
"El hombre es la medida de todas las cosas; de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son" (Protagoras). Metros = hombre, es alguien que habla, un ser parlante, elocuente, y lo hace en una lengua, en la medida en que la posee y la usa para expresarse. Asi al hombre se le mide por las cosas que lo rodean, este site esta dedicado a todas esas expresiones e ideas del hombre.
miércoles, mayo 30, 2007
Crimen de Estado
Hace 23 años se asesinó al periodista Manuel Buendía por el temor que publicara la relación del poder político con el narcotráfico, una historia aún secreta
Hace 18 años se encuentra en la cárcel José Antonio Zorrilla Martínez, director de la legendaria Dirección Federal de Seguridad. Para toda una generación su nombre no significa nada, pero Zorrilla Martínez no sólo fue el funcionario de más alto rango en el gobierno de Miguel de la Madrid en pagar por el asesinato del columnista más influyente de los últimos 50 años, Manuel Buendía, sino que fue el chivo expiatorio con cuya condena se encubrió un crimen de Estado.
La noche del 30 de mayo de 1984 Buendía salió de su oficina en Insurgentes, casi llegando a Reforma, cuando un asesino le disparó cinco tiros por la espalda. El asesino huyó por Insurgentes, en el perímetro de la Zona Rosa, que era altamente vigilada por policías y militares en esos años por el alto número de personalidades que comían en sus restaurantes, sin que tuviera mayor problema para escapar. Se subió a una motocicleta y se fue a esconder a las instalaciones de la DFS, a unas cuantas cuadras de ahí.
Zorrilla Martínez llegó con sus principales comandantes a la oficina de Buendía y tomó ilegalmente las riendas del caso. Cuando se le persiguió en el gobierno de Carlos Salinas, él y los comandantes que hicieron la investigación fueron a la cárcel, junto con Manuel Ávila Moro, nieto de un presidente de la República, acusado de haber jalado el gatillo. En realidad, Ávila Moro, agente de la DFS y rockero, no había sido el victimario, sino quien manejó la motocicleta en la que el responsable directo de la ejecución escapó. Éste, descrito por testigos como un tipo alto y fornido, aunque delgado, con una gorra y un corte de pelo estilo militar, resultó ser un coronel que, tres días después de ese crimen, apareció asesinado en Zacatecas con más de 120 puñaladas en el cuerpo.
El asesinato de Buendía fue fraguado con sólo 30 días de antelación, luego de que el columnista retomara en dos columnas una declaración de finales de abril de aquel año de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. A través de pedazos de los detalles de su asesinato recogidos arqueológicamente por los años, se pudo establecer que, como consecuencia de ellas, el secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, convocó a una reunión donde se decidió el destino de Buendía.
Creía, de acuerdo con la información que ha salido a cuentagotas en casi un cuarto de siglo, que Buendía tenía información que vinculaba al Ejército y a altos funcionarios del gobierno federal con el narcotráfico, y que la daría a conocer en su famosa columna Red Privada. En la reunión estuvieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, proveedores de armas para el Ejército, Zorrilla Martínez y varios comandantes de la DFS, un par de ellos asesinados años después en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Una investigación paralela de Samuel del Villar, en ese entonces el cruzado de la renovación moral en Los Pinos, establecía que ante la crisis económica que sufría el gobierno de De la Madrid, se elaboró una política secreta donde el gobierno se haría de fondos del narco mediante la protección de los campos de cultivo. Un ex secretario de Estado en la administración de De la Madrid expresó altas dudas sobre la veracidad de aquel informe, en buena parte porque, comentó, Del Villar -un hombre con una genialidad que tocaba muchas veces la locura- estaba produciendo documentos desconcertantes, como una propuesta al presidente para resolver el problema del sindicato petrolero con una especie de Noche de San Valentín.
Lo que era innegable, de acuerdo con otros ex secretarios de Estado que hablaron con el paso de los años, era que el Ejército sí protegía cultivos de droga, particularmente en Sonora y Sinaloa, y que la participación de Arévalo Gardoqui como jefe de esas actividades siempre fue muy difícil de rebatir. El narcotráfico ya había penetrado las estructuras del poder en México. De hecho, las redes de distribución estaban inmersas en la geopolítica del momento, particularmente la contrarrevolución organizada por Washington en contra del gobierno sandinista en Nicaragua. La ayuda a la contra tenía problemas de abastecimiento de armas por la Enmienda Boland, mediante la cual el Congreso de Estados Unidos prohibía a la Casa Blanca ayudar de cualquier manera, salvo humanitaria, a los contras.
Se conoce ampliamente el caso del Irancontras, que fue una operación para llevar armas a la contra procedentes de Irán a cambio de la liberación de los rehenes estadounidenses en su embajada en Teherán, pero casi nada ha salido, en todo este tiempo, sobre el papel de México. Buendía siguió esa pista con su peculiar olfato periodístico hasta que lo mataron, el mismo día y a la misma hora en que a 2 mil 500 kilómetros, en La Penca, Costa Rica, un agente de la CIA colocó una bomba en una conferencia de prensa convocada por Edén Pastora, el legendario Comandante Cero de los sandinistas que se volteó contra ellos y que para 1984, después de haber sido una de las piezas claves en el trasiego de armas para la contra desde México, se había convertido en un problema para la agencia.
Pastora sobrevivió el atentado donde murieron cuatro personas y 14 resultaron heridas. En esa conferencia que en ese momento no sabía que era promovida por agentes de la CIA en San José, iba a revelar las presiones que tenía de la CIA, que desde Costa Rica controlaba la recepción de armas para la contra, que llegaban a ese país y a la base militar en San Salvador, manejada por los agentes en Centroamérica y por el teniente coronel Oliver North desde la Casa Blanca.
Una de sus primeras declaraciones, muy poco difundidas, fue que el atentado "había venido de México", donde estaba buena parte del trasiego de armas para la contra, que cambiaban por droga en Texas. México era parte de la geopolítica de la guerra fría, donde Estados Unidos cerró sus ojos para beneficios de sus intereses ulteriores. En ese sentido el general Arévalo, pese a la documentación que lo involucraba en el narcotráfico, nunca fue perseguido ni acusado formalmente, como tampoco fueron reveladas las relaciones del Ejército con el narco.
Buendía, temía el secretario de la Defensa, tenía pruebas de cómo él, altos funcionarios de Gobernación y familiares del presidente, estaban metidos en el negocio del narcotráfico. No está claro todavía si cuando Arévalo se alarmó el columnista tenía documentación sólida. Pero Zorrilla Martínez, que era su compadre, sí sabía todo aquel entramado. Pero para un crimen de Estado se necesitaba un hombre de Estado.
En efecto, por más contradictorio que parezca, Zorrilla Martínez se comportó como un hombre de Estado, tragándose todo lo que sabía, guardando silencio entonces y ahora para salvar la viabilidad de un gobierno. Pero, sobre todo, para proteger a los secretarios de Estado que, con la aprobación o no del presidente De la Madrid, metieron sus manos de lleno en el narcotráfico, prólogo pernicioso de la realidad actual.
Hace 18 años se encuentra en la cárcel José Antonio Zorrilla Martínez, director de la legendaria Dirección Federal de Seguridad. Para toda una generación su nombre no significa nada, pero Zorrilla Martínez no sólo fue el funcionario de más alto rango en el gobierno de Miguel de la Madrid en pagar por el asesinato del columnista más influyente de los últimos 50 años, Manuel Buendía, sino que fue el chivo expiatorio con cuya condena se encubrió un crimen de Estado.
