La semana pasada el presidente Calderón declaró, al cumplir 100 días en el poder, que habían sido superados el panorama sombrío y la crisis que se vivía en el país cuando tomó posesión. Y ciertamente el panorama político luce hoy diferente de lo que lucía a fines del sexenio de Fox. Baste recordar la situación en Oaxaca, los descabezados en Guerrero y Michoacán, así como la toma del Paseo de la Reforma por los seguidores de López Obrador e incluso la amenaza del PRD de impedir la toma de protesta de Calderón. Existe pues, un sentido de "normalidad" que no existía hace cuatro o cinco meses. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Veamos.
Por un lado se encuentra la situación de seguridad pública en muchos estados del país. Si bien es cierto que los operativos policiaco-militares han inhibido las manifestaciones de violencia que se presentaban en los estados donde se intervino, al parecer la violencia está brotando en otros estados, como Tabasco, en donde el gobierno no ha intervenido. Esto es, se está conformando el llamado efecto cucaracha que consiste en que la violencia del narco se desplaza de las zonas en las que el gobierno interviene a otras regiones del país. Ciertamente, habrá que ver las cifras de las ejecuciones para poder hacer comparaciones, pero si el propósito de los operativos era mejorar la imagen del país, los nuevos brotes de violencia, pueden dar al traste con ello.
Por otro lado, está la relación del gobierno de Calderón con el PRD. En este aspecto, es evidente que el panorama ha cambiado de manera muy sensible, a pesar de que existe un sector del partido del sol azteca que insiste en llamar a Calderón "presidente espurio". Sin embargo, lo cierto es que hay una mejor comunicación entre Los Pinos y el PRD, por lo menos con los legisladores de ese partido, aunque existen todavía temas pendientes, como la reforma electoral y la permanencia del Consejo del IFE, que marcarán el tono de la relación entre ese partido y el gobierno federal.
Si eventualmente se logra una reforma político-electoral en la cual esté incluido el PRD, es probable que la relación con el gobierno de Calderón mejore.
Por lo pronto, la forma en que se dio la negociación de la urgentísima reforma del ISSSTE no apunta en esa dirección, pero habrá que esperar para ver cómo avanzan las negociaciones en otros temas.
En la parte económica el panorama luce estable aunque no está claro que las promesas de Calderón de generar empleos se vayan a cumplir pronto. Ciertamente la estabilidad macroeconómica fue uno de los mayores logros del presidente Fox y la presencia de Agustín Carstens en la Secretaría de Hacienda augura una continuidad en ese sentido. Sin embargo, no está claro que la inversión vaya a fluir a carretadas y es probable que la generación de empleos que el país necesita tome todavía algunos años.
Adicionalmente a lo anterior, existe una percepción generalizada en la población de que el gobierno de Fox fue altamente ineficiente e incluso irresponsable, lo cual genera una presión sobre el gobierno de Calderón para que haga algo al respecto. El escándalo de la megabiblioteca Vasconcelos, la cual ha sido cerrada debido a fallas estructurales así como la agonía en que se encuentra el proyecto Enciclomedia, dos de las joyas de la corona foxista, han conformado la impresión de que el gobierno anterior fue un desastre, lo cual no está muy lejos de la realidad, y ello implica que el gobierno actual debe tomar medidas para exigir el cumplimiento de responsabilidades.
Y ese es quizás el mayor reto del presidente Calderón: cambiar la imagen tan arraigada en la población de que los presidentes protegen a los gobiernos anteriores. Ciertamente no se trata de encontrar chivos expiatorios de irregularidades reales o inventadas sino simplemente de que se finquen responsabilidades de acuerdo con la ley.
Es cierto que la situación de crisis en la que vivía el país a fines de 2006 ha mejorado de manera sustancial y ello hay que atribuirlo, sin duda, a la capacidad política del presidente Calderón.
El ha sido el artífice del cambio en la percepción de la población de que hay alguien a cargo del timón del país, después de seis años en que el país se conducía por "piloto automático". Y ciertamente, este no es un logro menor.
Sin embargo, es difícil decir que ya todo camina sobre ruedas. Aunque el PRD está más dispuesto a dialogar, todavía existe una parte de la población que desconfía profundamente del gobierno de Calderón y que está convencida de que las elecciones de 2006 fueron fraudulentas. Para esa parte de la población el gobierno es sólo una red de complicidades.
Y en este sentido Calderón tiene que dar muestras de que la ley se va a aplicar parejo. Si el Presidente logra convencer a la opinión pública de que ello es así, caiga quien caiga, podemos empezar a hablar de que la crisis del 2006 ha sido, en efecto, superada.
viernes, marzo 23, 2007
domingo, marzo 11, 2007
La ausencia de oposición
Felipe Calderón ha corrido con la fortuna de no tener una oposición política en las calles. No es poca cosa, considerando que literalmente tuvo que entrar por la puerta trasera para rendir protesta en el Congreso. Muchos daban por descontado un arranque accidentado y brotes de ingobernabilidad en los primeros meses. Más de algún analista planteaba la posibilidad de que las protestas generalizadas impidieran a Felipe sobrellevar su sexenio.
Lo cierto es que durante 100 días ha podido gobernar sin más contratiempo que esporádicas mantas apercibidas en controlados eventos públicos. Un visitante extranjero que hubiese constatado los escenarios incendiados de Oaxaca y Atenco, y las protestas postelectorales que reflejaban una sociedad dividida y enfrentada, podría pensar que el país es otro, apenas cinco meses después.
¿Qué sucedió? ¿Es mera fortuna, es resultado de las acciones de Calderón o una tregua engañosa? A mi juicio, es una mezcla de los tres temas anteriores y algunos más. La tregua se explica en parte por una especie de hartazgo de la mayor parte de la sociedad no politizada. Las campañas electorales habían sobrecalentado el ambiente porque apelaban a emociones y animadversiones. Pero una vez desaparecido el clima de competencia y belicosidad, los intereses de muchos coinciden en la búsqueda de estabilidad. La efervescencia social fue significativa, pero se quedó lejos de la posibilidad de desbordar el vaso (un alzamiento popular, un quiebre institucional, una insurrección generalizada). Con las protestas pasa lo que con el Alka-Seltzer: con el paso del tiempo disminuye la efervescencia. A menos que se incorporen nuevos ingredientes activadores de la burbuja de inconformidad.
Justamente, López Obrador y su equipo tienen parte de la responsabilidad de la desmovilización. Las acusaciones sobre fraude y corrupción en las casillas, el bloqueo de Reforma o su nombramiento como presidente legítimo y su gabinete de sombra desalentaron a muchos que sufragaron por su causa. Una cosa era apoyar a un candidato que estaba en favor de los pobres, y otra responder a un llamado que parecía apelar al todo o nada después del 2 de julio. Particularmente porque no había caminos viables para obtener "el todo". Los llamados de Jesusa Rodríguez para encadenarse a la puerta de una sucursal bancaria o del vocero Fernández Noroña para reventar todo acto público no parecían una vía clara para obligar al sistema a deponer a Calderón y dar el triunfo a AMLO. Eran acciones que servían quizá como desahogo de la rabia y la indignación de unos cuantos, pero muy ineficaces para canalizar políticamente a 15 millones de personas que habían votado por el tabasqueño.
Por su parte, el gobierno actuó con suficiente prudencia o precaución en momentos en que la efervescencia pudo desbordarse. No intervino contra el bloqueo de Reforma, renunció al grito en Palacio el 15 de septiembre y al desfile el 20 de noviembre. Un choque abierto y represivo entre la masa indignada y la policía en la coyuntura postelectoral podría haber cambiado la historia. Pese a la torpeza del gobierno de Fox en materia política, sus operadores supieron calcular muy bien el momento para intervenir en Oaxaca de forma que el sofocamiento no se convirtiera en una chispa que provocara mayores protestas. Sigo creyendo que, mientras no se investigue al gobernador Ulises Ruiz, esta aplicación parcial e injusta del "estado de derecho" tendrá resultados contraproducentes a largo plazo. Pero, por lo pronto, el gobierno consiguió sus propósitos inmediatos de estabilidad y desmovilización.
El resto de la explicación tiene que ver con la crisis de los partidos mismos. El PRD y el PRI han enfrentado luchas internas y reacomodos poco propicios para estar en condiciones de encabezar una oposición articulada. Las distintas fracciones y los gobernadores de cada uno han buscado negociaciones unilaterales pensando más en el provecho propio e inmediato que en una estrategia de negociación de largo aliento para imponer límites o agendas al nuevo gobierno.
Más allá de la opinión de cada cual sobre Calderón, tendremos un país mejor si el gobierno cuenta con una oposición coherente, capaz de representar los intereses de muchos sectores que están ausentes de la plataforma panista. Hay un riesgo visible de que Calderón termine siendo rehén de los grupos de poder que se sienten responsables de haberlo llevado a Los Pinos. El mayor peligro para México es que el gobierno desatienda los problemas de desigualdad y pobreza que mantienen a muchos mexicanos en situación desesperada. Podría ser una desatención con resultados incendiarios.
Una oposición efectiva y democrática ayudaría a Calderón a obtener de los grupos de poder económico las concesiones que se requieren para introducir cambios en el modelo de cara a una sociedad más justa. O dicho de otra manera, los sectores poderosos no renunciarán a ninguna porción de sus privilegios, a menos que exista una presión social que los exija políticamente. Tal exigencia sólo puede venir por dos vías: una permanente e institucional a través de la oposición democrática o una irrupción descontrolada por la vía de la inestabilidad y la insurrección.
En sus primeros tres meses, Calderón ha carecido de una oposición activa. El PRI y el PRD hasta ahora han sido obstáculos en el Congreso, pero no constituyen una presión actuante que modifique la agenda de gobierno o las políticas públicas. En lo inmediato esto representa una ventaja para Calderón. Pero a la larga, la ausencia de una oposición que represente los intereses de las mayorías inconformes podría tener consecuencias deplorables para todos. Explorar las posibilidades de que AMLO u otro actor social pueda construir una oposición útil y necesaria será materia de otra colaboración.
Lo cierto es que durante 100 días ha podido gobernar sin más contratiempo que esporádicas mantas apercibidas en controlados eventos públicos. Un visitante extranjero que hubiese constatado los escenarios incendiados de Oaxaca y Atenco, y las protestas postelectorales que reflejaban una sociedad dividida y enfrentada, podría pensar que el país es otro, apenas cinco meses después.
¿Qué sucedió? ¿Es mera fortuna, es resultado de las acciones de Calderón o una tregua engañosa? A mi juicio, es una mezcla de los tres temas anteriores y algunos más. La tregua se explica en parte por una especie de hartazgo de la mayor parte de la sociedad no politizada. Las campañas electorales habían sobrecalentado el ambiente porque apelaban a emociones y animadversiones. Pero una vez desaparecido el clima de competencia y belicosidad, los intereses de muchos coinciden en la búsqueda de estabilidad. La efervescencia social fue significativa, pero se quedó lejos de la posibilidad de desbordar el vaso (un alzamiento popular, un quiebre institucional, una insurrección generalizada). Con las protestas pasa lo que con el Alka-Seltzer: con el paso del tiempo disminuye la efervescencia. A menos que se incorporen nuevos ingredientes activadores de la burbuja de inconformidad.
Justamente, López Obrador y su equipo tienen parte de la responsabilidad de la desmovilización. Las acusaciones sobre fraude y corrupción en las casillas, el bloqueo de Reforma o su nombramiento como presidente legítimo y su gabinete de sombra desalentaron a muchos que sufragaron por su causa. Una cosa era apoyar a un candidato que estaba en favor de los pobres, y otra responder a un llamado que parecía apelar al todo o nada después del 2 de julio. Particularmente porque no había caminos viables para obtener "el todo". Los llamados de Jesusa Rodríguez para encadenarse a la puerta de una sucursal bancaria o del vocero Fernández Noroña para reventar todo acto público no parecían una vía clara para obligar al sistema a deponer a Calderón y dar el triunfo a AMLO. Eran acciones que servían quizá como desahogo de la rabia y la indignación de unos cuantos, pero muy ineficaces para canalizar políticamente a 15 millones de personas que habían votado por el tabasqueño.
Por su parte, el gobierno actuó con suficiente prudencia o precaución en momentos en que la efervescencia pudo desbordarse. No intervino contra el bloqueo de Reforma, renunció al grito en Palacio el 15 de septiembre y al desfile el 20 de noviembre. Un choque abierto y represivo entre la masa indignada y la policía en la coyuntura postelectoral podría haber cambiado la historia. Pese a la torpeza del gobierno de Fox en materia política, sus operadores supieron calcular muy bien el momento para intervenir en Oaxaca de forma que el sofocamiento no se convirtiera en una chispa que provocara mayores protestas. Sigo creyendo que, mientras no se investigue al gobernador Ulises Ruiz, esta aplicación parcial e injusta del "estado de derecho" tendrá resultados contraproducentes a largo plazo. Pero, por lo pronto, el gobierno consiguió sus propósitos inmediatos de estabilidad y desmovilización.
El resto de la explicación tiene que ver con la crisis de los partidos mismos. El PRD y el PRI han enfrentado luchas internas y reacomodos poco propicios para estar en condiciones de encabezar una oposición articulada. Las distintas fracciones y los gobernadores de cada uno han buscado negociaciones unilaterales pensando más en el provecho propio e inmediato que en una estrategia de negociación de largo aliento para imponer límites o agendas al nuevo gobierno.
Más allá de la opinión de cada cual sobre Calderón, tendremos un país mejor si el gobierno cuenta con una oposición coherente, capaz de representar los intereses de muchos sectores que están ausentes de la plataforma panista. Hay un riesgo visible de que Calderón termine siendo rehén de los grupos de poder que se sienten responsables de haberlo llevado a Los Pinos. El mayor peligro para México es que el gobierno desatienda los problemas de desigualdad y pobreza que mantienen a muchos mexicanos en situación desesperada. Podría ser una desatención con resultados incendiarios.
Una oposición efectiva y democrática ayudaría a Calderón a obtener de los grupos de poder económico las concesiones que se requieren para introducir cambios en el modelo de cara a una sociedad más justa. O dicho de otra manera, los sectores poderosos no renunciarán a ninguna porción de sus privilegios, a menos que exista una presión social que los exija políticamente. Tal exigencia sólo puede venir por dos vías: una permanente e institucional a través de la oposición democrática o una irrupción descontrolada por la vía de la inestabilidad y la insurrección.
En sus primeros tres meses, Calderón ha carecido de una oposición activa. El PRI y el PRD hasta ahora han sido obstáculos en el Congreso, pero no constituyen una presión actuante que modifique la agenda de gobierno o las políticas públicas. En lo inmediato esto representa una ventaja para Calderón. Pero a la larga, la ausencia de una oposición que represente los intereses de las mayorías inconformes podría tener consecuencias deplorables para todos. Explorar las posibilidades de que AMLO u otro actor social pueda construir una oposición útil y necesaria será materia de otra colaboración.
jueves, marzo 08, 2007
Eternal Sunshine of the Spotless Mind - amazing movie
How happy is the blameless Vestal's lot!The world forgetting, by the world forgot.Eternal sunshine of the spotless mind!Each pray'r accepted, and each wish resign'd.yMigración en España
Las migraciones se han converti do en un rasgo característico de la globalización mundial; siempre se ha migrado, pero ahora se hace con más intensidad y facilidad. España ha invertido la dirección de sus migraciones en muy poco tiempo: de enviar migrantes por todo el mundo ha pasado, desde mediados de los 90, a recibir migrantes que contribuyen a su crecimiento económico y social.
El impacto del fenómeno en todos los órdenes es una realidad en la vida española ya en el arranque del nuevo siglo. Una sociedad relativamente homogénea en términos de nacionalidades ha evolucionado en brevísimo tiempo hacia una pujante diversidad racial, cultural, lingüística y religiosa, lo que ha hecho incorporar a la agenda del país el desarrollo de aquellas políticas que permitan encauzar de manera certera, es decir, adecuada para los intereses colectivos, esta nueva realidad. Dos serían las notas a destacar para dibujar un panorama general del comportamiento observado en estos años de crecimiento migratorio.
En primer lugar, los migrantes han llegado mayoritariamente a España ocupando puestos de trabajo de evidente déficit entre los trabajadores nacionales. Los servicios domésticos, la hostelería y la construcción han sido los ámbitos laborales donde en mayor medida se han incorporado migrantes. Esto ha conllevado una baja calificación laboral, que tan sólo se está elevando en los últimos años y fundamentalmente a través de las incorporaciones de trabajadores foráneos especializados realizadas desde sus centros en otros países por diversas grandes empresas.
En segundo lugar, la integración social de la población migrante, que ha crecido de manera tan intensa, se ha efectuado de manera casi natural, con una respuesta social mayoritariamente positiva, lo que no exceptúa la aparición de conflictos esporádicos y una evidente percepción pública de desconfianza, no al migrante como tal sino hacia la incorporación de tantas personas en muy poco tiempo.
La llegada en 2004 del presidente Rodríguez Zapatero a un gobierno que se ha caracterizado por su fuerte impronta reformista y por el desarrollo de un proyecto de fortalecimiento de la ciudadanía muy ambicioso también marca el rumbo de una nueva política migratoria que debía aprender de los errores del pasado y ser capaz de encauzar en términos positivos el fenómeno migratorio.
Y la arquitectura de esa nueva estrategia ha descansado en su carácter integral, desde la seguridad de que nos hallamos ante un fenómeno muy complejo que requiere de actuaciones en distintos ámbitos a modo de vasos comunicantes, partiendo de una lucha decidida contra las redes que promueven la migración no regular que tantas víctimas causan entre los propios migrantes.
