativa.
Las amenazas de muerte han llegado incluso al propio alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, quien, siendo de origen mexicano, no ha dudado en apoyar los planteamientos de aquellos que han pedido al Congreso de EU que apruebe una ley de inmigración que les ayude a normar la estancia y trabajo de más de 12 millones de inmigrantes que laboran en aquel territorio.
Se sabe además de represalias en pequeño contra seis empleados de un restaurante en Houston, que fueron despedidos por participar en las marchas de la semana pasada, así como el caso de 21 extranjeros que perdieron su empleo en Detroit, por la misma razón. Asimismo, los grupos paramilitares de vigilancia fronteriza -constituidos en su mayoría por fanáticos de ultraderecha- han redoblado sus actividades, para detener al mayor número de inmigrantes que les sea posible.
Es lamentable que con las marchas en favor de la legalización de migrantes, se hayan destapado los sentimientos xenófobos más bajos, en un país que hasta hace poco se enorgullecía por su pasado, precisamente, de inmigrantes trabajadores.
Los choques partidistas en el Congreso de aquel país, que han pospuesto hasta ahora cualquier decisión en materia migratoria, deberán moderarse y dar paso a leyes que en verdad normen el paso de trabajadores inmigrantes y su estancia en territorio estadounidense, lo que servirá tanto para salvaguardar la integridad física y laboral de dichas personas, como para hacer más segura la frontera común, al ordenarse el tránsito y bloquear cualquier intento terrorista por usar la frontera común de ambos países como vía de acceso a EU.
Resulta incomprensible la miopía de quienes se oponen a cualquier regulación migratoria, cuando toda esa fuerza laboral, que ya está allá, que tiene años, colabora en gran medida con el producto en bruto de varios estados de la Unión Americana. Sería suicida para varias economías estatales de aquella nación correr a millones de personas que cotidianamente les ayudan a hacer trabajos que son indispensables.
El Congreso de EU tiene gran responsabilidad en legislar con base en hechos reales, y no sólo con base en enfermizas teorías de políticos de derecha, que ven en los migrantes una afrenta a su estilo de vida o, peor todavía, un reto a una supuesta pureza de raza y sangre, que los equipara con los dictadores y genocidas más grandes de la historia.
También el gobierno del presidente George Bush debe tomar en cuenta que ser tibio en materia migratoria sólo alienta estas expresiones de radicalismo ideológico -antesala de un innecesario baño de sangre de activistas y migrantes-, por lo que, de no abordar el tema con la visión integral y de estadista que se requiere, le generará un grave descalabro económico a su nación y un irreparable daño a su seguridad nacional, que tanto dice proteger.
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