La noche del 30 de mayo de 1984 Buendía salió de su oficina en Insurgentes, casi llegando a Reforma, cuando un asesino le disparó cinco tiros por la espalda. El asesino huyó por Insurgentes, en el perímetro de la Zona Rosa, que era altamente vigilada por policías y militares en esos años por el alto número de personalidades que comían en sus restaurantes, sin que tuviera mayor problema para escapar. Se subió a una motocicleta y se fue a esconder a las instalaciones de la DFS, a unas cuantas cuadras de ahí.
Zorrilla Martínez llegó con sus principales comandantes a la oficina de Buendía y tomó ilegalmente las riendas del caso. Cuando se le persiguió en el gobierno de Carlos Salinas, él y los comandantes que hicieron la investigación fueron a la cárcel, junto con Manuel Ávila Moro, nieto de un presidente de la República, acusado de haber jalado el gatillo. En realidad, Ávila Moro, agente de la DFS y rockero, no había sido el victimario, sino quien manejó la motocicleta en la que el responsable directo de la ejecución escapó. Éste, descrito por testigos como un tipo alto y fornido, aunque delgado, con una gorra y un corte de pelo estilo militar, resultó ser un coronel que, tres días después de ese crimen, apareció asesinado en Zacatecas con más de 120 puñaladas en el cuerpo.
El asesinato de Buendía fue fraguado con sólo 30 días de antelación, luego de que el columnista retomara en dos columnas una declaración de finales de abril de aquel año de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. A través de pedazos de los detalles de su asesinato recogidos arqueológicamente por los años, se pudo establecer que, como consecuencia de ellas, el secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, convocó a una reunión donde se decidió el destino de Buendía.
Creía, de acuerdo con la información que ha salido a cuentagotas en casi un cuarto de siglo, que Buendía tenía información que vinculaba al Ejército y a altos funcionarios del gobierno federal con el narcotráfico, y que la daría a conocer en su famosa columna Red Privada. En la reunión estuvieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, proveedores de armas para el Ejército, Zorrilla Martínez y varios comandantes de la DFS, un par de ellos asesinados años después en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Una investigación paralela de Samuel del Villar, en ese entonces el cruzado de la renovación moral en Los Pinos, establecía que ante la crisis económica que sufría el gobierno de De la Madrid, se elaboró una política secreta donde el gobierno se haría de fondos del narco mediante la protección de los campos de cultivo. Un ex secretario de Estado en la administración de De la Madrid expresó altas dudas sobre la veracidad de aquel informe, en buena parte porque, comentó, Del Villar -un hombre con una genialidad que tocaba muchas veces la locura- estaba produciendo documentos desconcertantes, como una propuesta al presidente para resolver el problema del sindicato petrolero con una especie de Noche de San Valentín.
Lo que era innegable, de acuerdo con otros ex secretarios de Estado que hablaron con el paso de los años, era que el Ejército sí protegía cultivos de droga, particularmente en Sonora y Sinaloa, y que la participación de Arévalo Gardoqui como jefe de esas actividades siempre fue muy difícil de rebatir. El narcotráfico ya había penetrado las estructuras del poder en México. De hecho, las redes de distribución estaban inmersas en la geopolítica del momento, particularmente la contrarrevolución organizada por Washington en contra del gobierno sandinista en Nicaragua. La ayuda a la contra tenía problemas de abastecimiento de armas por la Enmienda Boland, mediante la cual el Congreso de Estados Unidos prohibía a la Casa Blanca ayudar de cualquier manera, salvo humanitaria, a los contras.
Se conoce ampliamente el caso del Irancontras, que fue una operación para llevar armas a la contra procedentes de Irán a cambio de la liberación de los rehenes estadounidenses en su embajada en Teherán, pero casi nada ha salido, en todo este tiempo, sobre el papel de México. Buendía siguió esa pista con su peculiar olfato periodístico hasta que lo mataron, el mismo día y a la misma hora en que a 2 mil 500 kilómetros, en La Penca, Costa Rica, un agente de la CIA colocó una bomba en una conferencia de prensa convocada por Edén Pastora, el legendario Comandante Cero de los sandinistas que se volteó contra ellos y que para 1984, después de haber sido una de las piezas claves en el trasiego de armas para la contra desde México, se había convertido en un problema para la agencia.
Pastora sobrevivió el atentado donde murieron cuatro personas y 14 resultaron heridas. En esa conferencia que en ese momento no sabía que era promovida por agentes de la CIA en San José, iba a revelar las presiones que tenía de la CIA, que desde Costa Rica controlaba la recepción de armas para la contra, que llegaban a ese país y a la base militar en San Salvador, manejada por los agentes en Centroamérica y por el teniente coronel Oliver North desde la Casa Blanca.
Una de sus primeras declaraciones, muy poco difundidas, fue que el atentado "había venido de México", donde estaba buena parte del trasiego de armas para la contra, que cambiaban por droga en Texas. México era parte de la geopolítica de la guerra fría, donde Estados Unidos cerró sus ojos para beneficios de sus intereses ulteriores. En ese sentido el general Arévalo, pese a la documentación que lo involucraba en el narcotráfico, nunca fue perseguido ni acusado formalmente, como tampoco fueron reveladas las relaciones del Ejército con el narco.
Buendía, temía el secretario de la Defensa, tenía pruebas de cómo él, altos funcionarios de Gobernación y familiares del presidente, estaban metidos en el negocio del narcotráfico. No está claro todavía si cuando Arévalo se alarmó el columnista tenía documentación sólida. Pero Zorrilla Martínez, que era su compadre, sí sabía todo aquel entramado. Pero para un crimen de Estado se necesitaba un hombre de Estado.
En efecto, por más contradictorio que parezca, Zorrilla Martínez se comportó como un hombre de Estado, tragándose todo lo que sabía, guardando silencio entonces y ahora para salvar la viabilidad de un gobierno. Pero, sobre todo, para proteger a los secretarios de Estado que, con la aprobación o no del presidente De la Madrid, metieron sus manos de lleno en el narcotráfico, prólogo pernicioso de la realidad actual.
sábado, mayo 19, 2007
Lenguas Muertas
Estas son algunas de las lenguas que dejaron de existir para siempre, fuente wikipedia :
Mochica: ca. 1950s
Mohegan: Fidelia Fielding (1908)
Molala: Fred Yelkes (1958)
Munichi: Victoria Huancho Icahuate (late 1990s)
Natchez: Watt Sam & Nancy Raven (early 1930s)
Negerhollands: Alice Stevenson (1987)
Nooksack: Sindick Jimmy (1977)
Northern Pomo: (1994)
Nottoway (an Iroquoian language): last recorded before 1836
Pentlatch (a Salishan language): Joe Nimnim (1940)
Pánobo (a Pano-Tacanan language): 1991
Polabian (a Slavic language): (late 18th century)
Salinan: (ca. 1960)
entire Shastan family
Konomihu
New River Shasta
Okwanuchu
Shasta: 3 elderly speakers in 1980, extinct by 1990
Siuslaw: (ca. 1970s)
Slovincian (a Slavic language): (20th century)
Susquehannock: all last speakers murdered in 1763
Takelma: Molly Orton (or Molly Orcutt) & Willie Simmons (both not fully fluent) last recorded in 1934
Tasmanian: (late 19th century)
Tataviam (an Uto-Aztecan language): Juan José Fustero who remembered only a few words of his grandparents' language (recorded 1913)
Teteté (an Tucanoan language)
Tillamook (a Salishan language): (1970)
Tonkawa: 6 elderly people in 1931
Tsetsaut (an Athabaskan language): last fluent speaker was elderly man recorded in 1894
Tunica: Sesostrie Youchigant (ca. mid 20th century)
Ubykh: Tevfik Esenç (October 1992)
all dialects of Upper Chinook (a Chinookan language) are extinct, except for the Wasco-Wishram dialect. The Clackamas dialect began extinct in the 1930s, other dialects have little documentation. (The Wasco-Wishram dialect is still spoken by 6 elders.)