El mensaje del gobierno español es nítido, sin equívocos: la opción de la irregularidad es un error y un grave riesgo, porque sólo puede llevar a la marginalidad y tarde o temprano a la devolución al punto de partida. Existen, en cambio, vías legales para acceder a trabajar en España: un itinerario que parte del acceso a las oportunidades de contratación desde los propios países de los migrantes, sin iniciar un viaje arriesgado e inútil si se llevara a cabo de otra manera, y que, pretendiendo ajustar la migración con las necesidades del mercado laboral, se sustenta en la oferta general al exterior de puestos sectorializados y provincializados de necesaria cobertura, buscando asimismo que los inmigrantes puedan laborar en España no sólo regularmente sino en absoluta igualdad de condiciones de todo tipo con los trabajadores españoles.
Al mismo tiempo, el gobierno ha activado una política muy ambiciosa para promover la integración social de los migrantes, desde la profunda confianza en que existe un espacio sólido para la convivencia colectiva a partir del respeto a las reglas y valores del estado de derecho. Las experiencias fallidas de otros países nos han mostrado que los errores se pagan caros y que la clave para acertar se encuentra en formular una política que haga iguales en derechos y obligaciones a todos los que viven y trabajan en España.
Este objetivo requiere de actuaciones a favor de la integración dirigidas al conjunto de la población -con independencia de su nacionalidad- que el gobierno está impulsando a través de un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que ha aprobado hace apenas algunas semanas.
En definitiva, el gobierno de España está desarrollando una política de prioridades que descansa en la promoción de la llegada de la migración por las vías legales, que deja sin perspectivas los accesos al mercado de trabajo por métodos no lícitos y que despliega un marcado compromiso con la integración social de los migrantes, con seguridad uno de los retos colectivos de mayor alcance que se presentan al mundo y a España en las próximas décadas.
Esta política encuentra una dimensión crucial en la cooperación con distintos países y otros espacios de dialogo multilateral, porque el carácter global de las migraciones exige a nuestro modo de ver un esfuerzo sostenido para aunar esfuerzos que permitan un ordenamiento básico de los movimientos migratorios.
En el ámbito iberoamericano, el "Compromiso de Montevideo", documento monográfico sobre migración suscrito en la cumbre del pasado noviembre y en cuya elaboración tanto México como España han tenido un activo papel, ha supuesto un avance muy importante, ya que Iberoamérica ha acordado abordar desde la concertación un fenómeno que afecta poderosamente a sus países, con distintas expresiones y con multitud de movimientos.
Estamos hablando pues de abordar de manera común entre nuestros países un fenómeno como el migratorio, cuyo impacto y potencia supera las capacidades de cada Estado por si solo.
Desde el pasado año, con los Encuentros de las Migraciones celebrados primero en Madrid y más tarde en Montevideo, Iberoamérica en general ha dado pasos muy importantes. México y España, que han participado en este proceso para establecer las bases de un tratamiento iberoamericano común de la migración, sin duda están llamados, por su experiencia y capacidad, a desempeñar un papel de primera línea en este proceso de concertación que ya ha comenzado.
Secretaria de Inmigración y Emigración del Gobierno de España
El impacto del fenómeno en todos los órdenes es una realidad en la vida española ya en el arranque del nuevo siglo. Una sociedad relativamente homogénea en términos de nacionalidades ha evolucionado en brevísimo tiempo hacia una pujante diversidad racial, cultural, lingüística y religiosa, lo que ha hecho incorporar a la agenda del país el desarrollo de aquellas políticas que permitan encauzar de manera certera, es decir, adecuada para los intereses colectivos, esta nueva realidad. Dos serían las notas a destacar para dibujar un panorama general del comportamiento observado en estos años de crecimiento migratorio.
En primer lugar, los migrantes han llegado mayoritariamente a España ocupando puestos de trabajo de evidente déficit entre los trabajadores nacionales. Los servicios domésticos, la hostelería y la construcción han sido los ámbitos laborales donde en mayor medida se han incorporado migrantes. Esto ha conllevado una baja calificación laboral, que tan sólo se está elevando en los últimos años y fundamentalmente a través de las incorporaciones de trabajadores foráneos especializados realizadas desde sus centros en otros países por diversas grandes empresas.
En segundo lugar, la integración social de la población migrante, que ha crecido de manera tan intensa, se ha efectuado de manera casi natural, con una respuesta social mayoritariamente positiva, lo que no exceptúa la aparición de conflictos esporádicos y una evidente percepción pública de desconfianza, no al migrante como tal sino hacia la incorporación de tantas personas en muy poco tiempo.
La llegada en 2004 del presidente Rodríguez Zapatero a un gobierno que se ha caracterizado por su fuerte impronta reformista y por el desarrollo de un proyecto de fortalecimiento de la ciudadanía muy ambicioso también marca el rumbo de una nueva política migratoria que debía aprender de los errores del pasado y ser capaz de encauzar en términos positivos el fenómeno migratorio.
Y la arquitectura de esa nueva estrategia ha descansado en su carácter integral, desde la seguridad de que nos hallamos ante un fenómeno muy complejo que requiere de actuaciones en distintos ámbitos a modo de vasos comunicantes, partiendo de una lucha decidida contra las redes que promueven la migración no regular que tantas víctimas causan entre los propios migrantes.
El mensaje del gobierno español es nítido, sin equívocos: la opción de la irregularidad es un error y un grave riesgo, porque sólo puede llevar a la marginalidad y tarde o temprano a la devolución al punto de partida. Existen, en cambio, vías legales para acceder a trabajar en España: un itinerario que parte del acceso a las oportunidades de contratación desde los propios países de los migrantes, sin iniciar un viaje arriesgado e inútil si se llevara a cabo de otra manera, y que, pretendiendo ajustar la migración con las necesidades del mercado laboral, se sustenta en la oferta general al exterior de puestos sectorializados y provincializados de necesaria cobertura, buscando asimismo que los inmigrantes puedan laborar en España no sólo regularmente sino en absoluta igualdad de condiciones de todo tipo con los trabajadores españoles.
Al mismo tiempo, el gobierno ha activado una política muy ambiciosa para promover la integración social de los migrantes, desde la profunda confianza en que existe un espacio sólido para la convivencia colectiva a partir del respeto a las reglas y valores del estado de derecho. Las experiencias fallidas de otros países nos han mostrado que los errores se pagan caros y que la clave para acertar se encuentra en formular una política que haga iguales en derechos y obligaciones a todos los que viven y trabajan en España.
Este objetivo requiere de actuaciones a favor de la integración dirigidas al conjunto de la población -con independencia de su nacionalidad- que el gobierno está impulsando a través de un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que ha aprobado hace apenas algunas semanas.
En definitiva, el gobierno de España está desarrollando una política de prioridades que descansa en la promoción de la llegada de la migración por las vías legales, que deja sin perspectivas los accesos al mercado de trabajo por métodos no lícitos y que despliega un marcado compromiso con la integración social de los migrantes, con seguridad uno de los retos colectivos de mayor alcance que se presentan al mundo y a España en las próximas décadas.
Esta política encuentra una dimensión crucial en la cooperación con distintos países y otros espacios de dialogo multilateral, porque el carácter global de las migraciones exige a nuestro modo de ver un esfuerzo sostenido para aunar esfuerzos que permitan un ordenamiento básico de los movimientos migratorios.
En el ámbito iberoamericano, el "Compromiso de Montevideo", documento monográfico sobre migración suscrito en la cumbre del pasado noviembre y en cuya elaboración tanto México como España han tenido un activo papel, ha supuesto un avance muy importante, ya que Iberoamérica ha acordado abordar desde la concertación un fenómeno que afecta poderosamente a sus países, con distintas expresiones y con multitud de movimientos.
Estamos hablando pues de abordar de manera común entre nuestros países un fenómeno como el migratorio, cuyo impacto y potencia supera las capacidades de cada Estado por si solo.
Desde el pasado año, con los Encuentros de las Migraciones celebrados primero en Madrid y más tarde en Montevideo, Iberoamérica en general ha dado pasos muy importantes. México y España, que han participado en este proceso para establecer las bases de un tratamiento iberoamericano común de la migración, sin duda están llamados, por su experiencia y capacidad, a desempeñar un papel de primera línea en este proceso de concertación que ya ha comenzado.
Secretaria de Inmigración y Emigración del Gobierno de España
¿Es posible una nueva relación?
Una golondrina no hace verano. Una gira tampoco. La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina no ha merecido más que críticas y no de ahora sino de siempre. La política del presidente Bush para con la región ha sido, en lo fundamental, la misma que la de otras administraciones.
A las críticas se añade el reclamo, a veces también resentimiento, de los pueblos de América Latina ante la larga historia de intervenciones de Estados Unidos. En la región todos los países tienen algo que lamentar en su relación con esa nación. Esa es la realidad. Está ahí y no puede negarse.
¿Es posible construir otro tipo de relación? Sí, pero no es fácil. Surgen, entonces, otras preguntas: ¿cómo romper el círculo vicioso? ¿Cómo cambiar los términos de esta relación? ¿Cómo construir una que sea ganadora para todas las partes?
Estados Unidos y América Latina tienen que romper con la dialéctica del amo y el esclavo. Sigue presente. De ahí la virulencia del discurso de unos y otros. El amo sólo existe si hay alguien que se asume como esclavo. Hay todavía quienes se ven como tal; de ahí nace su discurso emancipador.
América Latina tiene que abandonar, para siempre, el discurso de víctima ofendida frente a Estados Unidos. No conduce a nada. Es desahogo y nunca propuesta. El lamento no cambia la condición de los países y sí les impide actuar. Los deja donde están.
Estados Unidos tiene que abandonar, para siempre, el discurso del victimario incomprendido frente a América Latina. Esa posición no construye y sí conduce al encierro y al rechazo del otro. Así, víctima y victimario, uno al amparo del otro, se reproducen y todo sigue igual. Eso es, precisamente, lo que hay que romper.
El cambio de fondo pasa, necesariamente, por dos conceptos: colaboración y corresponsabilidad. Son los que pueden transformar la relación. Estados Unidos y América Latina se necesitan, pero siempre que se asuman como iguales. Tan importante es el uno como el otro. Ambos tienen derechos y obligaciones.
Colaboración no es colaboracionismo. Es aceptar que los problemas de cada país exigen hoy de la ayuda del otro para resolverlos. Es el caso de la migración. Su solución exige de la colaboración de unos y otros. No se resuelve sólo desde la lógica nacional. Es, en esencia, un problema transnacional.
Lo mismo ocurre con la corresponsabilidad. Si uno no se hace responsable de su parte y exige que la tarea sólo la haga el otro, se podrán encontrar culpables, pero nunca la solución al problema. Es el caso del narcotráfico o el tráfico de armas. Si Estados Unidos no asume la tarea que le corresponde en su ámbito interno y sólo exige que los otros realicen su parte, todo seguirá más o menos como ahora.
La gira del presidente Bush busca un mejor entendimiento con América Latina, pero servirá de muy poco si no cambian los términos de la relación. Si no se entra a la etapa de la colaboración y la corresponsabilidad. De no hacerse así seguiremos, aunque sea lamentable, en las mismas. Una gira no hace verano.
A las críticas se añade el reclamo, a veces también resentimiento, de los pueblos de América Latina ante la larga historia de intervenciones de Estados Unidos. En la región todos los países tienen algo que lamentar en su relación con esa nación. Esa es la realidad. Está ahí y no puede negarse.
¿Es posible construir otro tipo de relación? Sí, pero no es fácil. Surgen, entonces, otras preguntas: ¿cómo romper el círculo vicioso? ¿Cómo cambiar los términos de esta relación? ¿Cómo construir una que sea ganadora para todas las partes?
Estados Unidos y América Latina tienen que romper con la dialéctica del amo y el esclavo. Sigue presente. De ahí la virulencia del discurso de unos y otros. El amo sólo existe si hay alguien que se asume como esclavo. Hay todavía quienes se ven como tal; de ahí nace su discurso emancipador.
América Latina tiene que abandonar, para siempre, el discurso de víctima ofendida frente a Estados Unidos. No conduce a nada. Es desahogo y nunca propuesta. El lamento no cambia la condición de los países y sí les impide actuar. Los deja donde están.
Estados Unidos tiene que abandonar, para siempre, el discurso del victimario incomprendido frente a América Latina. Esa posición no construye y sí conduce al encierro y al rechazo del otro. Así, víctima y victimario, uno al amparo del otro, se reproducen y todo sigue igual. Eso es, precisamente, lo que hay que romper.
El cambio de fondo pasa, necesariamente, por dos conceptos: colaboración y corresponsabilidad. Son los que pueden transformar la relación. Estados Unidos y América Latina se necesitan, pero siempre que se asuman como iguales. Tan importante es el uno como el otro. Ambos tienen derechos y obligaciones.
Colaboración no es colaboracionismo. Es aceptar que los problemas de cada país exigen hoy de la ayuda del otro para resolverlos. Es el caso de la migración. Su solución exige de la colaboración de unos y otros. No se resuelve sólo desde la lógica nacional. Es, en esencia, un problema transnacional.
Lo mismo ocurre con la corresponsabilidad. Si uno no se hace responsable de su parte y exige que la tarea sólo la haga el otro, se podrán encontrar culpables, pero nunca la solución al problema. Es el caso del narcotráfico o el tráfico de armas. Si Estados Unidos no asume la tarea que le corresponde en su ámbito interno y sólo exige que los otros realicen su parte, todo seguirá más o menos como ahora.
La gira del presidente Bush busca un mejor entendimiento con América Latina, pero servirá de muy poco si no cambian los términos de la relación. Si no se entra a la etapa de la colaboración y la corresponsabilidad. De no hacerse así seguiremos, aunque sea lamentable, en las mismas. Una gira no hace verano.
martes, febrero 13, 2007
Until the end
A pair of human skeletons lie entwined at an Neolithic archaeological dig site near Mantova, Italy, in a photo released February 6, 2007. In a Valentines Day gift to the country, scientists said they are determined to jointly remove and preserve the remains of the couple buried 5,000 to 6,000 years ago, their arms still wrapped around each other in an enduring embrace
martes, febrero 06, 2007
U2 - Window in the sky (amazing video)
Lyrics:
The shackles are undone
The bullets quit the gun
The heat thats in the sun
Will keep us when there's none
The rule has been disproved
The stone has been moved
The grain is now a groove
All debts are removed, ooh
Oh can't you see what our love has done
Oh can't you see what our love has done
Oh can't you see what our love has done
What it's doing to me
Love makes strange enemies
Makes love when love may please
Soul in a strip tease
Hate brought to its knees
Sky over our head
Can reach it from our bed
If you let me in your heart
And out of my head
Oh can't you see what our love has done
Oh can't you see what our love has done
Oh can't you see what our love has done
What it's doing to me
Oh oh oh hhhhhhhhhhh
Oh oh oh hhhhhhhhhhh
Please don't ever let me out of here
I've got no shame
oh no oh no
Oh can't you see what love has done
Oh can't you see
Oh can't you see what love has done
What it's doing to me
Oh I know I hurt you and I made you cry
Did everything but murder but you and I
But love left a window in the skies
And to love I rhapsodize
Oh can't you see what love has done
to every broken heart
Oh can't you see what love has done
for every heart that cries
Love left a window in the skies
And to love I rhapsodize
Oh can't you see
sábado, febrero 03, 2007
Soberanía ¿nacional?
Calderón mintió cuando dijo en España que México había votado por la "economía de mercado" (o capitalismo neoliberal y oligárquico) pues obtuvo 15 millones de votos, el PRD casi 15 millones, el PRI concentró el resto de los votos más los obtenidos por los partidos pequeños. Ganó o casi ganó el PRD según la perspectiva analítica manejada, cuyos votantes no estaban por la reproducción de ese capitalismo monopólico y excluyente; tampoco éstos y la mayoría de los electores decidieron apoyar un proyecto socialista o comunista o cualquier otra alternativa colectivista (cooperativismo, comunalismo, autogestión, etcétera).
Entonces, no se vale decir mentiras, la mayoría no avaló en las urnas el capitalismo actual ni ninguna forma de colectivismo; a lo más rondó el capitalista fantasma populista.
La reciente manifestación multitudinaria en el zócalo capitalino y en algunas ciudades de provincia sí planteó una crítica a ese capitalismo al exigir un cambio de rumbo económico y político para recuperar parte de la soberanía nacional perdida o en peligro de perderse, la soberanía alimentaria, la social, la laboral y la energética, como labores de corto plazo.
La soberanía financiera en manos de la banca extranjerizada, la soberanía comercial exterior dependiente casi en 90% del mercado estadounidense y la soberanía política en manos de la oligarquía doméstica y transnacional son, sin duda tareas de largo plazo.
Si por soberanía se entiende la capacidad de un Estado de tomar decisiones internas e internacionales con relativa autonomía frente a los poderes fácticos internos o a otros estados, guiado por los intereses nacionales, ese proceso y función estatal desde hace dos décadas ha ido disminuyendo de forma creciente y alarmante en México.
Soberanía para aumentar los salarios, para subsidiar el precio de la tortilla, para renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio y proteger a los agricultores nacionales de productos básicos, para controlar los precios y combatir a los monopolios, para sanear y eficientar la producción y uso del petróleo y la electricidad conforme las necesidades sociales.
Todo lo anterior lo han señalado las manifestaciones del pasado miércoles de diversas maneras: "Es imprescindible democratizar la economía y superar el estancamiento en la democratización de la política. La reforma social y democrática del Estado es hoy una tarea fundamental. Nadie, ni aun los que afirman haber ganado las elecciones tienen derecho al monopolio de las decisiones públicas".
"El nuevo pacto social que estamos demandando deberá darse de cara a la nación. para construirlo se requieren nuevas formas institucionales que permitan la inclusión de los diversos sectores en las decisiones públicas", según planteó la "Declaración del zócalo" signada por distintas agrupaciones campesinas, sindicales, ciudadanas y partidistas.
