Reforma migartoria

Nadie podría negar que la ley migratoria apro-bada por el Senado de EU en su sesión del pasado jueves constituye un avance; y aunque aún falta conciliarla con el agresivo proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, lo más probable es que el resultado constituya la reforma migratoria más importante después de 1986, cuando se otorgó la última amnistía a los trabajadores indocumentados de aquel país. Sin embargo, en tanto esta reforma no sea parte de la estrategia de integración económica de América del Norte, sino la aplicación de varios parches a uno de los fenómenos más complejos de la relación entre los países de la región. Desde su origen, los acuerdos de los legisladores de EU se encuentran rebasados por esa compleja realidad. Y el desfase entre esa complejidad migratoria y el marco jurídico para hacerla transitar, seguramente generará descalabros para los gobiernos de EU y de México.
Si la iniciativa acordada en el pleno del Senado de EU sale adelante, el gran avance sería que el programa de trabajadores temporales se combina con una amnistía a los indocumentados. Esta amnistía está formulada en tres categorías: con el cumplimiento de una serie de requisitos, los trabajadores con residencia de al menos cinco años podrán legalizar su estancia y cinco años después solicitar su ciudadanía. Los 2 millones de migrantes mexicanos que han salido en los últimos cinco años quedan fuera de ese beneficio. A los indocumentados con residencia entre dos y cinco años se les otorgan tres años para que, desde un punto fronterizo, soliciten regresar como trabajadores temporales. Vencer el temor a salir de la clandestinidad, y conseguir los requisitos que les permitan ser contratados como trabajadores temporales, será el principal desafío para ese grupo de migrantes. Y quienes hayan entrado en los dos últimos años (aproximadamente un millón de mexicanos), seguramente serán los más reacios a acogerse a esta reforma, pues les obliga a regresar a su país, y desde ahí solicitar visa de trabajadores temporales o residencia legal permanente.
Mientras esa reforma inicie su aplicación, el flujo de indocumentados mexicanos continuará. En la hipótesis más que conservadora de que ese flujo se mantiene constante, a los 6.5 millones de indocumentados mexicanos se habrán sumado otro millón y medio en los tres primeros años, quienes competirían con los de otros países por un lugar en la cuota del programa especial de trabajadores agrícolas, o por una de las 400 mil visas anuales de trabajadores temporales.
A pesar del avance que significaría esta reforma, la oferta de trabajo de los migrantes seguirá siendo más alta que la demanda contenida en el programa de trabajadores temporales, y la cantidad de indocumentados que ya residen en aquel país, mayor a la cobertura de las tres categorías de la amnistía. Su insuficiencia es evidente, aun suponiendo que los trámites burocráticos no sean obstáculo para su aplicación. Conclusión: seguirá requiriéndose el servicio de los polleros, de manera que el flujo seguro, legal y ordenado de personas que se propone la reforma seguirá siendo una quimera.
A los problemas derivados de esa insuficiencia, hay que agregar los generados por los compromisos que el gobierno mexicano está adquiriendo bajo el llamado principio de la responsabilidad compartida. Ese principio se encuentra en el documento México frente al fenómeno migratorio, y también en la Ley para la Protección a Migrantes y sus Familias, aprobada por el Senado de la República el pasado 4 de abril. Perlas como "exigir, en lo posible." (art. 25 fr. II), se explican por la obsecuencia que en la materia han demostrado el gobierno y las fuerzas políticas, incluyendo a la supuesta izquierda del país, esto es, al PRD.
Es bueno compartir responsabilidades para resolver un problema como la migración, pero siempre y cuando la definición de esas responsabilidades se haga de manera bilateral. No es el caso. Cualquiera que sea la reforma migratoria que apruebe el Congreso de EU, no será producto de un acuerdo bilateral o regional, sino otra imposición unilateral. Menos mal que en esa política están incidiendo las vigorosas manifestaciones de los migrantes residentes en EU.