Upper Umpqua: Wolverton Orton, last recorded in 1942
Vegliot Dalmatian: Tuone Udaina (Italian: Antonio Udina) (10 June 1898)
Wappo
Wiyot: Della Prince (1962)
Yana: Ishi (1916)
Yola related to English (mid 19th c.)
Mohegan: Fidelia Fielding (1908)
Molala: Fred Yelkes (1958)
Munichi: Victoria Huancho Icahuate (late 1990s)
Natchez: Watt Sam & Nancy Raven (early 1930s)
Negerhollands: Alice Stevenson (1987)
Nooksack: Sindick Jimmy (1977)
Northern Pomo: (1994)
Nottoway (an Iroquoian language): last recorded before 1836
Pentlatch (a Salishan language): Joe Nimnim (1940)
Pánobo (a Pano-Tacanan language): 1991
Polabian (a Slavic language): (late 18th century)
Salinan: (ca. 1960)
entire Shastan family
Konomihu
New River Shasta
Okwanuchu
Shasta: 3 elderly speakers in 1980, extinct by 1990
Siuslaw: (ca. 1970s)
Slovincian (a Slavic language): (20th century)
Susquehannock: all last speakers murdered in 1763
Takelma: Molly Orton (or Molly Orcutt) & Willie Simmons (both not fully fluent) last recorded in 1934
Tasmanian: (late 19th century)
Tataviam (an Uto-Aztecan language): Juan José Fustero who remembered only a few words of his grandparents' language (recorded 1913)
Teteté (an Tucanoan language)
Tillamook (a Salishan language): (1970)
Tonkawa: 6 elderly people in 1931
Tsetsaut (an Athabaskan language): last fluent speaker was elderly man recorded in 1894
Tunica: Sesostrie Youchigant (ca. mid 20th century)
Ubykh: Tevfik Esenç (October 1992)
all dialects of Upper Chinook (a Chinookan language) are extinct, except for the Wasco-Wishram dialect. The Clackamas dialect began extinct in the 1930s, other dialects have little documentation. (The Wasco-Wishram dialect is still spoken by 6 elders.)
Upper Umpqua: Wolverton Orton, last recorded in 1942
Vegliot Dalmatian: Tuone Udaina (Italian: Antonio Udina) (10 June 1898)
Wappo
Wiyot: Della Prince (1962)
Yana: Ishi (1916)
Yola related to English (mid 19th c.)
Detrás de la reforma
La reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, que se hizo en la pasada Legislatura, ha atraído a tal grado el interés de la opinión pública que, con la denominación de ley Televisa, está generando oposición y repudio que evidentemente no se ubican en las reformas, sino en los agravios y reclamos populares que van más allá de lo legislativo y que se explican en el uso que el poder en turno ha hecho de las concesiones televisivas y el inimaginable beneficio que sus concesionarios han recibido con ello.
Si se vieran objetivamente las reformas que se impugnaron ante la Suprema Corte, tendrían que valorarse como las modificaciones obligadas que se tenían que hacer porque la Cámara de Senadores llevaba cinco años intentándolas y no se lograba nada mientras las innovaciones tecnológicas hacían obsoleta la banda ancha y, en todo el mundo, se abría la convergencia con la adopción de las frecuencias analógicas y luego las digitales, que imponen la ampliación de voz y datos a imagen y a la inversa. Era inaceptable que México se quedara a la zaga mientras en el mundo se avanzaba a gran velocidad.
Nadie duda que cuando Fox supo de la inminencia de las reformas se adelantó a sabiendas de que la facultad omnímoda y unipersonal del presidente para otorgar concesiones radiofónicas, desde siempre cuestionada, se iba a acabar y por consiguiente las ofrecidas al Grupo Imagen le fueron entregadas sin regateos. Igual ocurrió con Televisa y Azteca cuando les redujo el impuesto en especie de 12.5% del tiempo aire para el gobierno a sólo 2.5%. Desde luego Bernardo Gómez, del canal de las estrellas, le compensó el favor a Marta Sahagún, con un agradecido beso en la mano.
Las reformas, vistas con objetividad, significaron un impresionante avance de la ley de la materia. Uno de los temas que han sido más polémicos es el de las licitaciones o concursos que se tendrán que hacer para los nuevos concesionarios. Es aquí obvio que si bien pueden concursar los actuales magnates de la televisión, también lo es que para impedir el crecimiento del oligopolio, está la Comisión Federal de Competencia que el pueblo paga para ese efecto y que no pocas veces ha actuado con acierto.
De igual manera se critica, a mi manera de ver sin fundamento, el que las frecuencias de banda ancha que queden libres cuando los concesionarios emigren a la tecnología digital seguirán en poder de los titulares actuales. Esta interpretación es absurda si se considera que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, el espectro radioeléctrico es de la nación y su restitución, mediante un nuevo convenio de concesión, donde se determinarán las prestaciones para su uso, será de las tareas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones en los próximos días. En otros países del mundo, estos avances tecnológicos le han generado a los gobiernos ingresos de significativa importancia.
Hay que considerar que todavía no se emite el reglamento de la ley con estas reformas, por lo que ese será un espacio adecuado para precisar lo relativo a las licitaciones, permisionarios para servicio social y, desde luego, las modificaciones de las concesiones con la nueva tecnología y las frecuencias disponibles que se liberen a favor del Estado. Incluso, en las actuales reformas logramos insertar las obligaciones sociales de los concesionarios, tanto en cobertura, como en el precio para la prestación del servicio en áreas rurales y lejanas.
Detrás de las reformas está el uso político de la televisión y la radio que han viciado el avance democrático cuando apenas se iniciaba. Aquí en realidad está la factura que el pueblo le cobra a los concesionarios que anteponen sus intereses personales a los de la nación. La Suprema Corte deberá explicitar en algunas partes de la reforma lo que en términos constitucionales sea más claro, pero lo inaplazable es que los partidos políticos aprueben reformas en la materia electoral para evitar dispendio de recursos públicos en la televisión y en la radio, para el pago de este servicio público, que en la práctica opera en contra de la democracia y el derecho a la información del pueblo.
Los poderes de facto que trastocan la política y sus resultados en una imposición presidencial. Son saldos antidemocráticos que la radio y televisión mexicana deben a la nación.