Por su parte, durante la movilización impulsada por la Convención Nacional Democrática, López Obrador, además de mostrar coincidencias con la declaración mencionada, señaló que los miembros del Poder Legislativo "dejen de actuar en la esfera de los poderosos y se conviertan en auténticos representantes del pueblo".
La respuesta de Calderón a las propuestas fue de lo más burocrática: ordenó a los secretarios de Economía y Agricultura atender de forma "expedita, sensible y respetuosa" al diálogo propuesto por las organizaciones manifestantes.
En resumen, el planteamiento central de los protestantes es reformar el nexo de las instituciones del Estado con los sectores sociales mayoritarios y de los poderes presidencial y Legislativo con éstos a través de acciones concretas y presupuesto público suficiente, como ejercicio de soberanía nacional. Ejercicio al que demandan congruencia con los principios de la democracia representativa y el interés nacional, pero a la vez anuncian otras formas de lucha pacífica y masiva para impulsar la democracia sustantiva y participativa y no sólo la electoral.
Mientras, si persiste la inacción gubernamental y la insensibilidad política de la élite económica y mediática, el reducido bono democrático de Calderón se consumirá y el beneficio de la duda de las intenciones de su gobierno se agotará.
Veremos de nuevo en acción a la soberanía oligárquica y avanzar la descomposición social, el crimen organizado, la migración, la pobreza y el desempleo. Entonces, que a nadie sorprenda que aparezcan estallidos sociales y líderes populistas que tanto asustan a ciertos intelectuales de televisión.
Entonces, no se vale decir mentiras, la mayoría no avaló en las urnas el capitalismo actual ni ninguna forma de colectivismo; a lo más rondó el capitalista fantasma populista.
La reciente manifestación multitudinaria en el zócalo capitalino y en algunas ciudades de provincia sí planteó una crítica a ese capitalismo al exigir un cambio de rumbo económico y político para recuperar parte de la soberanía nacional perdida o en peligro de perderse, la soberanía alimentaria, la social, la laboral y la energética, como labores de corto plazo.
La soberanía financiera en manos de la banca extranjerizada, la soberanía comercial exterior dependiente casi en 90% del mercado estadounidense y la soberanía política en manos de la oligarquía doméstica y transnacional son, sin duda tareas de largo plazo.
Si por soberanía se entiende la capacidad de un Estado de tomar decisiones internas e internacionales con relativa autonomía frente a los poderes fácticos internos o a otros estados, guiado por los intereses nacionales, ese proceso y función estatal desde hace dos décadas ha ido disminuyendo de forma creciente y alarmante en México.
Soberanía para aumentar los salarios, para subsidiar el precio de la tortilla, para renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio y proteger a los agricultores nacionales de productos básicos, para controlar los precios y combatir a los monopolios, para sanear y eficientar la producción y uso del petróleo y la electricidad conforme las necesidades sociales.
Todo lo anterior lo han señalado las manifestaciones del pasado miércoles de diversas maneras: "Es imprescindible democratizar la economía y superar el estancamiento en la democratización de la política. La reforma social y democrática del Estado es hoy una tarea fundamental. Nadie, ni aun los que afirman haber ganado las elecciones tienen derecho al monopolio de las decisiones públicas".
"El nuevo pacto social que estamos demandando deberá darse de cara a la nación. para construirlo se requieren nuevas formas institucionales que permitan la inclusión de los diversos sectores en las decisiones públicas", según planteó la "Declaración del zócalo" signada por distintas agrupaciones campesinas, sindicales, ciudadanas y partidistas.
Por su parte, durante la movilización impulsada por la Convención Nacional Democrática, López Obrador, además de mostrar coincidencias con la declaración mencionada, señaló que los miembros del Poder Legislativo "dejen de actuar en la esfera de los poderosos y se conviertan en auténticos representantes del pueblo".
La respuesta de Calderón a las propuestas fue de lo más burocrática: ordenó a los secretarios de Economía y Agricultura atender de forma "expedita, sensible y respetuosa" al diálogo propuesto por las organizaciones manifestantes.
En resumen, el planteamiento central de los protestantes es reformar el nexo de las instituciones del Estado con los sectores sociales mayoritarios y de los poderes presidencial y Legislativo con éstos a través de acciones concretas y presupuesto público suficiente, como ejercicio de soberanía nacional. Ejercicio al que demandan congruencia con los principios de la democracia representativa y el interés nacional, pero a la vez anuncian otras formas de lucha pacífica y masiva para impulsar la democracia sustantiva y participativa y no sólo la electoral.
Mientras, si persiste la inacción gubernamental y la insensibilidad política de la élite económica y mediática, el reducido bono democrático de Calderón se consumirá y el beneficio de la duda de las intenciones de su gobierno se agotará.
Veremos de nuevo en acción a la soberanía oligárquica y avanzar la descomposición social, el crimen organizado, la migración, la pobreza y el desempleo. Entonces, que a nadie sorprenda que aparezcan estallidos sociales y líderes populistas que tanto asustan a ciertos intelectuales de televisión.
martes, enero 30, 2007
domingo, enero 28, 2007
viernes, enero 19, 2007
La pesadilla de Gil
El temido Francisco Gil Díaz, reputado como hombre de acero inoxidable, está mostrando cómo se puede abollar su casco
E l 2 de enero de este año, Francisco Gil Díaz se metió en un embrollo que quizás sólo se puede explicar en la personalidad del ex funcionario. Un comunicado de HSBC, el banco global de Hong Kong, informó que a partir de ese día Gil Díaz fungiría como consejero independiente del Consejo de Administración de la institución. A 32 días de haber dejado de ser secretario de Hacienda, quien vigilaba a los bancos se convirtió en empleado de uno de ellos. Como todo el mundo, menos él y HSBC, se lo hubiera imaginado, estalló un escándalo por presunto conflicto de interés.
Tantas lagunas legales existentes le podrían permitir salir a flote de ese lío, aun pese a su laxitud ética, pero no ha sido así. Su sensibilidad paquidérmica provocó que una cadena de acusaciones, algunas públicas, muchas privadas, comenzaran a caer contra quien se desempeñó de una forma tácita como presidente adjunto para asuntos económicos en el gobierno de Vicente Fox.
El comunicado de HSBC volvió a abrir una profunda herida. Este banco multinacional adquirió en 2002 al Grupo Bital, que dirigían Antonio del Valle y Jaime Ruiz Sacristán, hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración zedillista, mediante una operación excepcional: la bursatilización de sus acciones. Es decir, para evitar pagar impuestos, la Secretaría de Hacienda, que encabezaba Gil Díaz, autorizó que la venta de Bital se concretara antes de que abriera la Bolsa Mexicana de Valores.
O sea, si teóricamente era posible que cualquier persona, al momento de iniciar las operaciones en el mercado de valores, pudiera comprar acciones del banco en venta, en realidad era imposible: al abrirse la jornada bursátil, el banco ya era propiedad de HSBC y sus anteriores propietarios ahorraron mil 500 millones de dólares que debían de haber sido pagados al fisco. Un año antes, Gil Díaz autorizó lo mismo a Citibank, con lo cual los dueños de Banamex, que fue puesto en venta bajo el mismo método, dejaron de pagar 4 mil millones de dólares al fisco.
Siempre se ha argumentado que no hubo nada ilegal en esas operaciones, lo cual no ha impedido señalar a las autoridades financieras, particularmente a Gil Díaz, de haber encabezado un proceso ilegítimo. Aún más cuando los dueños de Banamex, en particular su principal accionista Roberto Hernández, lo tenían como empleado en Avantel, empresa telefónica propiedad del banco, de donde saltó a la cartera de Hacienda, designado por el presidente Fox, quien había recibido fondos de Hernández para su campaña electoral.
Pero sí hay razones para presumir un fraude a la ley por parte de Gil Díaz, de acuerdo con ex funcionarios en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. La clave se encuentra en una operación financiera que le fue planteada años atrás a Zedillo, que tomando como referencia la venta de Gamesa a Pepsico, idéntica a la de Banamex y Bital, ordenó una reunión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que establecieran un criterio que impidiera evasión disfrazada de impuestos.
La lógica de Zedillo era, según un ex funcionario de su gobierno, que no se podía permitir un intercambio en la bolsa con el único objetivo de evitar impacto fiscal. De esa manera, subsiguientes operaciones similares a la de Gamesa -pues el criterio era general y no dirigido en específico a ningún sector- no consiguieron beneficios fiscales. A la llegada del gobierno de Fox las cosas cambiaron, discreta pero radicalmente. De nuevo se convocó a una reunión de la CNBV, en la que no estuvo Guillermo Ortiz -que había participado en la anterior como secretario de Hacienda- en su calidad de gobernador del Banco de México, donde se revirtió en 180 grados el criterio.
El financiero de Fox y los patrones de Gil Díaz resultaron enormemente beneficiados por la nueva disposición, de la cual también lucraron los dueños de Bital en su momento. Citibank -la operación financiera la hizo otro ex subsecretario de Hacienda zedillista, Martín Werner, especialista de Goldman Sachs- se quedó con Banamex y HSBC, el nuevo patrón de Gil Díaz, con Bital.
Como hipótesis de trabajo, se puede presumir que lo que hizo el ex secretario de Hacienda, con la responsabilidad compartida del ex presidente Fox, es un fraude a la ley. El nuevo criterio de la CNBV fue como un traje a la medida para los bancos extranjeros. Para comprar las acciones se necesitaba la autorización de la Secretaría de Hacienda, lo que se realizó por instrucciones -no se necesita una circular, sino se encuentra entre sus funciones irrevocables- del titular.
Podrá alegar que se mantuvieron dentro de los márgenes de la ley, pero tendrá que explicar por qué se fueron cambiando los procedimientos legales. Este campo parece un área de especialización a lo largo de la carrera de Gil Díaz. Como lo mostró una serie de reportajes de la periodista Carolina Rocha publicados esta semana en EL UNIVERSAL, regulaciones a la medida y conflictos de interés han marcado su paso por la administración pública.
Rocha detalló la opacidad en las aduanas, desmenuzando el Sistema Automatizado Aduanero Integral, operado por la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), de la cual es presuntamente socio el propio ex secretario, y la forma como fue beneficiando a lo largo de los años a sus familiares con agencias aduanales, colocándolo en el umbral de una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
ISOSA y la corrupción en las aduanas persiguieron inútilmente a Gil Díaz a lo largo del sexenio pasado. Sin embargo, la torpeza política de Gil Díaz no sólo lo metió inesperadamente en la construcción del proceso de legitimidad del nuevo gobierno de Felipe Calderón, sino que le introdujo presiones para que se atienda el caso.
El Congreso reaccionó al nombramiento en HSBC y a los reportajes en diversos diarios con peticiones de investigación. En paralelo, la Secretaría de la Función Pública ya inició una investigación sobre Gil Díaz y realizará auditorías preliminares sobre aspectos específicos de su gestión. De acuerdo con funcionarios federales, lo que se ha hecho público es apenas una fracción de las denuncias que se han recibido en contra de Gil Díaz durante las últimas semanas, particularmente en el área de aduanas en el aeropuerto internacional de la ciudad de México.
Gil Díaz ya puso a sus abogados a trabajar y comenzará en breve una batalla en el campo legal. Increíble. Al afamado fiscal hacendario con mano de hierro se le encontró el talón de Aquiles. Por atrás, por descuidado, por arrogante. Si incurrió en una ilegalidad, la autoridad tendrá que determinarlo. Lo que sí está claro es que su sabático post sexenal se convertirá en pesadilla.
E l 2 de enero de este año, Francisco Gil Díaz se metió en un embrollo que quizás sólo se puede explicar en la personalidad del ex funcionario. Un comunicado de HSBC, el banco global de Hong Kong, informó que a partir de ese día Gil Díaz fungiría como consejero independiente del Consejo de Administración de la institución. A 32 días de haber dejado de ser secretario de Hacienda, quien vigilaba a los bancos se convirtió en empleado de uno de ellos. Como todo el mundo, menos él y HSBC, se lo hubiera imaginado, estalló un escándalo por presunto conflicto de interés.
Tantas lagunas legales existentes le podrían permitir salir a flote de ese lío, aun pese a su laxitud ética, pero no ha sido así. Su sensibilidad paquidérmica provocó que una cadena de acusaciones, algunas públicas, muchas privadas, comenzaran a caer contra quien se desempeñó de una forma tácita como presidente adjunto para asuntos económicos en el gobierno de Vicente Fox.
El comunicado de HSBC volvió a abrir una profunda herida. Este banco multinacional adquirió en 2002 al Grupo Bital, que dirigían Antonio del Valle y Jaime Ruiz Sacristán, hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración zedillista, mediante una operación excepcional: la bursatilización de sus acciones. Es decir, para evitar pagar impuestos, la Secretaría de Hacienda, que encabezaba Gil Díaz, autorizó que la venta de Bital se concretara antes de que abriera la Bolsa Mexicana de Valores.
O sea, si teóricamente era posible que cualquier persona, al momento de iniciar las operaciones en el mercado de valores, pudiera comprar acciones del banco en venta, en realidad era imposible: al abrirse la jornada bursátil, el banco ya era propiedad de HSBC y sus anteriores propietarios ahorraron mil 500 millones de dólares que debían de haber sido pagados al fisco. Un año antes, Gil Díaz autorizó lo mismo a Citibank, con lo cual los dueños de Banamex, que fue puesto en venta bajo el mismo método, dejaron de pagar 4 mil millones de dólares al fisco.
Siempre se ha argumentado que no hubo nada ilegal en esas operaciones, lo cual no ha impedido señalar a las autoridades financieras, particularmente a Gil Díaz, de haber encabezado un proceso ilegítimo. Aún más cuando los dueños de Banamex, en particular su principal accionista Roberto Hernández, lo tenían como empleado en Avantel, empresa telefónica propiedad del banco, de donde saltó a la cartera de Hacienda, designado por el presidente Fox, quien había recibido fondos de Hernández para su campaña electoral.
Pero sí hay razones para presumir un fraude a la ley por parte de Gil Díaz, de acuerdo con ex funcionarios en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. La clave se encuentra en una operación financiera que le fue planteada años atrás a Zedillo, que tomando como referencia la venta de Gamesa a Pepsico, idéntica a la de Banamex y Bital, ordenó una reunión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que establecieran un criterio que impidiera evasión disfrazada de impuestos.
La lógica de Zedillo era, según un ex funcionario de su gobierno, que no se podía permitir un intercambio en la bolsa con el único objetivo de evitar impacto fiscal. De esa manera, subsiguientes operaciones similares a la de Gamesa -pues el criterio era general y no dirigido en específico a ningún sector- no consiguieron beneficios fiscales. A la llegada del gobierno de Fox las cosas cambiaron, discreta pero radicalmente. De nuevo se convocó a una reunión de la CNBV, en la que no estuvo Guillermo Ortiz -que había participado en la anterior como secretario de Hacienda- en su calidad de gobernador del Banco de México, donde se revirtió en 180 grados el criterio.
El financiero de Fox y los patrones de Gil Díaz resultaron enormemente beneficiados por la nueva disposición, de la cual también lucraron los dueños de Bital en su momento. Citibank -la operación financiera la hizo otro ex subsecretario de Hacienda zedillista, Martín Werner, especialista de Goldman Sachs- se quedó con Banamex y HSBC, el nuevo patrón de Gil Díaz, con Bital.
Como hipótesis de trabajo, se puede presumir que lo que hizo el ex secretario de Hacienda, con la responsabilidad compartida del ex presidente Fox, es un fraude a la ley. El nuevo criterio de la CNBV fue como un traje a la medida para los bancos extranjeros. Para comprar las acciones se necesitaba la autorización de la Secretaría de Hacienda, lo que se realizó por instrucciones -no se necesita una circular, sino se encuentra entre sus funciones irrevocables- del titular.
Podrá alegar que se mantuvieron dentro de los márgenes de la ley, pero tendrá que explicar por qué se fueron cambiando los procedimientos legales. Este campo parece un área de especialización a lo largo de la carrera de Gil Díaz. Como lo mostró una serie de reportajes de la periodista Carolina Rocha publicados esta semana en EL UNIVERSAL, regulaciones a la medida y conflictos de interés han marcado su paso por la administración pública.
Rocha detalló la opacidad en las aduanas, desmenuzando el Sistema Automatizado Aduanero Integral, operado por la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), de la cual es presuntamente socio el propio ex secretario, y la forma como fue beneficiando a lo largo de los años a sus familiares con agencias aduanales, colocándolo en el umbral de una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
ISOSA y la corrupción en las aduanas persiguieron inútilmente a Gil Díaz a lo largo del sexenio pasado. Sin embargo, la torpeza política de Gil Díaz no sólo lo metió inesperadamente en la construcción del proceso de legitimidad del nuevo gobierno de Felipe Calderón, sino que le introdujo presiones para que se atienda el caso.
El Congreso reaccionó al nombramiento en HSBC y a los reportajes en diversos diarios con peticiones de investigación. En paralelo, la Secretaría de la Función Pública ya inició una investigación sobre Gil Díaz y realizará auditorías preliminares sobre aspectos específicos de su gestión. De acuerdo con funcionarios federales, lo que se ha hecho público es apenas una fracción de las denuncias que se han recibido en contra de Gil Díaz durante las últimas semanas, particularmente en el área de aduanas en el aeropuerto internacional de la ciudad de México.
Gil Díaz ya puso a sus abogados a trabajar y comenzará en breve una batalla en el campo legal. Increíble. Al afamado fiscal hacendario con mano de hierro se le encontró el talón de Aquiles. Por atrás, por descuidado, por arrogante. Si incurrió en una ilegalidad, la autoridad tendrá que determinarlo. Lo que sí está claro es que su sabático post sexenal se convertirá en pesadilla.
jueves, enero 04, 2007
EU va por su legión extranjera
El Departamento de Defensa de Estados Unidos inició estudios sobre la posibilidad de reclutar extranjeros para incrementar los activos de las Fuerzas Armadas y, aunque apenas comienza, desató ya un debate sobre lo que algunos comparan aquí con la contratación de mercenarios o la creación de una "legión extranjera".
