Radiografía de la impunidad

Triste decirlo, pero en México no hay profesión conmayor posibilidad de éxito que la que ostentan los delincuentes. Sólo en uno de cada 128 delitos cometidos en 2004 se había logrado una aprehensión a principios del 2005 (y otros dos seguían en proceso de averiguación). Es decir, un porcentaje de éxito de 98.8% para los ladrones.
Este dato, y muchos otros, pueden desprenderse de la tercera encuesta realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, que desde hace algunos años se ha propuesto desentrañar, al margen de las cifras oficiales, el estado de indefensión en que nos encontramos ante el crimen organizado y desorganizado. Para hacerlo se han dado a la tarea de preguntarle a la población respecto de los delitos de que han sido víctimas (a través de una encuesta en 66 mil viviendas, levantada bajo estándares internacionales y recomendaciones de la ONU).
Lo que han encontrado es inquietante. En 2004 se cometieron casi 12 millones de delitos en el país: ocho veces más que la cifra reconocida por las autoridades. Esto significa que 11 de cada 100 personas fueron víctimas de un crimen en ese año. A ese ritmo significa que si usted no ha sido objeto de un delito en los últimos nueve años puede considerarse sumamente afortunado: ya debería haberle tocado.
Pero hay ciudades en las que se requiere de un milagro para no padecer un latrocinio. En Culiacán hay un delito por cada cuatro personas en el año, mientras que en México, Guadalajara o Acapulco resulta afectada una de cada cinco personas. En verdad, zonas de alto riesgo.
El desfase entre las estadísticas oficiales y las verdaderas tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los delitos no son denunciados. Apenas 23% son reportados a las autoridades, aunque muchos sean desechados. México se encuentra incluso por debajo de la media de África (40%) o América Latina (37%).
Se ha dicho que esto muestra el escaso nivel cívico de los mexicanos. Pero la encuesta revela que no se trata más que de sentido común: y es que de estas denuncias sólo se inicia una averiguación previa en una de cada cinco. Es decir, sólo se investiga 4.6 % de los delitos cometidos, lo que equivale a uno de cada 22 crímenes. Pero investigarlos no significa solucionarlos; los policías sólo resuelven uno de cada seis casos que les son asignados (y eso sin considerar que algunos luego resultan ser "chivos expiatorios"). El resumen de todas estas etapas fallidas significa que sólo es castigado 1.2% de los delitos cometidos.
Dentro de este oscuro panorama hay zonas del territorio que constituyen hoyos negros. Baja California, Distrito Federal, Quintana Roo y estado de México son las entidades con mayor incidencia delictiva (casi el doble que la media nacional). Y con mucho la entidad con menos proporción de delitos es, sorprendentemente, Chiapas. Más aún, varios de los estados con mayor nivel de pobreza (Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Nayarit y Zacatecas) se encuentran por debajo de los promedios en materia de inseguridad.
Si bien es cierto que la mitad de los delincuentes son muy jóvenes (entre 19 y 25 años de edad) las regiones más inseguras no son las más pobres o las de mayor desempleo, sino aquellas en las que el crimen organizado ha penetrado con mayor intensidad entre las policías locales. No es un dato que se exponga en esta encuesta, pero es una hipótesis que claramente se desprende de sus revelaciones.
No es la riqueza o la pobreza el factor que define la proporción de delitos, sino el estado de corrupción e ineficiencia de sus policías. Nuevo León y Chiapas, la más rica y la más pobre, son regiones más seguras que la mayor parte de las regiones del país.
El crimen organizado no es el responsable de la mayor parte de los delitos en el país. Los asaltos en la calle y el robo de vivienda son, con mucho, los delitos que abultan las estadísticas. Pero el crimen organizado es el responsable de la corrupción de cuerpos policiacos, ministerios públicos y tribunales.
Una vez que los aparatos de procuración e impartición de justicia están minados, la impunidad se convierte en el mayor incentivo para la delincuencia "hormiga" o "de a pie".
Mención aparte merecen tres casos. Guadalajara supera a la ciudad de México en materia de inseguridad (y sólo está por debajo de Culiacán, Tijuana y Mexicali). Por si fuera poco, desde hace meses los tapatíos padecen mayor contaminación que los capitalinos. La Perla de Occidente se está convirtiendo en un vergel envenenado. Es el resultado de varias décadas de autoridades dedicadas al ornato y a la construcción de puentes y glorietas, y no a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Cancún es otro edén en peligro. Quintana Roo es la tercera entidad en materia de inseguridad. El principal generador de divisas turísticas del país se ha convertido en una de las ciudades con mayor incidencia delictiva. Tendría que ser motivo de preocupación federal que la hazaña de construir este polo turístico mundial no resulte destruida por la mala fama que la inseguridad podría atraerle.
Por último, llama la atención el caso de Puebla, la entidad más atrasada en materia de procuración de justicia: sólo se inicia una averiguación previa en una de cada 20 denuncias. Lo cual hace aún más notorio el proceso en contra de Lydia Cacho, periodista, y Martín Barrio, defensor de derechos humanos, a los cuales nos referimos en este espacio la semana pasada, que fueron aprehendidos en un fast track vertiginoso y expedito.
En fin, una encuesta reveladora y dolorosa, pero necesaria. Sobre todo, un llamado a hacer algo de forma perentoria.