Si se vieran objetivamente las reformas que se impugnaron ante la Suprema Corte, tendrían que valorarse como las modificaciones obligadas que se tenían que hacer porque la Cámara de Senadores llevaba cinco años intentándolas y no se lograba nada mientras las innovaciones tecnológicas hacían obsoleta la banda ancha y, en todo el mundo, se abría la convergencia con la adopción de las frecuencias analógicas y luego las digitales, que imponen la ampliación de voz y datos a imagen y a la inversa. Era inaceptable que México se quedara a la zaga mientras en el mundo se avanzaba a gran velocidad.
Nadie duda que cuando Fox supo de la inminencia de las reformas se adelantó a sabiendas de que la facultad omnímoda y unipersonal del presidente para otorgar concesiones radiofónicas, desde siempre cuestionada, se iba a acabar y por consiguiente las ofrecidas al Grupo Imagen le fueron entregadas sin regateos. Igual ocurrió con Televisa y Azteca cuando les redujo el impuesto en especie de 12.5% del tiempo aire para el gobierno a sólo 2.5%. Desde luego Bernardo Gómez, del canal de las estrellas, le compensó el favor a Marta Sahagún, con un agradecido beso en la mano.
Las reformas, vistas con objetividad, significaron un impresionante avance de la ley de la materia. Uno de los temas que han sido más polémicos es el de las licitaciones o concursos que se tendrán que hacer para los nuevos concesionarios. Es aquí obvio que si bien pueden concursar los actuales magnates de la televisión, también lo es que para impedir el crecimiento del oligopolio, está la Comisión Federal de Competencia que el pueblo paga para ese efecto y que no pocas veces ha actuado con acierto.
De igual manera se critica, a mi manera de ver sin fundamento, el que las frecuencias de banda ancha que queden libres cuando los concesionarios emigren a la tecnología digital seguirán en poder de los titulares actuales. Esta interpretación es absurda si se considera que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, el espectro radioeléctrico es de la nación y su restitución, mediante un nuevo convenio de concesión, donde se determinarán las prestaciones para su uso, será de las tareas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones en los próximos días. En otros países del mundo, estos avances tecnológicos le han generado a los gobiernos ingresos de significativa importancia.
Hay que considerar que todavía no se emite el reglamento de la ley con estas reformas, por lo que ese será un espacio adecuado para precisar lo relativo a las licitaciones, permisionarios para servicio social y, desde luego, las modificaciones de las concesiones con la nueva tecnología y las frecuencias disponibles que se liberen a favor del Estado. Incluso, en las actuales reformas logramos insertar las obligaciones sociales de los concesionarios, tanto en cobertura, como en el precio para la prestación del servicio en áreas rurales y lejanas.
Detrás de las reformas está el uso político de la televisión y la radio que han viciado el avance democrático cuando apenas se iniciaba. Aquí en realidad está la factura que el pueblo le cobra a los concesionarios que anteponen sus intereses personales a los de la nación. La Suprema Corte deberá explicitar en algunas partes de la reforma lo que en términos constitucionales sea más claro, pero lo inaplazable es que los partidos políticos aprueben reformas en la materia electoral para evitar dispendio de recursos públicos en la televisión y en la radio, para el pago de este servicio público, que en la práctica opera en contra de la democracia y el derecho a la información del pueblo.
Los poderes de facto que trastocan la política y sus resultados en una imposición presidencial. Son saldos antidemocráticos que la radio y televisión mexicana deben a la nación.
miércoles, mayo 16, 2007
´Top ten´ de la muerte
tiene dolores de cabeza y tensiones por tantas ejecuciones, preocúpese porque la situación nacional se va a poner peor
El pintoresco gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, no oculta su desconcierto. En menos de cuatro meses, lo que él consideraba controlado se le desbocó y su estado pasó a convertirse en el nuevo foco de atención nacional por las recientes ejecuciones contra policías y entre los cárteles de la droga que combaten en las calles del puerto y del municipio connurbado de Boca del Río. Ya pidió la intervención federal para que metan orden en una entidad donde, por la manera como se han realizado las ejecuciones más recientes, los únicos que parecen tener control en las calles son los sicarios. Veracruz tiene los focos rojos prendidos: el total de ejecuciones ha crecido 12 veces en lo que va del año, que es el incremento porcentual más severo de todo el país.
Sin embargo, lejos de ser la peor entidad en términos de violencia, ni siquiera aparece ninguna de sus ciudades dentro del top ten de los municipios más afectados por el narco, ni donde se están dando las batallas urbanas más salvajes. El cuestionable honor se lo llevan Culiacán, Tijuana y Ciudad Juárez, donde de enero a abril de este año el total de las ejecuciones fue, respectivamente, de 54, 49 y 37, que corresponden, dentro del porcentaje total nacional, a 6.11%, 5.54% y 4.19%. Herrera podrá sentirse tranquilo; no está en el peor de los mundos.
En cambio, aunque no incluye el listado el Distrito Federal, el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard tendría que estar preocupado y alarmado. El top ten de las ejecuciones del crimen organizado elaborado por el gobierno federal ubica municipios, pero si la capital se ve como una unidad, tiene 5.7% del total de las ejecuciones nacionales en el mismo periodo, lo que la convierte en la segunda demarcación más violenta del país.
La reconstrucción del ranking de ejecuciones arroja numerosas pistas. De acuerdo con el análisis del gobierno federal, de enero a abril de este año se dieron 944 ejecuciones, de las cuales 644 ocurrieron en los ocho estados donde se realizan los operativos federales contra el narcotráfico, lo que significa que 68.2% de las ejecuciones se dieron en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas, entidades bajo el control de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Juárez y de los Arellano Félix, o están en disputa entre los dos primeros, como el caso de Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Este patrón es consecuente con las ejecuciones de policías, que corresponden a 7.6% de las ejecuciones en el país. Del total de 89 policías ejecutados entre diciembre de 2006 y abril pasado, 63 fueron asesinados en los estados donde se realizan los operativos conjuntos, lo que significa que siete de cada 10 perecieron en las ocho entidades.
Después de las tres ciudades que son la joya de la corona en ejecuciones, siguen Monterrey, con 26 ejecutados entre enero y abril (2.94% del total nacional); Morelia con 20 (2.26%); Acapulco con 19 (2.15%); Mexicali con 14 (1.58%); Nogales con 11 (1.24%); y empatados en el décimo lugar del top ten, Mazatlán y Reynosa con 10 (1.13%). Las autoridades no tienen explicación de por qué, fuera de Monterrey y Acapulco, ninguna de las demás ciudades o municipios tiene la exposición pública que, por su cuota de ejecutados, podría tener.
Esto se vuelve aún más inexplicable si se revisan las 16 ciudades que ocupan los siguientes lugares de este ominoso ranking: Durango está en el décimo primero; Chilpancingo, Tecpan de Galeana y Chihuahua en el décimo segundo; Lázaro Cárdenas, Badiraguato (el pesebre de los más célebres narcotraficantes), Guasave y Navolato, también en Sinaloa, Coyuca de Catalán, Gómez Palacio y Nuevo Laredo, en el décimo tercero; Apatzingán y Turicato en Michoacán, Elota en Sinaloa, y Hermosillo, en el décimo cuarto. El principal volumen de ejecuciones se concentra en seis municipios de Sinaloa, cinco de Michoacán, cuatro de Guerrero, tres de Chihuahua, dos de Baja California, Durango, Sonora y Tamaulipas, y uno de Nuevo León.