La idea que analiza el Pentágono, que abriría lo que se definió como "una ruta militar hacia la ciudadanía", está apenas en sus inicios y muchos de los detalles son desconocidos, pero parece un eco de propuestas lanzadas durante la última década, ante los crecientes problemas para llenar vacantes en los servicios armados.
De acuerdo con lo que se sabe ahora, la proposición incluiría la posibilidad de aceptar residentes indocumentados que ya están en EU.
La existencia del estudio fue aceptada por el Pentágono, pero el reporte como tal es desconocido aún, si bien se sabe que la idea es similar a la que se ha debatido aquí en voz baja por una docena de años: abrir oficinas de reclutamiento en el mundo y seleccionar a posibles candidatos.
De hecho, en los últimos meses el Congreso escuchó advertencias de que las Fuerzas Armadas estadounidenses están "sobreextendidas" y que tienen problemas para reclutar suficiente personal para lo que es hoy un aparato militar compuesto por "voluntarios".
Entre 1990 y 1994 el Ejército estadounidense de tierra tenía 700 mil hombres. Hoy se estima en 500 mil y, de acuerdo con el general Peter Schoomaker, jefe del Estado Mayor de esa rama, no podrá mantener su actual despliegue. Algunas de las unidades en existencia han ido ya tres veces a Irak o Afganistán y por primera vez en mucho tiempo se recurrió a la reserva constituida por la Guardia Nacional.
De hecho, los cálculos actuales consignan que se necesitan al menos 30 mil hombres para el Ejército y 5 mil más para la Infantería de Marina, pero, de acuerdo con reportes de prensa, esas cifras parecen difíciles de alcanzar ante la impresión de que el enlistamiento significa lo que el diario Boston Globe calificó como "un boleto a Bagdad".
Al mismo tiempo, en los últimos años los reclutadores han recurrido a incentivos económicos y a reducir requerimientos de ingreso a una fuerza que exige niveles educativos de, por lo menos, escuela secundaria, y que ha enfrentado algunos escándalos por presionar a jóvenes para enlistarse o reclutar a inmigrantes indocumentados a pesar de que es ilegal. "Al invitar a extranjeros a unirse a las Fuerzas Armadas a cambio de una promesa de ciudadanía después de un servicio de cuatro años, podríamos mantener la atracción para algunos de los individuos más emprendedores, talentosos y desinteresados. Abriríamos un nuevo camino para la asimilación de inmigrantes indocumentados que ya están aquí, pero carecen de un requisito para alistarse (la residencia legal)", escribió recientemente Max Boot, un analista que promueve la idea desde hace dos años.
Boot propuso la creación de una "Legión de la Libertad", modelada sobre la Legión Extranjera francesa y que tendría como misión "defender y adelantar libertad alrededor del mundo... sería, en efecto, una fuerza multinacional bajo mando estadounidense y una que no necesitaría del permiso de Francia, Alemania o Naciones Unidas para ser desplegada.
Hace una década, Robert Brown, dueño de la revista Soldier of Fortune (Mercenario), hizo una propuesta similar. Pero otros consideran que la idea presenta una imagen imperial de Estados Unidos y una pobre impresión de los habitantes de un país poco dispuestos a servir en sus ejércitos.
Contratistas de Latinoamérica
Geoff Thale, un activista de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló recientemente que las empresas de seguridad privadas contratadas por el gobierno estadounidense para una serie de servicios en Irak ya contratan latinoamericanos con la meta de evitar "pagar el costo político" de la guerra.
"En una democracia como Estados Unidos es importante que los ciudadanos compartan la carga relacionada con la acción militar, sientan el impacto y decidan si vale la pena", escribió.
De hecho, las autoridades estadounidenses han facilitado el camino a la ciudadanía para residentes legales ya incorporados a los servicios militares estadounidenses.
Según el Pentágono, actualmente hay unos 30 mil no-ciudadanos en la milicia estadounidense y un centenar de ellos han muerto en misiones en Irak -incluso el primero, un soldado de origen guatemalteco.
En 2005, la ciudadanía estadounidense fue otorgada a 4 mil 600 extranjeros enlistados. Boot recordó que en otros momentos los extranjeros fueron una parte muy grande del Ejército estadounidense, al grado de que más de 20% del ejército del norte durante la Guerra Civil (1860-1864) estaba compuesto por extranjeros y hubo al menos la llamada "división alemana", en la que apenas se hablaba inglés.
La idea que analiza el Pentágono, que abriría lo que se definió como "una ruta militar hacia la ciudadanía", está apenas en sus inicios y muchos de los detalles son desconocidos, pero parece un eco de propuestas lanzadas durante la última década, ante los crecientes problemas para llenar vacantes en los servicios armados.
De acuerdo con lo que se sabe ahora, la proposición incluiría la posibilidad de aceptar residentes indocumentados que ya están en EU.
La existencia del estudio fue aceptada por el Pentágono, pero el reporte como tal es desconocido aún, si bien se sabe que la idea es similar a la que se ha debatido aquí en voz baja por una docena de años: abrir oficinas de reclutamiento en el mundo y seleccionar a posibles candidatos.
De hecho, en los últimos meses el Congreso escuchó advertencias de que las Fuerzas Armadas estadounidenses están "sobreextendidas" y que tienen problemas para reclutar suficiente personal para lo que es hoy un aparato militar compuesto por "voluntarios".
Entre 1990 y 1994 el Ejército estadounidense de tierra tenía 700 mil hombres. Hoy se estima en 500 mil y, de acuerdo con el general Peter Schoomaker, jefe del Estado Mayor de esa rama, no podrá mantener su actual despliegue. Algunas de las unidades en existencia han ido ya tres veces a Irak o Afganistán y por primera vez en mucho tiempo se recurrió a la reserva constituida por la Guardia Nacional.
De hecho, los cálculos actuales consignan que se necesitan al menos 30 mil hombres para el Ejército y 5 mil más para la Infantería de Marina, pero, de acuerdo con reportes de prensa, esas cifras parecen difíciles de alcanzar ante la impresión de que el enlistamiento significa lo que el diario Boston Globe calificó como "un boleto a Bagdad".
Al mismo tiempo, en los últimos años los reclutadores han recurrido a incentivos económicos y a reducir requerimientos de ingreso a una fuerza que exige niveles educativos de, por lo menos, escuela secundaria, y que ha enfrentado algunos escándalos por presionar a jóvenes para enlistarse o reclutar a inmigrantes indocumentados a pesar de que es ilegal. "Al invitar a extranjeros a unirse a las Fuerzas Armadas a cambio de una promesa de ciudadanía después de un servicio de cuatro años, podríamos mantener la atracción para algunos de los individuos más emprendedores, talentosos y desinteresados. Abriríamos un nuevo camino para la asimilación de inmigrantes indocumentados que ya están aquí, pero carecen de un requisito para alistarse (la residencia legal)", escribió recientemente Max Boot, un analista que promueve la idea desde hace dos años.
Boot propuso la creación de una "Legión de la Libertad", modelada sobre la Legión Extranjera francesa y que tendría como misión "defender y adelantar libertad alrededor del mundo... sería, en efecto, una fuerza multinacional bajo mando estadounidense y una que no necesitaría del permiso de Francia, Alemania o Naciones Unidas para ser desplegada.
Hace una década, Robert Brown, dueño de la revista Soldier of Fortune (Mercenario), hizo una propuesta similar. Pero otros consideran que la idea presenta una imagen imperial de Estados Unidos y una pobre impresión de los habitantes de un país poco dispuestos a servir en sus ejércitos.
Contratistas de Latinoamérica
Geoff Thale, un activista de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló recientemente que las empresas de seguridad privadas contratadas por el gobierno estadounidense para una serie de servicios en Irak ya contratan latinoamericanos con la meta de evitar "pagar el costo político" de la guerra.
"En una democracia como Estados Unidos es importante que los ciudadanos compartan la carga relacionada con la acción militar, sientan el impacto y decidan si vale la pena", escribió.
De hecho, las autoridades estadounidenses han facilitado el camino a la ciudadanía para residentes legales ya incorporados a los servicios militares estadounidenses.
Según el Pentágono, actualmente hay unos 30 mil no-ciudadanos en la milicia estadounidense y un centenar de ellos han muerto en misiones en Irak -incluso el primero, un soldado de origen guatemalteco.
En 2005, la ciudadanía estadounidense fue otorgada a 4 mil 600 extranjeros enlistados. Boot recordó que en otros momentos los extranjeros fueron una parte muy grande del Ejército estadounidense, al grado de que más de 20% del ejército del norte durante la Guerra Civil (1860-1864) estaba compuesto por extranjeros y hubo al menos la llamada "división alemana", en la que apenas se hablaba inglés.
domingo, diciembre 31, 2006
El conflicto de Dafur
El conflicto de Darfur tiene lugar en una regio al este de Sudan, principalmente entre los Janjaweed, un grupo armado que recluta integrantes de las tribus de Abbala y gente pertenecientes a los lugares donde residen estas tribus. El gobierno sudanes quien ha manifestado no apoyar a los janjaweed, ha proveido armas, asitencia y ha participado en los ataques de los janjaweed, principalmente en los objetivos de los grupos etnicos de Fur, Zaghawa y Massaleit que residen en Dafur. El conlicto empezo en Julio del 2003. Durante la segunda guerra sudanesa entre catolicos y musulmanes, en Dafur las personas son principalmente musulmanes asi como los janjaweed.
Se calculan las muertes resultantes del conflicto en mas de medio millon segun las Naciones Unidas. El conflicto ha sido calificado por varios gobierno como un genocidio y un conflicto de limpieza etnica.
Actualmente se encuentran 7000 tropas de paz, estacionadas en la region pero que sus esfuerzos han sido insuficientes por la falta de equipos y recursos de los gobiernos.
El libano tiene derecho de existir
A lo largo de la historia muchos pequeños estados han tenido un destino melancólico, por encontrarse atrapados entre poderosos vecinos rivales, por ser la víctima de algún imperialismo o de su situación geográfica que hace de ellos un puente, un crucero, una base comercial o cultural deseable. Líbano, desde una independencia que tiene menos de 70 años, ha batallado duramente para sobrevivir. Sujeto del derecho internacional, miembro de las Naciones Unidas, ha sido golpeado sin misericordia por sus dos vecinos inmediatos, Siria e Israel, y ha servido de rehén, de colchón, de campo de batalla en el cual muchos adversarios lejanos y cercanos se enfrentan por personas interpuestas.
La guerra que Israel desató en el verano pasado en Líbano contra sus enemigos sirios e iraníes es el episodio más reciente de una tragedia que ha enfrentado durante muchos años a los libaneses en una terrible guerra civil. El asesinato del ministro Pierre Gemayel en noviembre, último de una serie de homicidios que se atribuyen a Siria, sitúa de nuevo a Líbano a un paso del abismo.
La ofensiva israelí, su fracaso y el reforzamiento consecuente de Hezbolá, el "Partido de Dios" chiíta, apadrinado por Irán y dueño del sur del país, luego el asesinato de Gemayel, todo esto puede llevar a la destrucción del país, un país que muchos están dispuestos alegremente a sacrificar. Hace 30 años, en Occidente hubo estrategas para entregar Líbano a los palestinos de Yasser Arafat que habían encontrado en el país del cedro un refugio generoso; sacrificar a Líbano y conseguir la paz para Israel, tal era el cálculo.
Poco importaba este pequeño oasis de paz y de fraternidad, que planteaba a EU (y a Europa) un problema irresoluble: conservar la amistad de los árabes (con su petróleo) y defender a Israel. Hace 20, 25 años, se intentó otra jugada, sobre el cuerpo social de Líbano otra vez, con un cambio en la víctima: ya no se sacrificaba a los cristianos, sino a los palestinos y, en dos momentos sucesivos, dos ejércitos extranjeros invadieron y se repartieron Líbano, el sirio y el israelí. Tsahal se quedó casi 20 años en el sur, y el ejército sirio se quedó hasta el 2005, en espera de la primera oportunidad para regresar, puesto que Damasco jamás aceptó la existencia de un Estado libanés independiente.
Hoy, la pregunta es saber si EU va a devolver Líbano a Siria para calmar las tensiones en la región y ganar una salida no demasiado desastrosa de Irak. Damasco y sus aliados, Irán en especial, cuya influencia crece a toda velocidad en el Medio Oriente, lo piensan. Algunos analistas dicen que atribuir toda la responsabilidad de las desgracias de Líbano a Israel, Siria e Irán es, si no un error, una exageración, y que los primeros culpables son los propios libaneses.
Según esa hipótesis, ellos han sido y son incapaces de construir un Estado, no merecen ser independientes y tienen que volver a su estatuto anterior de protectorado sirio (hasta 2005, pero el presidente actual e ilegítimo Lahud es el pelele de Damasco), el mismo heredero del protectorado francés (1918-1943), a su vez heredero del imperio otomano. Y de fortalecer su discurso con el argumento histórico clásico: a lo largo de 5 mil años de historia, los libaneses (y sus antepasados que llevaron muchos nombres) jamás han formado un Estado y el que nació al calor de la Segunda Guerra Mundial fue una creación del imperialismo anglosajón que desmantelaba el imperio colonial francés.
En ese esquema, los cristianos libaneses, casi la mitad de la población en aquel entonces, apenas la tercera parte hoy, habrían sido -dicen ellos, yo no- esquiroles, lacayos del imperialismo en turno. Esa última acusación no tiene ninguna base histórica, pero quien quiere ahogar a su perro dice que tiene rabia.
Lo indudable es que el país, mosaico de religiones y comunidades, con todas las variedades de cristianos y musulmanes, hasta con una pequeña comunidad judía remanente, es una caja de resonancia regional e internacional. Líbano carga con el fardo de una historia marcada por varias guerras entre Israel y los países árabes, por una sangría palestina permanente, por un terrorismo engendrado por la misma sangría y, más recientemente, por el desastre iraquí, el debilitamiento relativo de Siria y el resurgimiento de Irán como gran potencia regional, con o sin bomba nuclear.
Las vacilaciones estadounidenses, sus cambios de línea y de estrategia -si es que la tienen-, sus "patadas de ahogado", no hacen sino agravar la situación. En ese contexto, Hezbolá es a la vez un actor nacional libanés y un peón al servicio de Damasco y de Teherán. Puede ser admirado por haber derrotado, si no militarmente, al menos sicológicamente, a Israel, y detestado porque hace el juego de una Siria que quiere recuperar totalmente un Líbano que no se ha liberado de los temibles servicios de seguridad sirios.
México ha integrado desde hace más de un siglo una numerosa migración libanesa que, sin olvidar nunca sus raíces y parientes, se ha mexicanizado y ha enriquecido a nuestro país. México no puede hacer mucho en el escenario internacional para ayudar a Líbano pero los mexicanos debemos sentirnos solidarios con esa nación hermana. Nuestros amigos libaneses se enfrentan al reto de construir un verdadero Estado, contra tirios y troyanos que los quieren conquistar o vender.
En ese sentido nuestra simpatía va para los hombres y las mujeres de la "Primavera de Beirut", que luchan para escapar a la doble maldición de los enemigos del exterior y de las disensiones internas. Los libaneses lo podrían hacer, muchos quieren lograrlo, pero ¿Irán y EU, Israel y Siria, les permitirán intentarlo, les darán el tiempo necesario? Si desaparece Líbano, será un mal agüero para toda la región del Medio Oriente.
La guerra que Israel desató en el verano pasado en Líbano contra sus enemigos sirios e iraníes es el episodio más reciente de una tragedia que ha enfrentado durante muchos años a los libaneses en una terrible guerra civil. El asesinato del ministro Pierre Gemayel en noviembre, último de una serie de homicidios que se atribuyen a Siria, sitúa de nuevo a Líbano a un paso del abismo.
La ofensiva israelí, su fracaso y el reforzamiento consecuente de Hezbolá, el "Partido de Dios" chiíta, apadrinado por Irán y dueño del sur del país, luego el asesinato de Gemayel, todo esto puede llevar a la destrucción del país, un país que muchos están dispuestos alegremente a sacrificar. Hace 30 años, en Occidente hubo estrategas para entregar Líbano a los palestinos de Yasser Arafat que habían encontrado en el país del cedro un refugio generoso; sacrificar a Líbano y conseguir la paz para Israel, tal era el cálculo.
Poco importaba este pequeño oasis de paz y de fraternidad, que planteaba a EU (y a Europa) un problema irresoluble: conservar la amistad de los árabes (con su petróleo) y defender a Israel. Hace 20, 25 años, se intentó otra jugada, sobre el cuerpo social de Líbano otra vez, con un cambio en la víctima: ya no se sacrificaba a los cristianos, sino a los palestinos y, en dos momentos sucesivos, dos ejércitos extranjeros invadieron y se repartieron Líbano, el sirio y el israelí. Tsahal se quedó casi 20 años en el sur, y el ejército sirio se quedó hasta el 2005, en espera de la primera oportunidad para regresar, puesto que Damasco jamás aceptó la existencia de un Estado libanés independiente.
Hoy, la pregunta es saber si EU va a devolver Líbano a Siria para calmar las tensiones en la región y ganar una salida no demasiado desastrosa de Irak. Damasco y sus aliados, Irán en especial, cuya influencia crece a toda velocidad en el Medio Oriente, lo piensan. Algunos analistas dicen que atribuir toda la responsabilidad de las desgracias de Líbano a Israel, Siria e Irán es, si no un error, una exageración, y que los primeros culpables son los propios libaneses.