A nivel de estados, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nuevo León sumaron de enero a abril 565 ejecuciones, que es más de la mitad de las registradas en todo el país. Si se le añaden a esta relación Durango, Sonora y Tamaulipas, que tienen los municipios más golpeados por la violencia del narcotráfico, y el Distrito Federal, que no se encuentra considerado en el ranking, el total de ejecuciones es de 746, dejando que 198 asesinatos relacionados con el crimen organizado se repartan entre las 18 entidades restantes, donde destacan Zacatecas, que no tiene registrada ninguna ejecución en lo que va del año, Nayarit con una y Coahuila con dos.
El mapa de ejecuciones elaborado por el gobierno federal muestra comportamientos heterogéneos por entidad. Por ejemplo, mientras en Guerrero y Baja California no hubo un incremento de las ejecuciones entre diciembre de 2006 y su peor mes de los primeros cuatro de este año, o en Sinaloa, que pese a ser el segundo más violento vio una reducción de 17 ejecuciones entre diciembre y su mes más violento (abril), en otras entidades se dispararon las ejecuciones, como en Sonora, donde se fueron de tres en diciembre a 22 en marzo, o el Distrito Federal, que de tres en diciembre se registraron 16 en enero, 12 en febrero, 14 en marzo y 12 en abril. Poco se habla de la guerra por la plaza de la capital federal entre los cárteles, pero la evidencia circunstancial muestra que se están realizando ajustes de cuentas contra autoridades que presuntamente estaban brindando protección a una de las organizaciones de narcotraficantes.
De igual forma, el comparativo entre el semestre previo del gobierno de Calderón, con sus primeros cuatro meses de administración, refleja un comportamiento irregular. En este sentido, el volumen de ejecuciones en el principal estado afectado, Michoacán, disminuyó en 100 asesinatos, al igual que en Guerrero, donde se redujeron en 13. En Sinaloa se elevaron en 73 ejecuciones, pero en Tamaulipas se mantuvo prácticamente igual (35 contra 36). En Nuevo León se disparó de 41 a 75 ejecutados, mientras que en el Distrito Federal, cuya administración también cambió, el gobierno de Alejandro Encinas dejó un total de 119 ejecutados en el periodo contra 57 en el de Ebrard. En total, durante los últimos cuatro meses y medio del gobierno de Vicente Fox, se dieron mil 172 ejecuciones, mientras que en los primeros cuatro y medio meses de Calderón suman mil 176.
El fenómeno es cíclico, según el informe federal, y en el mapa nacional destacan las ejecuciones en las zonas costeras, particularmente del Pacífico, y la frontera con Estados Unidos. También se puede apreciar que las ejecuciones tienen una dinámica de acción-reacción entre los cárteles, y que aunque en las entidades más calientes por el narcotráfico la actividad se mantiene dentro de márgenes similares -con sus excepciones-, el fenómeno de la violencia se está esparciendo por el resto del país, lenta y gradual, pero sostenidamente. Nada para estar optimista. Las cosas se pondrán peor.
El pintoresco gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, no oculta su desconcierto. En menos de cuatro meses, lo que él consideraba controlado se le desbocó y su estado pasó a convertirse en el nuevo foco de atención nacional por las recientes ejecuciones contra policías y entre los cárteles de la droga que combaten en las calles del puerto y del municipio connurbado de Boca del Río. Ya pidió la intervención federal para que metan orden en una entidad donde, por la manera como se han realizado las ejecuciones más recientes, los únicos que parecen tener control en las calles son los sicarios. Veracruz tiene los focos rojos prendidos: el total de ejecuciones ha crecido 12 veces en lo que va del año, que es el incremento porcentual más severo de todo el país.
Sin embargo, lejos de ser la peor entidad en términos de violencia, ni siquiera aparece ninguna de sus ciudades dentro del top ten de los municipios más afectados por el narco, ni donde se están dando las batallas urbanas más salvajes. El cuestionable honor se lo llevan Culiacán, Tijuana y Ciudad Juárez, donde de enero a abril de este año el total de las ejecuciones fue, respectivamente, de 54, 49 y 37, que corresponden, dentro del porcentaje total nacional, a 6.11%, 5.54% y 4.19%. Herrera podrá sentirse tranquilo; no está en el peor de los mundos.
En cambio, aunque no incluye el listado el Distrito Federal, el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard tendría que estar preocupado y alarmado. El top ten de las ejecuciones del crimen organizado elaborado por el gobierno federal ubica municipios, pero si la capital se ve como una unidad, tiene 5.7% del total de las ejecuciones nacionales en el mismo periodo, lo que la convierte en la segunda demarcación más violenta del país.
La reconstrucción del ranking de ejecuciones arroja numerosas pistas. De acuerdo con el análisis del gobierno federal, de enero a abril de este año se dieron 944 ejecuciones, de las cuales 644 ocurrieron en los ocho estados donde se realizan los operativos federales contra el narcotráfico, lo que significa que 68.2% de las ejecuciones se dieron en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas, entidades bajo el control de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Juárez y de los Arellano Félix, o están en disputa entre los dos primeros, como el caso de Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Este patrón es consecuente con las ejecuciones de policías, que corresponden a 7.6% de las ejecuciones en el país. Del total de 89 policías ejecutados entre diciembre de 2006 y abril pasado, 63 fueron asesinados en los estados donde se realizan los operativos conjuntos, lo que significa que siete de cada 10 perecieron en las ocho entidades.
Después de las tres ciudades que son la joya de la corona en ejecuciones, siguen Monterrey, con 26 ejecutados entre enero y abril (2.94% del total nacional); Morelia con 20 (2.26%); Acapulco con 19 (2.15%); Mexicali con 14 (1.58%); Nogales con 11 (1.24%); y empatados en el décimo lugar del top ten, Mazatlán y Reynosa con 10 (1.13%). Las autoridades no tienen explicación de por qué, fuera de Monterrey y Acapulco, ninguna de las demás ciudades o municipios tiene la exposición pública que, por su cuota de ejecutados, podría tener.
Esto se vuelve aún más inexplicable si se revisan las 16 ciudades que ocupan los siguientes lugares de este ominoso ranking: Durango está en el décimo primero; Chilpancingo, Tecpan de Galeana y Chihuahua en el décimo segundo; Lázaro Cárdenas, Badiraguato (el pesebre de los más célebres narcotraficantes), Guasave y Navolato, también en Sinaloa, Coyuca de Catalán, Gómez Palacio y Nuevo Laredo, en el décimo tercero; Apatzingán y Turicato en Michoacán, Elota en Sinaloa, y Hermosillo, en el décimo cuarto. El principal volumen de ejecuciones se concentra en seis municipios de Sinaloa, cinco de Michoacán, cuatro de Guerrero, tres de Chihuahua, dos de Baja California, Durango, Sonora y Tamaulipas, y uno de Nuevo León.
A nivel de estados, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nuevo León sumaron de enero a abril 565 ejecuciones, que es más de la mitad de las registradas en todo el país. Si se le añaden a esta relación Durango, Sonora y Tamaulipas, que tienen los municipios más golpeados por la violencia del narcotráfico, y el Distrito Federal, que no se encuentra considerado en el ranking, el total de ejecuciones es de 746, dejando que 198 asesinatos relacionados con el crimen organizado se repartan entre las 18 entidades restantes, donde destacan Zacatecas, que no tiene registrada ninguna ejecución en lo que va del año, Nayarit con una y Coahuila con dos.