Según esa hipótesis, ellos han sido y son incapaces de construir un Estado, no merecen ser independientes y tienen que volver a su estatuto anterior de protectorado sirio (hasta 2005, pero el presidente actual e ilegítimo Lahud es el pelele de Damasco), el mismo heredero del protectorado francés (1918-1943), a su vez heredero del imperio otomano. Y de fortalecer su discurso con el argumento histórico clásico: a lo largo de 5 mil años de historia, los libaneses (y sus antepasados que llevaron muchos nombres) jamás han formado un Estado y el que nació al calor de la Segunda Guerra Mundial fue una creación del imperialismo anglosajón que desmantelaba el imperio colonial francés.
En ese esquema, los cristianos libaneses, casi la mitad de la población en aquel entonces, apenas la tercera parte hoy, habrían sido -dicen ellos, yo no- esquiroles, lacayos del imperialismo en turno. Esa última acusación no tiene ninguna base histórica, pero quien quiere ahogar a su perro dice que tiene rabia.
Lo indudable es que el país, mosaico de religiones y comunidades, con todas las variedades de cristianos y musulmanes, hasta con una pequeña comunidad judía remanente, es una caja de resonancia regional e internacional. Líbano carga con el fardo de una historia marcada por varias guerras entre Israel y los países árabes, por una sangría palestina permanente, por un terrorismo engendrado por la misma sangría y, más recientemente, por el desastre iraquí, el debilitamiento relativo de Siria y el resurgimiento de Irán como gran potencia regional, con o sin bomba nuclear.
Las vacilaciones estadounidenses, sus cambios de línea y de estrategia -si es que la tienen-, sus "patadas de ahogado", no hacen sino agravar la situación. En ese contexto, Hezbolá es a la vez un actor nacional libanés y un peón al servicio de Damasco y de Teherán. Puede ser admirado por haber derrotado, si no militarmente, al menos sicológicamente, a Israel, y detestado porque hace el juego de una Siria que quiere recuperar totalmente un Líbano que no se ha liberado de los temibles servicios de seguridad sirios.
México ha integrado desde hace más de un siglo una numerosa migración libanesa que, sin olvidar nunca sus raíces y parientes, se ha mexicanizado y ha enriquecido a nuestro país. México no puede hacer mucho en el escenario internacional para ayudar a Líbano pero los mexicanos debemos sentirnos solidarios con esa nación hermana. Nuestros amigos libaneses se enfrentan al reto de construir un verdadero Estado, contra tirios y troyanos que los quieren conquistar o vender.
En ese sentido nuestra simpatía va para los hombres y las mujeres de la "Primavera de Beirut", que luchan para escapar a la doble maldición de los enemigos del exterior y de las disensiones internas. Los libaneses lo podrían hacer, muchos quieren lograrlo, pero ¿Irán y EU, Israel y Siria, les permitirán intentarlo, les darán el tiempo necesario? Si desaparece Líbano, será un mal agüero para toda la región del Medio Oriente.
lunes, diciembre 25, 2006
Las altas expectativas
La primera acción de política exterior que realizó Felipe Calderón como presidente electo fue una gira por América Latina. Era una señal, decía su estratega internacionalista, para retomar una relación maltratada durante el foxismo. La segunda será en enero, cuando viaje a El Salvador y a Nicaragua para la toma de posesión de Daniel Ortega. Los latinoamericanos han visto con muy buenos ojos estas iniciativas, pero la prudencia es un buen contrapeso para el entusiasmo original. Farol de la calle, señales contradictorias en casa. Dos nombramientos han regresado el desconsuelo.
El más controvertido es el de Gerónimo Gutiérrez, quien fue designado como subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, después de que durante el periodo de Luis Ernesto Derbez como canciller foxista, estuvo encargado de las relaciones con América del Norte. No pudo haber caído más mal ese nombramiento debido, precisamente, a los antecedentes de Gutiérrez.
Durante su gestión previa, Gutiérrez se convirtió en un serio promotor de una especie de gobierno metaconstitucional con Estados Unidos y Canadá, a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que permitiría agilizar el comercio regional dentro de los parámetros de seguridad derivados del 11 de septiembre. Todos los ajustes en las leyes y regulaciones para ponerlo en marcha quedaron salvados de supervisión legislativa y llevada al terreno de la decisión única y exclusivamente ejecutiva.
La gran apuesta a la integración del perímetro de seguridad norteamericano que condujo más allá de los límites políticos aceptables para la soberanía nacional es lo que tiene desconcertados, escépticos y hasta molestos a un número considerable de diplomáticos latinoamericanos en México.
En el nuevo subsecretario para la región ven no a quien pueda desplegar una nueva diplomacia de acercamiento con el hemisferio sur, sino a un enemigo en potencia. Gutiérrez no es visto como el garante de la nueva fase de relaciones con América Latina que ofrecía el presidente Calderón, sino como una cabeza de playa de sus enemigos naturales: Estados Unidos. Gutiérrez es percibido como una persona que fue utilizada por la secretaria de Estado, Condolezza Rice, quien hizo de lado una política hacia la región y usó al mexicano para fines domésticos.
En la cancillería mexicana ven con desconfianza a Gutiérrez porque consideran algunos diplomáticos que por hacerle servicios políticos a Rice se perdieron oportunidades para impulsar la reforma migratoria. El ejemplo que han señalado es que por petición de Rice al gobierno mexicano a través de Gutiérrez -o con el compromiso de él de hacerlo cumplir-, el ex presidente Vicente Fox no contrató los servicios de una agencia de cabildeo en Estados Unidos para ayudarles a sensibilizar al Congreso de la necesidad de una reforma migratoria integral y de las ventajas que podrían obtener los estadounidenses de ella. Rice le pidió a Gutiérrez que no contrataran a ninguna, dijo un diplomático que conoce los entretelones del tema, y que dejaran a la Casa Blanca que se ocupara del cabildeo.
El resultado fue que la reforma migratoria se convirtió en una herramienta electoral para fines exclusivamente internos en Estados Unidos, sin que a la administración Bush le interesara realmente obtener resultados de corto o mediano plazo que pudieran tener algún beneficio para los mexicanos. México perdió el momento para llevar adelante algunas partes de la reforma migratoria, al dejar que los políticos estadounidenses dirimieran sus apoyos electorales con los mexicanos indocumentados.
Pero si los latinoamericanos ven con profunda desconfianza a Gutiérrez, la llegada de Cecilia Romero como comisionada del Instituto Nacional de Migración les causa alarma. Esa dependencia que pertenece a la Secretaría de Gobernación es la responsable de manejar la política de refugiados, que aunque muy maltrecha en los últimos años, jamás había sido puesta en manos de una persona tan profundamente ideologizada y con un potencial de destrucción tan elevado.
La señora Romero es la esposa de Federico Müggenburg, el ideólogo de El Yunque, la organización de extrema derecha que ha dominado al gobierno en los seis últimos años. Aguerrida militante del PAN, ha estado involucrada por años en asuntos internacionales, con beligerancia contra todos aquellos regímenes que no entran en su perfil ideológico y generado conflictos diplomáticos como por ejemplo con Cuba, que es la nación que pudiendo redefinir el rumbo de la política exterior calderonista, ha sido relegada por el Presidente debido a las presiones internas de los panistas.
La señora Romero participa en la corriente inflamatoria del presidente del PAN, Manuel Espino, quien recientemente generó rispidez con Venezuela y nuevas tensiones diplomáticas entre Caracas y México con sus declaraciones intervencionistas en el reciente proceso electoral en aquella nación. Enemiga rabiosa de la izquierda latinoamericana, que ha hecho importantes avances electorales en los últimos años, también es opositora frontal de posiciones progresistas y socialdemócratas.
Con ella no hay duda. Por su carácter y estilo, las políticas migratorias contra los indocumentados serán reforzadas a palos -aunque le han quitado el control policial-, lo que generará tensiones no sólo con los centroamericanos que buscarán trato humano para sus ciudadanos, sino con los brasileños -cuya cancillería es enemiga histórica de la mexicana-, que han generado la nueva corriente migratoria hacia el norte, a través de la frontera con Texas.
Dureza contra los latinoamericanos y entreguismo ante Washington son las señales cruzadas que mandó Calderón a América Latina, donde tendría que estar reedificando el andamiaje que desde el gobierno de Carlos Salinas se comenzó a desmantelar. Pero si Romero es una enemiga abierta y declarada, Gutiérrez es un personaje desacreditado en esa parte del hemisferio.
El mensaje calderonista a la región es que el discurso latinoamericanista no termina de ser una retórica frente a la coyuntura electoral y su estrategia para legitimarse con acciones. Pero para efectos de la real politik, la dupla designada que verá los asuntos regionales representa una política de matracas sin sentido para lo que decía el Presidente que deseaba: una nueva era de relaciones con América Latina.
No hay señales salvo las epidérmicas con los países en toda el área, que tendrá que seguir esperando un nuevo despertar mexicano, pues las personas clave para relanzar las relaciones con toda la región están lejos de ser las idóneas para restaurarlas y reconstruirlas, y no eliminan la suspicacia que, en el fondo del corazón de este gobierno, en realidad lo que se quiere seguir haciendo es el trabajo sucio a Washington.
El más controvertido es el de Gerónimo Gutiérrez, quien fue designado como subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, después de que durante el periodo de Luis Ernesto Derbez como canciller foxista, estuvo encargado de las relaciones con América del Norte. No pudo haber caído más mal ese nombramiento debido, precisamente, a los antecedentes de Gutiérrez.
Durante su gestión previa, Gutiérrez se convirtió en un serio promotor de una especie de gobierno metaconstitucional con Estados Unidos y Canadá, a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que permitiría agilizar el comercio regional dentro de los parámetros de seguridad derivados del 11 de septiembre. Todos los ajustes en las leyes y regulaciones para ponerlo en marcha quedaron salvados de supervisión legislativa y llevada al terreno de la decisión única y exclusivamente ejecutiva.
La gran apuesta a la integración del perímetro de seguridad norteamericano que condujo más allá de los límites políticos aceptables para la soberanía nacional es lo que tiene desconcertados, escépticos y hasta molestos a un número considerable de diplomáticos latinoamericanos en México.
En el nuevo subsecretario para la región ven no a quien pueda desplegar una nueva diplomacia de acercamiento con el hemisferio sur, sino a un enemigo en potencia. Gutiérrez no es visto como el garante de la nueva fase de relaciones con América Latina que ofrecía el presidente Calderón, sino como una cabeza de playa de sus enemigos naturales: Estados Unidos. Gutiérrez es percibido como una persona que fue utilizada por la secretaria de Estado, Condolezza Rice, quien hizo de lado una política hacia la región y usó al mexicano para fines domésticos.
En la cancillería mexicana ven con desconfianza a Gutiérrez porque consideran algunos diplomáticos que por hacerle servicios políticos a Rice se perdieron oportunidades para impulsar la reforma migratoria. El ejemplo que han señalado es que por petición de Rice al gobierno mexicano a través de Gutiérrez -o con el compromiso de él de hacerlo cumplir-, el ex presidente Vicente Fox no contrató los servicios de una agencia de cabildeo en Estados Unidos para ayudarles a sensibilizar al Congreso de la necesidad de una reforma migratoria integral y de las ventajas que podrían obtener los estadounidenses de ella. Rice le pidió a Gutiérrez que no contrataran a ninguna, dijo un diplomático que conoce los entretelones del tema, y que dejaran a la Casa Blanca que se ocupara del cabildeo.
El resultado fue que la reforma migratoria se convirtió en una herramienta electoral para fines exclusivamente internos en Estados Unidos, sin que a la administración Bush le interesara realmente obtener resultados de corto o mediano plazo que pudieran tener algún beneficio para los mexicanos. México perdió el momento para llevar adelante algunas partes de la reforma migratoria, al dejar que los políticos estadounidenses dirimieran sus apoyos electorales con los mexicanos indocumentados.
Pero si los latinoamericanos ven con profunda desconfianza a Gutiérrez, la llegada de Cecilia Romero como comisionada del Instituto Nacional de Migración les causa alarma. Esa dependencia que pertenece a la Secretaría de Gobernación es la responsable de manejar la política de refugiados, que aunque muy maltrecha en los últimos años, jamás había sido puesta en manos de una persona tan profundamente ideologizada y con un potencial de destrucción tan elevado.
La señora Romero es la esposa de Federico Müggenburg, el ideólogo de El Yunque, la organización de extrema derecha que ha dominado al gobierno en los seis últimos años. Aguerrida militante del PAN, ha estado involucrada por años en asuntos internacionales, con beligerancia contra todos aquellos regímenes que no entran en su perfil ideológico y generado conflictos diplomáticos como por ejemplo con Cuba, que es la nación que pudiendo redefinir el rumbo de la política exterior calderonista, ha sido relegada por el Presidente debido a las presiones internas de los panistas.
La señora Romero participa en la corriente inflamatoria del presidente del PAN, Manuel Espino, quien recientemente generó rispidez con Venezuela y nuevas tensiones diplomáticas entre Caracas y México con sus declaraciones intervencionistas en el reciente proceso electoral en aquella nación. Enemiga rabiosa de la izquierda latinoamericana, que ha hecho importantes avances electorales en los últimos años, también es opositora frontal de posiciones progresistas y socialdemócratas.
Con ella no hay duda. Por su carácter y estilo, las políticas migratorias contra los indocumentados serán reforzadas a palos -aunque le han quitado el control policial-, lo que generará tensiones no sólo con los centroamericanos que buscarán trato humano para sus ciudadanos, sino con los brasileños -cuya cancillería es enemiga histórica de la mexicana-, que han generado la nueva corriente migratoria hacia el norte, a través de la frontera con Texas.
Dureza contra los latinoamericanos y entreguismo ante Washington son las señales cruzadas que mandó Calderón a América Latina, donde tendría que estar reedificando el andamiaje que desde el gobierno de Carlos Salinas se comenzó a desmantelar. Pero si Romero es una enemiga abierta y declarada, Gutiérrez es un personaje desacreditado en esa parte del hemisferio.
El mensaje calderonista a la región es que el discurso latinoamericanista no termina de ser una retórica frente a la coyuntura electoral y su estrategia para legitimarse con acciones. Pero para efectos de la real politik, la dupla designada que verá los asuntos regionales representa una política de matracas sin sentido para lo que decía el Presidente que deseaba: una nueva era de relaciones con América Latina.
No hay señales salvo las epidérmicas con los países en toda el área, que tendrá que seguir esperando un nuevo despertar mexicano, pues las personas clave para relanzar las relaciones con toda la región están lejos de ser las idóneas para restaurarlas y reconstruirlas, y no eliminan la suspicacia que, en el fondo del corazón de este gobierno, en realidad lo que se quiere seguir haciendo es el trabajo sucio a Washington.
viernes, diciembre 22, 2006
Carstens y las marchas
La negociación del Paquete Económico no ha sido tan tersa para el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. El martes tuvo que salir de la plancha del zócalo a bordo de una ambulancia del ERUM y rodeado de policías del DF. Usted recuerda que intelectuales realizaron una marcha rumbo al Palacio Legislativo de San Lázaro para solicitar un mayor presupuesto para la cultura. Ellos cruzaron por la plaza de la Constitución y en el camino se encontraron con el hombre de las finanzas.
Don Agustín caminaba sin preocupación alguna por el zócalo rumbo a su oficina ubicada en Palacio Nacional. Se percató de la movilización pero no del motivo. Algunos manifestantes lo reconocieron, lo rodearon y lo increparon. El secretario comenzó a sentir la presión. Policías del DF entraron al quite para rescatar a Carstens, que desencajado subió a la ambulancia. ¡Gulp !
El susto del secretario de Hacienda se desvaneció ayer con el acuerdo alcanzado con los seis coordinadores parlamentarios (PAN, PRI y PRD) en las cámaras de Diputados y Senadores para sacar adelante la Ley de Ingresos, sin el impuesto de 5% a los refrescos.
Hay plena confianza en la residencia oficial de Los Pinos sobre la pronta aprobación del Paquete Económico para el año entrante. Un enviado del PAN acudió a la casa presidencial para comunicar a Felipe Calderón que todo terminará el fin de semana, antes del domingo. De esa forma, podrá tomarse unos días de descanso, aseguró el emisario panista.
Roberto Madrazo tiene candidato a la dirección del PRI. El Negro será el quinto pasajero en la contienda. Héctor Hugo Olivares Ventura hace toda clase de preparativos para buscar la presidencia de su partido. Sus operadores y el madracismo lanzarán una campaña sucia contra la ex diputada Beatriz Paredes, bajo el argumento de que negoció una posición en el gabinete presidencial. Por ahí viene el fuego amigo . La competencia por la dirección del PRI estaría entre Enrique Jackson, Paredes, Javier Oliva, Alejandro Gárate y Olivares Ventura.
Algunos consejeros electorales tiene un propósito de Año Nuevo: hacer transparente el uso de los recursos y bienes que reciben del Instituto Federal Electoral, que encabeza Luis Carlos Ugalde. En este espacio le comentamos del choque de posiciones entre los integrantes del Consejo General por el uso de los vehículos y la justificación de viáticos en viajes al extranjero.
Bajo reserva le decimos que el presidente de la Comisión de Transparencia del IFE, Andrés Albo, redacta una minuta con el contenido de los compromisos, principalmente para establecer una bitácora diaria para el uso de los autos, porque para algunos consejeros es “un instrumento de trabajo”, pero para otros es una “prestación de trabajo”, conceptos que también son motivo de discrepancia. El asunto es que nadie quiere ser señalado por dar un mal uso a las unidades, sobre todo acusaciones de que sus familiares se benefician de ellas.
Los hilos de la profesora Elba Esther Gordillo se mueven contra la sección 22 del sindicato magisterial en Oaxaca. El Consejo Político Nacional del SNTE sesionará en las próximas horas para convalidar la creación de una nueva sección, la 59, que vendrá a ser el contrapeso de Enrique Rueda Pacheco.