El mapa de ejecuciones elaborado por el gobierno federal muestra comportamientos heterogéneos por entidad. Por ejemplo, mientras en Guerrero y Baja California no hubo un incremento de las ejecuciones entre diciembre de 2006 y su peor mes de los primeros cuatro de este año, o en Sinaloa, que pese a ser el segundo más violento vio una reducción de 17 ejecuciones entre diciembre y su mes más violento (abril), en otras entidades se dispararon las ejecuciones, como en Sonora, donde se fueron de tres en diciembre a 22 en marzo, o el Distrito Federal, que de tres en diciembre se registraron 16 en enero, 12 en febrero, 14 en marzo y 12 en abril. Poco se habla de la guerra por la plaza de la capital federal entre los cárteles, pero la evidencia circunstancial muestra que se están realizando ajustes de cuentas contra autoridades que presuntamente estaban brindando protección a una de las organizaciones de narcotraficantes.
De igual forma, el comparativo entre el semestre previo del gobierno de Calderón, con sus primeros cuatro meses de administración, refleja un comportamiento irregular. En este sentido, el volumen de ejecuciones en el principal estado afectado, Michoacán, disminuyó en 100 asesinatos, al igual que en Guerrero, donde se redujeron en 13. En Sinaloa se elevaron en 73 ejecuciones, pero en Tamaulipas se mantuvo prácticamente igual (35 contra 36). En Nuevo León se disparó de 41 a 75 ejecutados, mientras que en el Distrito Federal, cuya administración también cambió, el gobierno de Alejandro Encinas dejó un total de 119 ejecutados en el periodo contra 57 en el de Ebrard. En total, durante los últimos cuatro meses y medio del gobierno de Vicente Fox, se dieron mil 172 ejecuciones, mientras que en los primeros cuatro y medio meses de Calderón suman mil 176.
El fenómeno es cíclico, según el informe federal, y en el mapa nacional destacan las ejecuciones en las zonas costeras, particularmente del Pacífico, y la frontera con Estados Unidos. También se puede apreciar que las ejecuciones tienen una dinámica de acción-reacción entre los cárteles, y que aunque en las entidades más calientes por el narcotráfico la actividad se mantiene dentro de márgenes similares -con sus excepciones-, el fenómeno de la violencia se está esparciendo por el resto del país, lenta y gradual, pero sostenidamente. Nada para estar optimista. Las cosas se pondrán peor.
domingo, abril 29, 2007
Knut

Sus padres son Lars y Tosca. El oso nació el 5 de diciembre de 2006, en un parto muy difícil: su hermano gemelo murió en el parto, y unas horas más tarde la madre no soportó estar con él, aparentemente por la muerte de su otro cachorro.
Knut saltó a la fama cuando Frank Albrecht, un afamado activista de los derechos de los animales en Alemania, declaró a un periódico alemán que el oso polar debía ser sacrificado. Su justificación para esto era que el oso, al ser rechazado por sus pares y ser criado por humanos, sufriría problemas de comportamiento por el resto de su vida. "La crianza por parte de un ser humano no solo va en contra de la naturaleza, sino que contraviene la ley alemana de protección animal", decía. Según Albrecht, se tenía que matar al oso con una inyección, para ahorrarle dolor.
Pero Dorflein, un empleado del zoológico de Berlín, decidió hacerse cargo de Knut, por lo que un día se despidió de su esposa, se fue de casa y se mudó a vivir con Knut, en una habitación del zoológico. Él le compró a Knut una cesta para que le sirviera de cama, y un oso gigante de peluche para que no se sintiera extraño. Y con un biberón, Dorflein se propuso convirtirse en un "padre" para el oso.
Knut y su cuidador (Dörflein) en abril de 2007.Desde entonces, millones de personas empezaron a seguir por Internet los avatares de Knut. Al mismo tiempo, los responsables del zoológico pensaban qué iban a hacer con Knut si los cuidados de su “madre” le permitían vivir. El oso salió en las portadas de casi todos los diarios alemanes y se convirtió en un asunto nacional.
El zoológico de Berlín decidió costear su alimentación y cuidados, y fue presentado el 23 de marzo de 2007 ante el público en el zoológico: asistieron más de 500 periodistas, el ministro alemán de Medio Ambiente y miles de personas. Knut sólo sigue a Dorflein, quien ya es su "madre".
La cadena alemana ARD ha anunciado que durante 10 días transmitirá en directo la vida de Knut.
A finales de Abril de 2007 el zoológico recibió una carta con una clara amenaza hacia Knut, quien según la misiva estaría muerto a medio día del día 19. Afortunadamente todo quedó en un incidente sin mayor trascendencia.
Murdered Rachel Corrie 4 yeas after (by Christopher Bollyn)

The BBC has released a remarkable film about the killing of three international peace activists by the Israeli army in the occupied Gaza Strip. Documentary evidence provided in the film strongly suggests that the American Rachel Corrie - and two British activists - were murdered.
Last spring, within a period of seven weeks, one British and one American peace activist were killed by the Israeli army in Rafah, a Palestinian town at the southern end of the occupied Gaza Strip. A second Briton was shot in the head leaving him brain-dead. In two of the cases the Israeli army is being blamed for murder; the third is considered "attempted murder."
An Israeli military bulldozer crushed the 23-year-old American peace activist Rachel Corrie, who was the first to die on March 16, as she tried to prevent it from demolishing a Palestinian doctor's home.
British photographer Tom Hurndall, 22, was left brain dead after being shot in the head by an Israeli soldier on April 11. British cameraman James Miller, 34, was shot by an Israeli sniper as he left a house with two other journalists on May 2.
A recently released 50-minute "hard-hitting" program produced by the British Broadcasting Corp. (BBC) investigated the three killings and provides crucial video evidence. "That's murder," an Israeli soldier said after viewing footage from the film, When Killing is Easy.
When Killing is Easy was shown 4 times to a worldwide audience on the commercial BBC World television network on November 22 and 23. Some cable television viewers in the United States would have been able to view the program.
The three international observers died, or nearly died, at the hands of the Israeli military between the middle of March and the first week of May. Hurndall was shot in the head as he took a Palestinian toddler, who had frozen under Israeli fire, into his arms. Today, Hurndall is brain-dead and is kept alive on life-support equipment.
Tom's father, Anthony, is a lawyer in the City of London. After six weeks of investigation, Hurndall has come to the conclusion that the shooting of his son by Israeli forces is "a case of attempted murder. If Tom dies, and that is a likelihood, then it will be murder," he said.
Jocelyn Hurndall wrote to The Guardian after an Israeli government check for about $12,000, sent to the Hurndall family to pay for "a fraction of the expenses incurred," bounced. When the check finally arrived after five months of negotiations with the Hurndall family, the Israeli government check was not "honored" by the Bank of Israel, Hurndall wrote. "Insufficient funds' was the reason given.
According to evidence provided in Sweeney's film, the IDF report on the shooting of Hurndall is completely wrong about where he was, what he was wearing, and what he was doing when an Israeli soldier shot him in the head.
"It is a mind-numbing task to understand the morality and to use the logic of the Israeli government," Hurndall wrote. "What hope do Palestinians have when such profound disregard and disrespect is shown to humanity, collectively and individually?"