Don Agustín caminaba sin preocupación alguna por el zócalo rumbo a su oficina ubicada en Palacio Nacional. Se percató de la movilización pero no del motivo. Algunos manifestantes lo reconocieron, lo rodearon y lo increparon. El secretario comenzó a sentir la presión. Policías del DF entraron al quite para rescatar a Carstens, que desencajado subió a la ambulancia. ¡Gulp !
El susto del secretario de Hacienda se desvaneció ayer con el acuerdo alcanzado con los seis coordinadores parlamentarios (PAN, PRI y PRD) en las cámaras de Diputados y Senadores para sacar adelante la Ley de Ingresos, sin el impuesto de 5% a los refrescos.
Hay plena confianza en la residencia oficial de Los Pinos sobre la pronta aprobación del Paquete Económico para el año entrante. Un enviado del PAN acudió a la casa presidencial para comunicar a Felipe Calderón que todo terminará el fin de semana, antes del domingo. De esa forma, podrá tomarse unos días de descanso, aseguró el emisario panista.
Roberto Madrazo tiene candidato a la dirección del PRI. El Negro será el quinto pasajero en la contienda. Héctor Hugo Olivares Ventura hace toda clase de preparativos para buscar la presidencia de su partido. Sus operadores y el madracismo lanzarán una campaña sucia contra la ex diputada Beatriz Paredes, bajo el argumento de que negoció una posición en el gabinete presidencial. Por ahí viene el fuego amigo . La competencia por la dirección del PRI estaría entre Enrique Jackson, Paredes, Javier Oliva, Alejandro Gárate y Olivares Ventura.
Algunos consejeros electorales tiene un propósito de Año Nuevo: hacer transparente el uso de los recursos y bienes que reciben del Instituto Federal Electoral, que encabeza Luis Carlos Ugalde. En este espacio le comentamos del choque de posiciones entre los integrantes del Consejo General por el uso de los vehículos y la justificación de viáticos en viajes al extranjero.
Bajo reserva le decimos que el presidente de la Comisión de Transparencia del IFE, Andrés Albo, redacta una minuta con el contenido de los compromisos, principalmente para establecer una bitácora diaria para el uso de los autos, porque para algunos consejeros es “un instrumento de trabajo”, pero para otros es una “prestación de trabajo”, conceptos que también son motivo de discrepancia. El asunto es que nadie quiere ser señalado por dar un mal uso a las unidades, sobre todo acusaciones de que sus familiares se benefician de ellas.
Los hilos de la profesora Elba Esther Gordillo se mueven contra la sección 22 del sindicato magisterial en Oaxaca. El Consejo Político Nacional del SNTE sesionará en las próximas horas para convalidar la creación de una nueva sección, la 59, que vendrá a ser el contrapeso de Enrique Rueda Pacheco.
lunes, diciembre 18, 2006
La pesadilla mexicana
Por decisiones torpes de sus gobiernos, México se quedó fuera de la transición en Cuba y en el umbral de problemas para su seguridad nacional
Los botones de alerta de varios gobiernos están prendidos desde hace varios días ante lo que consideran inminente: la muerte de Fidel Castro. Políticos mexicanos con estrechas relaciones con la diplomacia cubana comentan que el legendario líder cubano se encuentra en coma, en la última fase del cáncer que lo está carcomiendo. El zar de la inteligencia de Estados Unidos, John D. Negroponte, dijo el jueves pasado en una reunión con editores de The Washington Post que Castro ya no viviría años, y quizás tampoco meses. Desde hace semanas, los planes de los medios para la cobertura de la muerte del comandante se han acelerado, y a todos les urge llegar rápidamente a La Habana para ocupar butacas de primera fila en el último capítulo de una polémica, dinámica y protagónica vida.
En el epílogo de la vida de Fidel Castro se encuentra el inicio de la pesadilla mexicana. Su muerte será la metáfora del colapso de la política exterior mexicana de cuando menos los nueve últimos años. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo la diplomacia mexicana tuvo un giro con Cuba. Paradójicamente, a un pragmático como Zedillo le faltó pragmatismo frente a Castro.
Pero si Zedillo comenzó a desmantelar en definitiva el andamiaje político construido con Cuba, Vicente Fox arrasó con lo poco que quedaba.
Pagando favores y amores, Fox se dejó llevar por su primer canciller Jorge Castañeda, para enfrentarse a Castro e incurrir en todo tipo de transgresión diplomática durante una cumbre de Naciones Unidas en Monterrey -la de la frase célebre del "comes y te vas" para evitar, bajo pedido de Washington, que se cruzara con el presidente George Bush-, que trajo una serie de secuelas que fueron helando la relación. La consecuencia fue la exhibición pública de la torpeza de Fox en una grabación dada a conocer por Castro donde revelaba los detalles de su comportamiento, que iniciaron otra escalada. Los servicios de inteligencia estadounidenses le entregaron al gobierno mexicano la ficha de diplomáticos cubanos con la petición implícita que los expulsaran. Fox así lo hizo y, para ocultarlo, clasificó el episodio como secreto durante 12 años.
Las relaciones nunca se restablecieron y los intentos del nuevo presidente Felipe Calderón por allanar el camino para un mejoramiento llegaron en la agonía de Castro. Uno de los cubanos más agraviados por Fox y Castañeda, el canciller Felipe Pérez Roque, es ahora una de las personas clave en la transición cubana.
Lo que ya sucedió es imposible reconstituirlo. La política servil de México ante Estados Unidos se convierte ahora en un dilema económico y estratégico, social y político. La falta de visión de los líderes mexicanos nos lleva ahora a problemas de seguridad nacional que fueron soslayados en su momento. Está claro que hay diferentes espacios y momentos para cada uno de ellos, pero lo que no está es si existen planes de contingencia para enfrentar la realidad que nos va a atropellar.
El más agudo, porque llegará como tromba, es el flujo masivo de cubanos que saldrán de la isla a la muerte de Castro. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores calculaban en vísperas del cambio de gobierno que a la muerte de Castro podrían llegar a las costas mexicanas, particularmente de Yucatán, aproximadamente 140 mil balseros. Aunque se pensaba que muchos de ellos llegarían con la esperanza de trasladarse a Estados Unidos, la realidad es que ese impacto súbito de personas representaría un agudo problema de refugiados, literalmente, de la noche a la mañana.
Si la política fuera de aceptarlos, eso significaría que habría que levantar carpas para que pudieran dormir, proveerles alimento y asistencia médica, y construirles ciudades artificiales durante años, como sucedió con los guatemaltecos durante la guerra, esperando su reinserción en Cuba. Pero la política mexicana en más de 12 años no ha sido ésa.
Desde el gobierno de Carlos Salinas, una encomienda del gobierno mexicano, también bajo pedido, es que todo inmigrante indocumentado que tenga en su horizonte Estados Unidos sea rechazado. Durante los 80 y 90, la Secretaría de Gobernación hizo el trabajo a la Patrulla Fronteriza estadounidense en territorio mexicano, deteniendo a centroamericanos en las rutas que le marcaban desde Washington. También durante el salinismo, todos los buques provenientes de China con inmigrantes fueron desviados por las patrullas de Guardacostas estadounidenses hacia aguas mexicanas, donde las autoridades tenían que hacer el trabajo sucio de detenerlos y deportarlos. Bajo esa lógica, el flujo de cubanos podría ser regresado al mar y a la deriva. ¿Cuántos de ellos sufrirían esa suerte?
El aparato logístico de la Marina mexicana no permite sellar las fronteras, lo que traerá como resultado el ingreso indocumentado de cubanos, cuyo volumen representará nuevas presiones a los servicios municipales, al mercado laboral y, de manera natural, en el fenómeno de la criminalidad.
En un segundo nivel, existe la alta probabilidad que, bajo Raúl Castro, Cuba acelere su apertura a la Deng Xiao-Ping. Esto es: cerrazón política y apertura económica, que de hecho ya empezó hace años. Al plegarse a Washington, México canceló sus ventanas de oportunidad económica y comercial con Cuba. Españoles, italianos y canadienses jugaron más inteligentemente y se repartieron con las Fuerzas Armadas cubanas, por ejemplo, los destinos turísticos más importantes. Como China, Cuba tiene una mano de obra altamente calificada que, en caso de apertura a la industria maquiladora, dijo alguna vez el ex canciller Fernando Solana, podrá robarse la industria de ese tipo que se encuentra en México.
Este país ha ido perdiendo ventajas comparativas para la inversión extranjera, y tan sólo en el sexenio pasado se fueron más de 600 empresas, principalmente a Asia. Cuba, para el gran mercado norteamericano, representa una mejor plataforma comercial que Asia, y comparativamente hablando, superior a la mexicana. Si llegara a perderse parte de la maquila en México, las presiones sobre el empleo se agudizarán aún más, lo que introduciría presiones sociales en regiones altamente conflictivas del país, como la frontera norte.
México se encuentra en una especie de sandwich de alto riesgo estratégico por las torpezas de sus gobernantes. ¿Hay forma de revertirlo? Ninguna. El tiempo nos alcanzó. Sólo resta la elaboración urgente de planes de contingencia para lo que viene, en este escenario que, además, no es de conflicto político-militar en Cuba -lo cual agravaría el panorama-, y esperar que, de concretarse ese flujo, se actúe con mayor inteligencia y tacto, en función de los intereses mexicanos y no para salvaguardar los de aquellos que, desde hace tres sexenios, se han asumido como nuestros patrones.
Los botones de alerta de varios gobiernos están prendidos desde hace varios días ante lo que consideran inminente: la muerte de Fidel Castro. Políticos mexicanos con estrechas relaciones con la diplomacia cubana comentan que el legendario líder cubano se encuentra en coma, en la última fase del cáncer que lo está carcomiendo. El zar de la inteligencia de Estados Unidos, John D. Negroponte, dijo el jueves pasado en una reunión con editores de The Washington Post que Castro ya no viviría años, y quizás tampoco meses. Desde hace semanas, los planes de los medios para la cobertura de la muerte del comandante se han acelerado, y a todos les urge llegar rápidamente a La Habana para ocupar butacas de primera fila en el último capítulo de una polémica, dinámica y protagónica vida.
En el epílogo de la vida de Fidel Castro se encuentra el inicio de la pesadilla mexicana. Su muerte será la metáfora del colapso de la política exterior mexicana de cuando menos los nueve últimos años. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo la diplomacia mexicana tuvo un giro con Cuba. Paradójicamente, a un pragmático como Zedillo le faltó pragmatismo frente a Castro.
Pero si Zedillo comenzó a desmantelar en definitiva el andamiaje político construido con Cuba, Vicente Fox arrasó con lo poco que quedaba.
Pagando favores y amores, Fox se dejó llevar por su primer canciller Jorge Castañeda, para enfrentarse a Castro e incurrir en todo tipo de transgresión diplomática durante una cumbre de Naciones Unidas en Monterrey -la de la frase célebre del "comes y te vas" para evitar, bajo pedido de Washington, que se cruzara con el presidente George Bush-, que trajo una serie de secuelas que fueron helando la relación. La consecuencia fue la exhibición pública de la torpeza de Fox en una grabación dada a conocer por Castro donde revelaba los detalles de su comportamiento, que iniciaron otra escalada. Los servicios de inteligencia estadounidenses le entregaron al gobierno mexicano la ficha de diplomáticos cubanos con la petición implícita que los expulsaran. Fox así lo hizo y, para ocultarlo, clasificó el episodio como secreto durante 12 años.
Las relaciones nunca se restablecieron y los intentos del nuevo presidente Felipe Calderón por allanar el camino para un mejoramiento llegaron en la agonía de Castro. Uno de los cubanos más agraviados por Fox y Castañeda, el canciller Felipe Pérez Roque, es ahora una de las personas clave en la transición cubana.
Lo que ya sucedió es imposible reconstituirlo. La política servil de México ante Estados Unidos se convierte ahora en un dilema económico y estratégico, social y político. La falta de visión de los líderes mexicanos nos lleva ahora a problemas de seguridad nacional que fueron soslayados en su momento. Está claro que hay diferentes espacios y momentos para cada uno de ellos, pero lo que no está es si existen planes de contingencia para enfrentar la realidad que nos va a atropellar.
El más agudo, porque llegará como tromba, es el flujo masivo de cubanos que saldrán de la isla a la muerte de Castro. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores calculaban en vísperas del cambio de gobierno que a la muerte de Castro podrían llegar a las costas mexicanas, particularmente de Yucatán, aproximadamente 140 mil balseros. Aunque se pensaba que muchos de ellos llegarían con la esperanza de trasladarse a Estados Unidos, la realidad es que ese impacto súbito de personas representaría un agudo problema de refugiados, literalmente, de la noche a la mañana.
Si la política fuera de aceptarlos, eso significaría que habría que levantar carpas para que pudieran dormir, proveerles alimento y asistencia médica, y construirles ciudades artificiales durante años, como sucedió con los guatemaltecos durante la guerra, esperando su reinserción en Cuba. Pero la política mexicana en más de 12 años no ha sido ésa.
Desde el gobierno de Carlos Salinas, una encomienda del gobierno mexicano, también bajo pedido, es que todo inmigrante indocumentado que tenga en su horizonte Estados Unidos sea rechazado. Durante los 80 y 90, la Secretaría de Gobernación hizo el trabajo a la Patrulla Fronteriza estadounidense en territorio mexicano, deteniendo a centroamericanos en las rutas que le marcaban desde Washington. También durante el salinismo, todos los buques provenientes de China con inmigrantes fueron desviados por las patrullas de Guardacostas estadounidenses hacia aguas mexicanas, donde las autoridades tenían que hacer el trabajo sucio de detenerlos y deportarlos. Bajo esa lógica, el flujo de cubanos podría ser regresado al mar y a la deriva. ¿Cuántos de ellos sufrirían esa suerte?
El aparato logístico de la Marina mexicana no permite sellar las fronteras, lo que traerá como resultado el ingreso indocumentado de cubanos, cuyo volumen representará nuevas presiones a los servicios municipales, al mercado laboral y, de manera natural, en el fenómeno de la criminalidad.
En un segundo nivel, existe la alta probabilidad que, bajo Raúl Castro, Cuba acelere su apertura a la Deng Xiao-Ping. Esto es: cerrazón política y apertura económica, que de hecho ya empezó hace años. Al plegarse a Washington, México canceló sus ventanas de oportunidad económica y comercial con Cuba. Españoles, italianos y canadienses jugaron más inteligentemente y se repartieron con las Fuerzas Armadas cubanas, por ejemplo, los destinos turísticos más importantes. Como China, Cuba tiene una mano de obra altamente calificada que, en caso de apertura a la industria maquiladora, dijo alguna vez el ex canciller Fernando Solana, podrá robarse la industria de ese tipo que se encuentra en México.
Este país ha ido perdiendo ventajas comparativas para la inversión extranjera, y tan sólo en el sexenio pasado se fueron más de 600 empresas, principalmente a Asia. Cuba, para el gran mercado norteamericano, representa una mejor plataforma comercial que Asia, y comparativamente hablando, superior a la mexicana. Si llegara a perderse parte de la maquila en México, las presiones sobre el empleo se agudizarán aún más, lo que introduciría presiones sociales en regiones altamente conflictivas del país, como la frontera norte.
México se encuentra en una especie de sandwich de alto riesgo estratégico por las torpezas de sus gobernantes. ¿Hay forma de revertirlo? Ninguna. El tiempo nos alcanzó. Sólo resta la elaboración urgente de planes de contingencia para lo que viene, en este escenario que, además, no es de conflicto político-militar en Cuba -lo cual agravaría el panorama-, y esperar que, de concretarse ese flujo, se actúe con mayor inteligencia y tacto, en función de los intereses mexicanos y no para salvaguardar los de aquellos que, desde hace tres sexenios, se han asumido como nuestros patrones.
sábado, diciembre 09, 2006
viernes, diciembre 08, 2006
Estacionados en la corrupción
Los mexicanos seguimos percibiéndonos como un país de corruptos. Es más, de acuerdo con el Barómetro Global 2006, publicado por Transparencia Internacional (TI), pensamos que la policía, los partidos políticos, el gobierno y el sector empresarial -en ese orden- son altamente deshonestos y realizan prácticas ilegales para obtener beneficios. El dato es lamentable, por lo que refleja en niveles de desconfianza y porque muchas veces resulta de la experiencia en carne propia.
A lo largo de un par de años, en el indicador mundial de transparencia, que no es sino un índice para medir percepciones en cuanto a la corrupción imperante, México se ha estacionado como uno de los países donde los ciudadanos desconfían más de sus policías -4.5 de un índice donde 5 es el máximo rechazo.
Tampoco les va bien al gobierno en general y a los partidos políticos en particular, que reciben una calificación de 4.4 con el mismo parámetro.
Justo al iniciarse el sexenio las promesas como las del nuevo procurador Eduardo Medina-Mora, al tomar posesión ayer, asegurando que "no habrá espacio para la corrupción", caen en oídos sordos en casi la mitad de la población porque estadísticamente cree que el gobierno no sólo no lucha sino fomenta el fenómeno de la corrupción que arroja repercusiones negativas en tantos campos de la vida de la República.
No es un asunto de cruzadas morales, ni de renovaciones sexenales, sino de algo que ya tiene la capacidad de impactar en la seguridad nacional, al corroer las bases mismas de la convivencia entre mexicanos.
Organizaciones nacionales e internacionales cada vez con más frecuencia alertan de los peligros de ingobernabilidad derivados de la corrupción extendida en ámbitos públicos y privados.
No en balde el Banco Mundial tiene entre una de sus grandes preocupaciones, no sólo en México sino en el mundo, el combate a la corrupción, porque sus estudios demuestran que en la medida en que un país permite las ilegalidades el resultado es carencia de recursos para programas sociales y encarecimiento del costo para invertir y hacer negocios.
El descrédito en el que están los partidos políticos con el travestismo de sus representantes saltando entre siglas partidistas, según convenga a sus intereses, el uso de las manos y la fuerza bruta para conseguir espacios que no logran en la argumentación, abona a la mala imagen que se tiene de la actividad pública.