SILENCED WITNESSES
The BBC film was produced by John Sweeney, whose article on the killings, "Silenced Witnesses," was published in The Independent (UK) on Oct. 30.
"Making our film, When Killing is Easy, has been the most harrowing ordeal of my professional life," Sweeney wrote. "But it is vital that it is evidential - and that is really tough when the Israeli government and the Israeli Defense Force (IDF) have refused to speak to us."
Rachel Corrie, the first of the three to die, was using her body to defend the home of Dr. Samir Nasser Allah from an American-made bulldozer used by the Israeli army to demolish the homes of Palestinians. Corrie was a member of the International Solidarity Movement (ISM). ISM members stand between the Israeli bulldozers and the homes that the IDF wants to flatten.
Israeli bulldozers have razed thousands of Palestinian homes in the occupied Gaza Strip and the West Bank. The bulldozers are primarily made by the Illinois-based Caterpillar company.
Tom Dale, an ISM eyewitness, had a clear view of the incident: "He [the driver] knew absolutely she was there. The bulldozer waited for a few seconds over her body and it then reversed, leaving its scoop down so that if she had been under the bulldozer, it would have crushed her a second time. Only later when it was much more clear of her body did it raise its scoop."
"MY BACK IS BROKEN"
"My back is broken," Rachel told Alice Coy, a fellow ISM activist who was with her.
An Israeli pathologist, Dr. Yehudah Hiss, noted that Rachel appeared to have been run over by the bulldozer, Sweeney wrote. Hiss found the cause of death to be "pressure to the chest." Her shoulder blades had been crushed; her spine was broken in five places and six ribs broken. Her face was apparently slashed by the bulldozer blade.
The IDF produced a report that says, "Corrie was not run over by an engineering vehicle." It added, "for good measure" Sweeney says, that Corrie was "hidden from view of the vehicle's operator."
The footage seen in the BBC film proves these statements to be false. The family of Rachel Corrie believes the IDF report to "be a blatant fabrication," Sweeney wrote.
The British cameraman James Miller was shot dead by an Israeli sniper as he left a house in Rafah with two other journalists on the night of May 2. An Associated Press TV News (APTN) cameraman filmed the entire scene.
One of the three journalists held a white flag; Miller was shining a light on the flag and a third journalist held up her British passport. There was no shooting and the area was quiet as the audio track of the film clearly proves.
The three had walked about 60 feet toward an Israeli armed personnel carrier to request safe passage to leave the area when the first shot was fired. "We are British journalists," Saira Shah cried out into the darkness.
"Then comes the second shot, which killed James," Sweeney wrote. "He was shot in the front of his neck. The bullet was Israeli issue, fired, according to a forensic expert, from less than 200 meters [600 feet] away."
The IDF maintains that Miller was shot during crossfire, although no shooting is heard on the APTN tape apart from the two shots fired from the Israeli military vehicle.
When the APTN tape was shown to an Israeli soldier, who is shown in the film, he said the television team did not look like Islamic terrorists and concluded: "That's murder."
Megalópolis
Megalópolis, megalomanía, macroce falia, las tres tétricas “m” apuntan a la ciudad de México, pero también a Guadalajara, a Monterrey, a todas las que se acercan o rebasan el millón de habitantes. El fenómeno no es especialmente mexicano, lo cual no es ningún consuelo: si la urbanización se está dando en el mundo entero, de manera lenta en los últimos siglos, de manera acelerada desde la revolución industrial, si la urbanización representa sin la menor duda un progreso absoluto en la historia de la humanidad, al tomar la forma de bola de nieve incontrolable, millonaria y multimillonaria en habitantes, corre el riesgo de destruir todas las ventajas sociales y culturales de la ciudad, amén de destruir el medio ambiente, suelo, subsuelo, agua y aire.
Digo “bola de nieve” porque el crecimiento explosivo de nuestras grandes ciudades, de “la mancha urbana” (el lenguaje es revelador de lo negativo del fenómeno), ya no obedece al impulso de la industria, del comercio, de las funciones administrativas, sino se ha vuelto autónomo: el dinero va al dinero, la población va a la población, olvidando las reglas de la biología y la sabiduría de nuestros antepasados; cuando la población de la colmena es demasiado grande, un enjambre se va para fundar otra colmena; los griegos pensaban que existía un “número de oro” de ciudadanos, arriba del cual el buen funcionamiento de la “polis” estaba amenazado, y por lo mismo de sus ciudades se separaban enjambres de colonos que iban a fundar nuevas ciudades.
Todos sabemos, todos experimentamos la diferencia de la calidad de vida social entre ciudades medianas y megalópolis; la conducta de los individuos que corren el riesgo (o tienen la suerte) de ser conocidos y reconocidos es automáticamente diferente de la de los sujetos protegidos por el anonimato de la megalópolis.
Había 11 ciudades millonarias en 1980, 225 en 1990, 287 en 2003, de las cuales 40 rebasan los 5 millones de habitantes y nueve los 10 millones. No es cosa de nivel de vida, ni de sistema político, ni de civilización. De Pekín, Shangai y Tien-Tsin a México, pasando por Moscú, París, Londres y Estambul, hasta Kinshasa, Lagos, El Cairo, Mumbay, Calcuta, Río, Sao Paulo y Lima, Nueva York y Teherán, la macrocefalia es la misma, es una enfermedad grave y que no tiene remedio.
Hace poco Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno de la “megaloMéxico”, anunció muchos proyectos interesantes, pero no habló de controlar el crecimiento de la mancha urbana. No puede ignorar la gravedad del problema, puesto que trabajaba con Manuel Camacho, regente del DF entre 1988 y 1994, puesto que en su lista de prioridades está el tratamiento de las consecuencias de la bola de nieve: problemas de transporte, vivienda, agua, seguridad. Ha de saber, lo que nadie sabe, cuál es la población de la urbe, no del Distrito Federal suyo, sino de la aglomeración urbana que se expande sobre todo el valle y sobre los estados circunvecinos, hasta llegar dentro de pocos años, nos dicen los profetas de desastres, a Cuernavaca, Puebla, Pachuca y Querétaro. Por eso se maneja indiferentemente de 20 o hasta 30 millones de hormigas humanas en nuestro enorme hormiguero.
Lo que es cierto es que la ciudad hizo más que sextuplicar en 40 años, que rebasa a Shangai y que podría compararse a Los Ángeles, con sus lujosos oasis y sus autopistas, si no fuese por el ancho cinturón de pobreza que la rodea y por el desinterés absoluto de sus habitantes por la salvación del medio ambiente. Los ricos o los clasemedieros de Los Ángeles jamás hubieran permitido la destrucción, el abandono, la transformación de las barrancas y de los ríos de las Lomas, de Bosques, de Vista Hermosa, etcétera, en zonas construidas y en colectores de aguas negras que corren a cielo abierto.
Entiendo que el jefe de Gobierno capitalino esté rebasado por la expansión del monstruo, pero no deja de ser terrorífico leer que prevén que la ciudad será la séptima mayor economía urbana del mundo en 2020. La firma de auditorías londinense Pricewaterhouse-Coopers lo anuncia con entusiasmo y es probable que nuestros munícipes comparten su alegría, tan es cierto que nos enseñaron que crecer y crecer es lo mejor.