La prevalecencia de espacios fuera de la ley cada vez más grandes y la sospecha extendida de que sólo es rico quien participa de pactos ilícitos, y no quien trabaja y emprende, sólo pueden conducirnos al debilitamiento del Estado.
No es una buena noticia para la gobernabilidad democrática que los mexicanos nos reprobemos a nosotros mismos, que seamos un pueblo desconfiado de nuestras autoridades y de nuestros vecinos; claro que alguien puede decir que esto no es sino una descripción realista del país. ¡Qué triste!
O saneamos el tejido social y salimos del cinismo de que "el que no tranza no avanza" o nuestras calificaciones en transparencia seguirán siendo vergonzosas.
A lo largo de un par de años, en el indicador mundial de transparencia, que no es sino un índice para medir percepciones en cuanto a la corrupción imperante, México se ha estacionado como uno de los países donde los ciudadanos desconfían más de sus policías -4.5 de un índice donde 5 es el máximo rechazo.
Tampoco les va bien al gobierno en general y a los partidos políticos en particular, que reciben una calificación de 4.4 con el mismo parámetro.
Justo al iniciarse el sexenio las promesas como las del nuevo procurador Eduardo Medina-Mora, al tomar posesión ayer, asegurando que "no habrá espacio para la corrupción", caen en oídos sordos en casi la mitad de la población porque estadísticamente cree que el gobierno no sólo no lucha sino fomenta el fenómeno de la corrupción que arroja repercusiones negativas en tantos campos de la vida de la República.
No es un asunto de cruzadas morales, ni de renovaciones sexenales, sino de algo que ya tiene la capacidad de impactar en la seguridad nacional, al corroer las bases mismas de la convivencia entre mexicanos.
Organizaciones nacionales e internacionales cada vez con más frecuencia alertan de los peligros de ingobernabilidad derivados de la corrupción extendida en ámbitos públicos y privados.
No en balde el Banco Mundial tiene entre una de sus grandes preocupaciones, no sólo en México sino en el mundo, el combate a la corrupción, porque sus estudios demuestran que en la medida en que un país permite las ilegalidades el resultado es carencia de recursos para programas sociales y encarecimiento del costo para invertir y hacer negocios.
El descrédito en el que están los partidos políticos con el travestismo de sus representantes saltando entre siglas partidistas, según convenga a sus intereses, el uso de las manos y la fuerza bruta para conseguir espacios que no logran en la argumentación, abona a la mala imagen que se tiene de la actividad pública.
La prevalecencia de espacios fuera de la ley cada vez más grandes y la sospecha extendida de que sólo es rico quien participa de pactos ilícitos, y no quien trabaja y emprende, sólo pueden conducirnos al debilitamiento del Estado.
No es una buena noticia para la gobernabilidad democrática que los mexicanos nos reprobemos a nosotros mismos, que seamos un pueblo desconfiado de nuestras autoridades y de nuestros vecinos; claro que alguien puede decir que esto no es sino una descripción realista del país. ¡Qué triste!
O saneamos el tejido social y salimos del cinismo de que "el que no tranza no avanza" o nuestras calificaciones en transparencia seguirán siendo vergonzosas.
sábado, noviembre 11, 2006
viernes, noviembre 03, 2006
Danza con lobos
La visita de Felipe Calderón a Washington no pinta del todo bien, pues su discurso hacia Estados Unidos ha estado totalmente equivocado
Felipe Calderón visitará al presidente George Bush el 9 de noviembre próximo, casi una semana después de las elecciones intermedias, en el peor momento en que podría hacerlo, aún si contra todos los pronósticos los republicanos mantienen el control de la Cámara de Diputados y del Senado. La popularidad de Bush se encuentra en el vecindario en 30%, similar a los históricos más bajos, rivalizando con el crepúsculo de la carrera de Richard Nixon por el Watergate, y con Gerald Ford, cuando le otorgó un indulto presidencial. Se da también en el contexto de un debate entre historiadores sobre si Bush se recordará en el futuro como uno de los peores mandatarios en la historia estadounidense, nefasto como Andrew Johnson que fue incapaz de detener la guerra civil, incapaz como Herbert Hoover, que llevó al país a la Gran Depresión, o calamitoso como Warren Harding, un invento cuya corrupción no resistió más de dos años en la Casa Blanca.
Con este presidente enfrente, Calderón cumplirá con el ritual que siguen los presidentes electos en México y, para ser justos, de buena parte del mundo: acuden a rendir honores a la metrópoli y tratar de establecer el preámbulo de una relación provechosa. En el caso mexicano, es más estratégica, al tener su economía totalmente injertada en el sistema productivo estadounidense y vivir con el aliento que lo riega desde el norte. Calderón, quien gobernará durante los dos años que le quedan a Bush, si es que los demócratas, en caso de tomar control del Capitolio no cumplen la amenaza de enjuiciarlo políticamente para que sea expulsado del poder, no tendrá una luna de miel con Washington, como siempre aspiran los noveles mandatarios mexicanos, porque todo ahí tiene sabor amargo.
Pero más allá de todos esos factores exógenos que enfrentará Calderón al encontrarse con Bush, el Presidente electo llegará con un déficit por falta de cálculo y visión estratégica. No va a pasar inadvertido que en su primera gira en esa calidad, por Centro y Sudamérica, su principal pronunciamiento regional fue en contra de la construcción del muro fronterizo, y que en la más reciente a Canadá, igual. No está mal desde un punto de vista político y ético, pero no ha sido arropado. El muro es una coartada electoral que responde a las ansiedades y angustias de los estadounidenses, que llevó incluso a los legisladores más liberales de Estados Unidos a alinearse con el metabolismo nacional y firmar abrumadoramente la ley del muro. Si tan sólo hubiera dado muestras de estar al tanto de sus preocupaciones, la declaración en contra del muro, que va a contracorriente de las expectativas de un electorado que ha mostrado ser bastante antimexicano, no parecería estar tan lejano de las necesidades emocionales estadounidenses.
¿Por qué Calderón no ha englobado sus mensajes hemisféricos mostrando preocupación por lo que más alarma a los estadounidenses? Porque no tiene nada concreto e imaginativo para abordar el tema de la inseguridad fronteriza y el fenómeno del narcotráfico en los estados colindantes con México. Estos temas han hecho de la relación una red aún más compleja de lo que históricamente ha sido. Aunque desde los 80 la relación ha estado narcotizada, reduciendo un poco ese énfasis en los últimos años por el debate migratorio, hoy se han juntado ambos fenómenos, pero desde la perspectiva mexicana, para peor. El acotamiento que tiene Bush en materia de migración se ha agravado por la forma como se metió el tema de lleno a la campaña electoral intermedia, eliminando las líneas que normalmente dividen a republicanos y demócratas en la materia, y unificándolos en la misma dirección que, por razones de votos, los guían sus electores. Por ejemplo, Jack Davis, que está buscando la curul demócrata en el muy liberal estado de Nueva York, declaró recientemente a The Washington Post a propósito del impacto negativo de una amnistía para indocumentados: "Ya veo a los radicales mexicanos diciendo que el presidente (James) Polk tomó su tierra en la guerra con México. Bien, les tengo noticias: ¡Esa la perdieron, nenes!".
Las campañas electorales antimigratorias y antimexicanas siempre vinculan a los indocumentados con el problema de la seguridad nacional. Recientemente, un subcomité del Congreso presentó un reporte de 36 páginas sobre la violencia fronteriza donde alerta sobre el incremento de la actividad de narcotraficantes mexicanos en Estados Unidos enfatizando una vez más la necesidad de una estrategia contra ellas. El muro, olvida Calderón, no responde en realidad a la migración indocumentada, sino a las preocupaciones en Estados Unidos contra el narcotráfico y el terrorismo. La razón de ese muro y del envío de la Guardia Nacional a la frontera con México señala claramente que los estadounidenses están convencidos de que el gobierno mexicano no puede garantizar seguridad en la región.
Calderón no ha tenido más que tropiezos en el campo. Inclusive, en la última reunión de alguaciles estadounidenses fronterizos no envió a quien se supone serviría de enlace en el tema, sino como emergente estuvo Arturo Sarukhán, quien lleva las relaciones internacionales en el equipo de transición, y que fue responsable de los temas del narcotráfico durante una buena parte de su estadía en la Embajada de México en Washington. Es una mala señal porque Sarukhán no va a ser ni procurador general ni secretario de Seguridad Pública ni zar de las drogas en el gobierno de Calderón. A menos de un mes y medio de que asuma, este fenómeno, que es el de mayor preocupación en Estados Unidos con respecto a la relación con México, no tiene una cara todavía con la cual se podrán arreglar.
Este sí es un problema serio del Presidente electo, quien está cometiendo el mismo error en el que incurrió el presidente Vicente Fox en su trato con el gobierno de Estados Unidos. Los estadounidenses siempre han sido muy claros: están dispuestos a dar lo que quieren dar. Si un gobierno les pide lo que ellos tienen en mente, se los dan; si no, claro que no. Fox les pidió una reforma migratoria, cuando Bush estaba dispuesto a darle otras cosas, como una ampliación del TLC. Al no entender Fox esa lógica, empantanó la relación, logró una regresión en el trato y la confianza, y terminará su sexenio con una de las peores relaciones bilaterales en la memoria.
Para Calderón el problema que tiene será identificar los temas en los cuales no sólo Bush, sino el nuevo Congreso que se vota el primer martes de noviembre, querrá dar a México. Las líneas están perfiladas, seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, pero en el horizonte de Calderón se ven nubladas. Tiene poco tiempo para preparar la visita a Washington, pero ya no puede seguir perdiéndolo, a menos de que desee seguir la ruta de Fox: mucho estruendo, poca efectividad. Mucho desgaste y un rotundo fracaso.
Felipe Calderón visitará al presidente George Bush el 9 de noviembre próximo, casi una semana después de las elecciones intermedias, en el peor momento en que podría hacerlo, aún si contra todos los pronósticos los republicanos mantienen el control de la Cámara de Diputados y del Senado. La popularidad de Bush se encuentra en el vecindario en 30%, similar a los históricos más bajos, rivalizando con el crepúsculo de la carrera de Richard Nixon por el Watergate, y con Gerald Ford, cuando le otorgó un indulto presidencial. Se da también en el contexto de un debate entre historiadores sobre si Bush se recordará en el futuro como uno de los peores mandatarios en la historia estadounidense, nefasto como Andrew Johnson que fue incapaz de detener la guerra civil, incapaz como Herbert Hoover, que llevó al país a la Gran Depresión, o calamitoso como Warren Harding, un invento cuya corrupción no resistió más de dos años en la Casa Blanca.
Con este presidente enfrente, Calderón cumplirá con el ritual que siguen los presidentes electos en México y, para ser justos, de buena parte del mundo: acuden a rendir honores a la metrópoli y tratar de establecer el preámbulo de una relación provechosa. En el caso mexicano, es más estratégica, al tener su economía totalmente injertada en el sistema productivo estadounidense y vivir con el aliento que lo riega desde el norte. Calderón, quien gobernará durante los dos años que le quedan a Bush, si es que los demócratas, en caso de tomar control del Capitolio no cumplen la amenaza de enjuiciarlo políticamente para que sea expulsado del poder, no tendrá una luna de miel con Washington, como siempre aspiran los noveles mandatarios mexicanos, porque todo ahí tiene sabor amargo.
Pero más allá de todos esos factores exógenos que enfrentará Calderón al encontrarse con Bush, el Presidente electo llegará con un déficit por falta de cálculo y visión estratégica. No va a pasar inadvertido que en su primera gira en esa calidad, por Centro y Sudamérica, su principal pronunciamiento regional fue en contra de la construcción del muro fronterizo, y que en la más reciente a Canadá, igual. No está mal desde un punto de vista político y ético, pero no ha sido arropado. El muro es una coartada electoral que responde a las ansiedades y angustias de los estadounidenses, que llevó incluso a los legisladores más liberales de Estados Unidos a alinearse con el metabolismo nacional y firmar abrumadoramente la ley del muro. Si tan sólo hubiera dado muestras de estar al tanto de sus preocupaciones, la declaración en contra del muro, que va a contracorriente de las expectativas de un electorado que ha mostrado ser bastante antimexicano, no parecería estar tan lejano de las necesidades emocionales estadounidenses.
¿Por qué Calderón no ha englobado sus mensajes hemisféricos mostrando preocupación por lo que más alarma a los estadounidenses? Porque no tiene nada concreto e imaginativo para abordar el tema de la inseguridad fronteriza y el fenómeno del narcotráfico en los estados colindantes con México. Estos temas han hecho de la relación una red aún más compleja de lo que históricamente ha sido. Aunque desde los 80 la relación ha estado narcotizada, reduciendo un poco ese énfasis en los últimos años por el debate migratorio, hoy se han juntado ambos fenómenos, pero desde la perspectiva mexicana, para peor. El acotamiento que tiene Bush en materia de migración se ha agravado por la forma como se metió el tema de lleno a la campaña electoral intermedia, eliminando las líneas que normalmente dividen a republicanos y demócratas en la materia, y unificándolos en la misma dirección que, por razones de votos, los guían sus electores. Por ejemplo, Jack Davis, que está buscando la curul demócrata en el muy liberal estado de Nueva York, declaró recientemente a The Washington Post a propósito del impacto negativo de una amnistía para indocumentados: "Ya veo a los radicales mexicanos diciendo que el presidente (James) Polk tomó su tierra en la guerra con México. Bien, les tengo noticias: ¡Esa la perdieron, nenes!".
Las campañas electorales antimigratorias y antimexicanas siempre vinculan a los indocumentados con el problema de la seguridad nacional. Recientemente, un subcomité del Congreso presentó un reporte de 36 páginas sobre la violencia fronteriza donde alerta sobre el incremento de la actividad de narcotraficantes mexicanos en Estados Unidos enfatizando una vez más la necesidad de una estrategia contra ellas. El muro, olvida Calderón, no responde en realidad a la migración indocumentada, sino a las preocupaciones en Estados Unidos contra el narcotráfico y el terrorismo. La razón de ese muro y del envío de la Guardia Nacional a la frontera con México señala claramente que los estadounidenses están convencidos de que el gobierno mexicano no puede garantizar seguridad en la región.
Calderón no ha tenido más que tropiezos en el campo. Inclusive, en la última reunión de alguaciles estadounidenses fronterizos no envió a quien se supone serviría de enlace en el tema, sino como emergente estuvo Arturo Sarukhán, quien lleva las relaciones internacionales en el equipo de transición, y que fue responsable de los temas del narcotráfico durante una buena parte de su estadía en la Embajada de México en Washington. Es una mala señal porque Sarukhán no va a ser ni procurador general ni secretario de Seguridad Pública ni zar de las drogas en el gobierno de Calderón. A menos de un mes y medio de que asuma, este fenómeno, que es el de mayor preocupación en Estados Unidos con respecto a la relación con México, no tiene una cara todavía con la cual se podrán arreglar.
Este sí es un problema serio del Presidente electo, quien está cometiendo el mismo error en el que incurrió el presidente Vicente Fox en su trato con el gobierno de Estados Unidos. Los estadounidenses siempre han sido muy claros: están dispuestos a dar lo que quieren dar. Si un gobierno les pide lo que ellos tienen en mente, se los dan; si no, claro que no. Fox les pidió una reforma migratoria, cuando Bush estaba dispuesto a darle otras cosas, como una ampliación del TLC. Al no entender Fox esa lógica, empantanó la relación, logró una regresión en el trato y la confianza, y terminará su sexenio con una de las peores relaciones bilaterales en la memoria.
Para Calderón el problema que tiene será identificar los temas en los cuales no sólo Bush, sino el nuevo Congreso que se vota el primer martes de noviembre, querrá dar a México. Las líneas están perfiladas, seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, pero en el horizonte de Calderón se ven nubladas. Tiene poco tiempo para preparar la visita a Washington, pero ya no puede seguir perdiéndolo, a menos de que desee seguir la ruta de Fox: mucho estruendo, poca efectividad. Mucho desgaste y un rotundo fracaso.
martes, octubre 31, 2006
domingo, octubre 29, 2006
Oaxaca, baño de sangre
El jueves pasado, en el programa de televisión Código 2006 , de Proyecto 40, hice una pregunta a nombre de muchos mexicanos a Ulises Ruiz, "el gobernador" de Oaxaca. "Le pregunto no al político, ni al funcionario, sino al ser humano: ¿está usted consciente de que su restitución como autoridad en Oaxaca va a ser el resultado de un baño de sangre? ¿No le importa que para seguir siendo gobernador se requiera la muerte de muchos? ¿Usted sabe que dentro de 10 ó 15 años el recuerdo de toda esta coyuntura y la mención de su nombre evocarán una tragedia?". Ulises Ruiz no se inmutó y respondió con una larga parrafada sobre la importancia de la negociación. Su verdadera respuesta la dio unas horas más tarde, en la madrugada, cuando un líder de la APPO fue secuestrado a punta de pistola por un comando de desconocidos. Al día siguiente, personas armadas, pertenecientes al gobierno municipal y al estatal, bajaron de una camioneta blanca para hacer disparos contra los retenes de la APPO, con el saldo conocido de varios muertos. Uno de ellos, el periodista estadounidense Bradley Will, de la agencia Indimedios.
Al cierre de este artículo no se desencadena aún el desenlace que parece inevitable. A la fecha han caído asesinadas una docena de personas, pero seguramente habrá muchas víctimas más, antes de que termine todo esto. Más allá de la posición política de cada uno de los lectores, hay un dato de la realidad que se impone: los muertos son de un solo bando. Podemos estar en desacuerdo con los métodos o estrategias de la APPO y cuestionar la intransigencia de maestros que condenaron a sus alumnos a perder la escuela, pero es un hecho que "los de abajo" son los que terminan poniendo a las víctimas.