Lo poco que queda del patrimonio pastoral y forestal, de las lagunas y de las tierras de labor del valle de México, está invadido y destruido cada día, cada hora, cada minuto, por ricos, no tan ricos, pobres y no tan pobres, con la complicidad resignada o activa de nuestras autoridades grandes y chicas. La pobre Comisión Nacional Forestal, lo único que puede hacer en esta región del país es contar los muertos: apunta religiosamente que en 2006 se perdieron 200 hectáreas de bosques en el DF; creo que es modesta o que no quiere entristecernos más.
Cuando veo el estado lamentable del Ajusco, hermoso cerro totalmente arbolado hace todavía 30 años, hasta abajo, pienso que el general Cárdenas ha de dar patadas en su tumba, él que protegió, creyó proteger, sus bosques otorgándole la categoría de parque nacional. El director regional de Conafor para el valle de México dice que lanzan un programa ProÁrbol para 2007, con “acciones integrales y no paliativas”. ¡Mucho gusto y hasta no verte, Jesús!; bueno, él se llama Alejandro, no Jesús.
Querida lectora, estimado lector, ¿tienen idea de lo que cuesta la megalomanía de nuestros constructores, arquitectos, empresarios… quizá de nosotros mismos? Hace años que Gabriel Zaid publicó que el gasto en energía eléctrica de la torre de Pemex era igual o superior al consumo de una ciudad de 20 mil habitantes. ¿Tienen idea de cuánto cuesta mandar un litro de agua a la ciudad de México, desde lugares cada día más lejanos? ¿Y cuánto cuesta proporcionarnos un kilovatio? Todo es mucho más caro que para ciudades de dimensiones razonables.
Y para colmo, si abro el periódico hoy, me entero de que la construcción de fraccionamientos ilegales está acabando con los ranchos de Zumpango donde aún se cosechan 5 mil toneladas de maíz anuales y se producen 50 mil litros de leche diarios.
Digo “bola de nieve” porque el crecimiento explosivo de nuestras grandes ciudades, de “la mancha urbana” (el lenguaje es revelador de lo negativo del fenómeno), ya no obedece al impulso de la industria, del comercio, de las funciones administrativas, sino se ha vuelto autónomo: el dinero va al dinero, la población va a la población, olvidando las reglas de la biología y la sabiduría de nuestros antepasados; cuando la población de la colmena es demasiado grande, un enjambre se va para fundar otra colmena; los griegos pensaban que existía un “número de oro” de ciudadanos, arriba del cual el buen funcionamiento de la “polis” estaba amenazado, y por lo mismo de sus ciudades se separaban enjambres de colonos que iban a fundar nuevas ciudades.
Todos sabemos, todos experimentamos la diferencia de la calidad de vida social entre ciudades medianas y megalópolis; la conducta de los individuos que corren el riesgo (o tienen la suerte) de ser conocidos y reconocidos es automáticamente diferente de la de los sujetos protegidos por el anonimato de la megalópolis.
Había 11 ciudades millonarias en 1980, 225 en 1990, 287 en 2003, de las cuales 40 rebasan los 5 millones de habitantes y nueve los 10 millones. No es cosa de nivel de vida, ni de sistema político, ni de civilización. De Pekín, Shangai y Tien-Tsin a México, pasando por Moscú, París, Londres y Estambul, hasta Kinshasa, Lagos, El Cairo, Mumbay, Calcuta, Río, Sao Paulo y Lima, Nueva York y Teherán, la macrocefalia es la misma, es una enfermedad grave y que no tiene remedio.
Hace poco Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno de la “megaloMéxico”, anunció muchos proyectos interesantes, pero no habló de controlar el crecimiento de la mancha urbana. No puede ignorar la gravedad del problema, puesto que trabajaba con Manuel Camacho, regente del DF entre 1988 y 1994, puesto que en su lista de prioridades está el tratamiento de las consecuencias de la bola de nieve: problemas de transporte, vivienda, agua, seguridad. Ha de saber, lo que nadie sabe, cuál es la población de la urbe, no del Distrito Federal suyo, sino de la aglomeración urbana que se expande sobre todo el valle y sobre los estados circunvecinos, hasta llegar dentro de pocos años, nos dicen los profetas de desastres, a Cuernavaca, Puebla, Pachuca y Querétaro. Por eso se maneja indiferentemente de 20 o hasta 30 millones de hormigas humanas en nuestro enorme hormiguero.
Lo que es cierto es que la ciudad hizo más que sextuplicar en 40 años, que rebasa a Shangai y que podría compararse a Los Ángeles, con sus lujosos oasis y sus autopistas, si no fuese por el ancho cinturón de pobreza que la rodea y por el desinterés absoluto de sus habitantes por la salvación del medio ambiente. Los ricos o los clasemedieros de Los Ángeles jamás hubieran permitido la destrucción, el abandono, la transformación de las barrancas y de los ríos de las Lomas, de Bosques, de Vista Hermosa, etcétera, en zonas construidas y en colectores de aguas negras que corren a cielo abierto.
Entiendo que el jefe de Gobierno capitalino esté rebasado por la expansión del monstruo, pero no deja de ser terrorífico leer que prevén que la ciudad será la séptima mayor economía urbana del mundo en 2020. La firma de auditorías londinense Pricewaterhouse-Coopers lo anuncia con entusiasmo y es probable que nuestros munícipes comparten su alegría, tan es cierto que nos enseñaron que crecer y crecer es lo mejor.
Lo poco que queda del patrimonio pastoral y forestal, de las lagunas y de las tierras de labor del valle de México, está invadido y destruido cada día, cada hora, cada minuto, por ricos, no tan ricos, pobres y no tan pobres, con la complicidad resignada o activa de nuestras autoridades grandes y chicas. La pobre Comisión Nacional Forestal, lo único que puede hacer en esta región del país es contar los muertos: apunta religiosamente que en 2006 se perdieron 200 hectáreas de bosques en el DF; creo que es modesta o que no quiere entristecernos más.
Cuando veo el estado lamentable del Ajusco, hermoso cerro totalmente arbolado hace todavía 30 años, hasta abajo, pienso que el general Cárdenas ha de dar patadas en su tumba, él que protegió, creyó proteger, sus bosques otorgándole la categoría de parque nacional. El director regional de Conafor para el valle de México dice que lanzan un programa ProÁrbol para 2007, con “acciones integrales y no paliativas”. ¡Mucho gusto y hasta no verte, Jesús!; bueno, él se llama Alejandro, no Jesús.
Querida lectora, estimado lector, ¿tienen idea de lo que cuesta la megalomanía de nuestros constructores, arquitectos, empresarios… quizá de nosotros mismos? Hace años que Gabriel Zaid publicó que el gasto en energía eléctrica de la torre de Pemex era igual o superior al consumo de una ciudad de 20 mil habitantes. ¿Tienen idea de cuánto cuesta mandar un litro de agua a la ciudad de México, desde lugares cada día más lejanos? ¿Y cuánto cuesta proporcionarnos un kilovatio? Todo es mucho más caro que para ciudades de dimensiones razonables.
Y para colmo, si abro el periódico hoy, me entero de que la construcción de fraccionamientos ilegales está acabando con los ranchos de Zumpango donde aún se cosechan 5 mil toneladas de maíz anuales y se producen 50 mil litros de leche diarios.
viernes, abril 13, 2007
Suscribirse a:
Entradas (Atom)