Por desgracia la muerte de oaxaqueños morenos, anónimos y prescindibles no parece conmover a muchos. A lo largo de los meses, mientras se fueron enlutando los hogares de los que cayeron por goteo como resultado del ataque intermitente a los retenes, pocos se tomaron la molestia de exigir la destitución de Ulises Ruiz. Las notas internacionales se centraban en las pérdidas turísticas y comerciales del centro de Oaxaca. Sin embargo, todo esto cambió con la muerte de un extranjero, uno de los suyos.
La foto de Bradley Will yaciente en el pavimento ha recorrido diarios y noticieros de todo el mundo este fin de semana. Es una "pérdida de guerra" que no entraba en los cálculos de Ulises Ruiz. El ataque perpetrado el viernes por la tarde tenía como propósito provocar la última gota que derramara el vaso y obligar a las fuerzas federales a intervenir de una vez por todas. Llama la atención que el operativo fue en plena tarde y sin buscar siquiera alguna provocación o choque que de alguna manera lo justificara. Simplemente llegaron en sus camionetas, descendieron hombres con armas de alto poder y dispararon a retenes y periodistas. El mensaje fue claro y contundente. Si el gobierno federal no ha entrado a Oaxaca para no provocar un baño de sangre, los matones locales le demostrarían que la espera también se llenaría de sangre. Ahora la Secretaría de Gobernación tendría la coartada para intervenir. En cierta forma lo hace incluso para "proteger" a los manifestantes que están siendo acribillados. Espero que todo esto no sea más que resultado de la estulticia y barbarie de un gobernador convertido en sátrapa prehistórico. Ulises Ruiz ha dicho que los agresores son autoridades municipales, fuera de control, como si los esbirros de estos municipios priístas pudiesen atreverse a tomar una acción política de esta magnitud por su propia voluntad. Quisiera creer que esto no es un arreglo fríamente calculado con las autoridades del centro para precipitar el desalojo de Oaxaca.
Recordemos que el movimiento originalmente era una reivindicación gremial. El torpe y sangriento intento de desalojo de junio pasado por parte de Ulises provocó que se convirtiera en una protesta para exigir justicia. Desde entonces la APPO ha pedido una sola cosa: el retiro de Ulises y la investigación por sus crímenes. Es lamentable que el desenlace de todo esto sea una acción represiva, en nombre de la ley, y en contra de las víctimas que reclaman la aplicación de ley.
Tendríamos que preguntarnos dónde estaban hace un año todos aquellos que ahora exigen la restitución del estado de derecho, mientras Ulises Ruiz perseguía medios de comunicación, desaparecía disidentes y golpeaba derechos de comunidades. Durante meses, antes del conflicto del magisterio, los afectados interpusieron denuncias en contra de las agresiones del gobernador. Noticias de Oaxaca, el diario líder en la entidad, ha interpuesto media docena de demandas o denuncias en los tribunales que controla el gobernador. Ninguna ha prosperado pese a que hubo asesinatos y destrucción de instalaciones de por medio.
Si al final todo esto no sirve más que para reinstalar al gobernador, el daño será incalculable. Respetar al estado de derecho debería significar la investigación de todos los delitos, incluyendo los asesinatos por parte de las autoridades locales a lo largo de estos meses. Si el gobierno federal, en nombre de su alianza incondicional con el PRI, simplemente restituye al gobernador y encuentra chivos expiatorios entre policías de rango inferior, se habrá consumado una infamia mayúscula. Me temo, además, que se habrán dado enormes coartadas a los que consideran que nuestras instituciones no tienen remedio.
La tragedia de Oaxaca puede provocar un germen de rabia e inestabilidad si el baño de sangre simplemente sirve para imponer, una vez más, la inequidad y la injusticia ancestral. Pero también podría ser el arranque de una nueva forma de hacer política. Lo sabremos pronto. Sería lamentable que la única esperanza de ajuste de cuentas proceda de la indignación internacional que provoque el asesinato de un periodista extranjero. Nuestros muertos todavía valen muy poco.
Al cierre de este artículo no se desencadena aún el desenlace que parece inevitable. A la fecha han caído asesinadas una docena de personas, pero seguramente habrá muchas víctimas más, antes de que termine todo esto. Más allá de la posición política de cada uno de los lectores, hay un dato de la realidad que se impone: los muertos son de un solo bando. Podemos estar en desacuerdo con los métodos o estrategias de la APPO y cuestionar la intransigencia de maestros que condenaron a sus alumnos a perder la escuela, pero es un hecho que "los de abajo" son los que terminan poniendo a las víctimas.
Por desgracia la muerte de oaxaqueños morenos, anónimos y prescindibles no parece conmover a muchos. A lo largo de los meses, mientras se fueron enlutando los hogares de los que cayeron por goteo como resultado del ataque intermitente a los retenes, pocos se tomaron la molestia de exigir la destitución de Ulises Ruiz. Las notas internacionales se centraban en las pérdidas turísticas y comerciales del centro de Oaxaca. Sin embargo, todo esto cambió con la muerte de un extranjero, uno de los suyos.
La foto de Bradley Will yaciente en el pavimento ha recorrido diarios y noticieros de todo el mundo este fin de semana. Es una "pérdida de guerra" que no entraba en los cálculos de Ulises Ruiz. El ataque perpetrado el viernes por la tarde tenía como propósito provocar la última gota que derramara el vaso y obligar a las fuerzas federales a intervenir de una vez por todas. Llama la atención que el operativo fue en plena tarde y sin buscar siquiera alguna provocación o choque que de alguna manera lo justificara. Simplemente llegaron en sus camionetas, descendieron hombres con armas de alto poder y dispararon a retenes y periodistas. El mensaje fue claro y contundente. Si el gobierno federal no ha entrado a Oaxaca para no provocar un baño de sangre, los matones locales le demostrarían que la espera también se llenaría de sangre. Ahora la Secretaría de Gobernación tendría la coartada para intervenir. En cierta forma lo hace incluso para "proteger" a los manifestantes que están siendo acribillados. Espero que todo esto no sea más que resultado de la estulticia y barbarie de un gobernador convertido en sátrapa prehistórico. Ulises Ruiz ha dicho que los agresores son autoridades municipales, fuera de control, como si los esbirros de estos municipios priístas pudiesen atreverse a tomar una acción política de esta magnitud por su propia voluntad. Quisiera creer que esto no es un arreglo fríamente calculado con las autoridades del centro para precipitar el desalojo de Oaxaca.
Recordemos que el movimiento originalmente era una reivindicación gremial. El torpe y sangriento intento de desalojo de junio pasado por parte de Ulises provocó que se convirtiera en una protesta para exigir justicia. Desde entonces la APPO ha pedido una sola cosa: el retiro de Ulises y la investigación por sus crímenes. Es lamentable que el desenlace de todo esto sea una acción represiva, en nombre de la ley, y en contra de las víctimas que reclaman la aplicación de ley.
Tendríamos que preguntarnos dónde estaban hace un año todos aquellos que ahora exigen la restitución del estado de derecho, mientras Ulises Ruiz perseguía medios de comunicación, desaparecía disidentes y golpeaba derechos de comunidades. Durante meses, antes del conflicto del magisterio, los afectados interpusieron denuncias en contra de las agresiones del gobernador. Noticias de Oaxaca, el diario líder en la entidad, ha interpuesto media docena de demandas o denuncias en los tribunales que controla el gobernador. Ninguna ha prosperado pese a que hubo asesinatos y destrucción de instalaciones de por medio.
Si al final todo esto no sirve más que para reinstalar al gobernador, el daño será incalculable. Respetar al estado de derecho debería significar la investigación de todos los delitos, incluyendo los asesinatos por parte de las autoridades locales a lo largo de estos meses. Si el gobierno federal, en nombre de su alianza incondicional con el PRI, simplemente restituye al gobernador y encuentra chivos expiatorios entre policías de rango inferior, se habrá consumado una infamia mayúscula. Me temo, además, que se habrán dado enormes coartadas a los que consideran que nuestras instituciones no tienen remedio.
La tragedia de Oaxaca puede provocar un germen de rabia e inestabilidad si el baño de sangre simplemente sirve para imponer, una vez más, la inequidad y la injusticia ancestral. Pero también podría ser el arranque de una nueva forma de hacer política. Lo sabremos pronto. Sería lamentable que la única esperanza de ajuste de cuentas proceda de la indignación internacional que provoque el asesinato de un periodista extranjero. Nuestros muertos todavía valen muy poco.
viernes, octubre 13, 2006
Los incómodos
La historia de México está llena de políticos incómodos: hermanos, primos, cuñados, cónyuges. Pero también abundan los gobernadores incómodos. Aquellos que, dado su pésimo desempeño, generan problemas de gobernabilidad, afectan la legitimidad del gobierno, se llevan entre las patas a sus padrinos políticos y le complican la vida a su partido, pues los votantes suelen cobrarse los agravios votando por un partido diferente al del gobernador chafa.
En las épocas doradas del autoritarismo priísta, los gobernadores incómodos solían renunciar a sugerencia del presidente en turno. No era una solución muy democrática, cierto, pero la verdad es que los gobernadores en cuestión tampoco llegaban al poder de manera muy democrática. Normalmente alcanzaban la candidatura por el partido y la gubernatura por el dedo presidencial, y dejaban el poder también por el dedo presidencial.
Claro, en esta operación el presidente aprovechaba para deshacerse de algún gobernador heredado del presidente anterior, independientemente de los méritos que dicho gobernador tuviera. No obstante, este mecanismo para poner y quitar gobernadores comenzó a hacer crisis en el gobierno de Zedillo, cuando el presidencialismo comenzó a mostrar signos de agotamiento y los grupos dentro del PRI dejaron de aceptar al presidente como autoridad máxima.
Adicionalmente, en varias entidades llegaron al poder gobernadores de partidos diferentes al PRI que no le debían el puesto al dedo presidencial. Así, la capacidad del presidente de la República para remover gobernadores disminuyó de manera sensible. El caso más claro de esta nueva realidad fue el del entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien, a pesar de haber sido exhibido públicamente con gastos exorbitantes en su campaña para alcanzar la gubernatura, se negó a dejar el puesto desafiando abiertamente al presidente Zedillo.
Esta tendencia se ha agudizado en el gobierno del presidente Fox. Éste ha decidido que no se va a meter a remover gobernadores, por más incompetentes y corruptos que sean. El argumento para ello es que no es facultad del gobierno federal quitarlos. Y es cierto. Sin embargo, dejar esta decisión en manos de los congresos locales o eventualmente del Senado de la República no garantiza que vaya a pasar algo, pues suele ocurrir que el partido del gobernador lo defiende a capa y espada bajo el supuesto de que si este se va en condiciones ignominiosas, el costo político será mayor que si permanece, en condiciones ignominiosas también.
Un argumento adicional para que el gobierno federal no intervenga es que ello podría sentar precedentes peligrosos y alentar movimientos en muchos estados para tirar gobernadores y eventualmente presidentes de la República. También se podría argumentar que si los gobernadores son elegidos por el voto popular, su remoción sería antidemocrática y violentaría esa misma voluntad. Y lo cierto es que la mayoría de estos argumentos son ciertos, aunque no suficientes.
El argumento más poderoso tiene que ver, sin duda, con el origen democrático de los mandatarios estatales. Sin embargo, si un gobernante legítimo viola la ley, es obvio que no puede permanecer en el cargo. Si un gobernante atenta contra las garantías individuales -ya sea Mario Marín contra Lydia Cacho o Ulises Ruiz contra el diario Noticias- no debe permanecer en el cargo. La pregunta es ¿quién lo quita? Y ahí es donde es obvio que si bien existen disposiciones legales, éstas no parecen funcionar bien. Así pues, el reto es mejorar los mecanismos institucionales para que, ante evidencia clara de violaciones de la ley por parte de un gobernador, éste se vaya a su casa y sea procesado. Desde ese punto de vista, la razón para la remoción debería ser la violación de la ley y no el número de manifestantes en su contra. Además, la reducción de los términos del mandato de los gobernadores, combinada con la posibilidad de la reelección, podría ser un mecanismo para ejercer mayor vigilancia sobre su desempeño y facilitar una salida más inmediata de algún mandatario incompetente.
En el caso del conflicto de Oaxaca es evidente que estamos en una situación empantanada que sólo una salida legal del gobernador Ulises Ruiz puede resolver. El recurso institucional es que el Senado declare la desaparición de poderes en el estado. La razón debería ser la conducta atentatoria contra las garantías ciudadanas en Oaxaca, por parte del gobernador, como fue el caso del acoso al diario Noticias. Pero lo cierto es que el único escenario viable es la decisión del Senado.
Sin embargo, si el gobernador Ruiz se va y los delitos cometidos por los grupos violentos que actúan en Oaxaca quedan impunes, ello va a constituir un incentivo para movimientos futuros en otras partes que quieran tirar a gobernantes electos. Más allá de la salida del gobernador, es claro que en Oaxaca hay delitos del fuero común y federal que se tienen que castigar. Si ello no ocurre, vamos a tener decenas de Oaxacas en todo el país. Como coreaban los manifestantes de la APPO hace unos días: "Ulises ya cayó. Sigue Calderón". ¿Y luego quién más?
En las épocas doradas del autoritarismo priísta, los gobernadores incómodos solían renunciar a sugerencia del presidente en turno. No era una solución muy democrática, cierto, pero la verdad es que los gobernadores en cuestión tampoco llegaban al poder de manera muy democrática. Normalmente alcanzaban la candidatura por el partido y la gubernatura por el dedo presidencial, y dejaban el poder también por el dedo presidencial.
Claro, en esta operación el presidente aprovechaba para deshacerse de algún gobernador heredado del presidente anterior, independientemente de los méritos que dicho gobernador tuviera. No obstante, este mecanismo para poner y quitar gobernadores comenzó a hacer crisis en el gobierno de Zedillo, cuando el presidencialismo comenzó a mostrar signos de agotamiento y los grupos dentro del PRI dejaron de aceptar al presidente como autoridad máxima.
Adicionalmente, en varias entidades llegaron al poder gobernadores de partidos diferentes al PRI que no le debían el puesto al dedo presidencial. Así, la capacidad del presidente de la República para remover gobernadores disminuyó de manera sensible. El caso más claro de esta nueva realidad fue el del entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien, a pesar de haber sido exhibido públicamente con gastos exorbitantes en su campaña para alcanzar la gubernatura, se negó a dejar el puesto desafiando abiertamente al presidente Zedillo.
Esta tendencia se ha agudizado en el gobierno del presidente Fox. Éste ha decidido que no se va a meter a remover gobernadores, por más incompetentes y corruptos que sean. El argumento para ello es que no es facultad del gobierno federal quitarlos. Y es cierto. Sin embargo, dejar esta decisión en manos de los congresos locales o eventualmente del Senado de la República no garantiza que vaya a pasar algo, pues suele ocurrir que el partido del gobernador lo defiende a capa y espada bajo el supuesto de que si este se va en condiciones ignominiosas, el costo político será mayor que si permanece, en condiciones ignominiosas también.
Un argumento adicional para que el gobierno federal no intervenga es que ello podría sentar precedentes peligrosos y alentar movimientos en muchos estados para tirar gobernadores y eventualmente presidentes de la República. También se podría argumentar que si los gobernadores son elegidos por el voto popular, su remoción sería antidemocrática y violentaría esa misma voluntad. Y lo cierto es que la mayoría de estos argumentos son ciertos, aunque no suficientes.
El argumento más poderoso tiene que ver, sin duda, con el origen democrático de los mandatarios estatales. Sin embargo, si un gobernante legítimo viola la ley, es obvio que no puede permanecer en el cargo. Si un gobernante atenta contra las garantías individuales -ya sea Mario Marín contra Lydia Cacho o Ulises Ruiz contra el diario Noticias- no debe permanecer en el cargo. La pregunta es ¿quién lo quita? Y ahí es donde es obvio que si bien existen disposiciones legales, éstas no parecen funcionar bien. Así pues, el reto es mejorar los mecanismos institucionales para que, ante evidencia clara de violaciones de la ley por parte de un gobernador, éste se vaya a su casa y sea procesado. Desde ese punto de vista, la razón para la remoción debería ser la violación de la ley y no el número de manifestantes en su contra. Además, la reducción de los términos del mandato de los gobernadores, combinada con la posibilidad de la reelección, podría ser un mecanismo para ejercer mayor vigilancia sobre su desempeño y facilitar una salida más inmediata de algún mandatario incompetente.
En el caso del conflicto de Oaxaca es evidente que estamos en una situación empantanada que sólo una salida legal del gobernador Ulises Ruiz puede resolver. El recurso institucional es que el Senado declare la desaparición de poderes en el estado. La razón debería ser la conducta atentatoria contra las garantías ciudadanas en Oaxaca, por parte del gobernador, como fue el caso del acoso al diario Noticias. Pero lo cierto es que el único escenario viable es la decisión del Senado.
Sin embargo, si el gobernador Ruiz se va y los delitos cometidos por los grupos violentos que actúan en Oaxaca quedan impunes, ello va a constituir un incentivo para movimientos futuros en otras partes que quieran tirar a gobernantes electos. Más allá de la salida del gobernador, es claro que en Oaxaca hay delitos del fuero común y federal que se tienen que castigar. Si ello no ocurre, vamos a tener decenas de Oaxacas en todo el país. Como coreaban los manifestantes de la APPO hace unos días: "Ulises ya cayó. Sigue Calderón". ¿Y luego quién más?
domingo, octubre 01, 2006
Diciembre negro
Oaxaca podría ser el diciembre negro de Fox. Hace 12 años México pasó por la peor crisis económica de la historia reciente debido a la mala transición del gobierno saliente de Carlos Salinas al entrante de Ernesto Zedillo. La historia podría repetirse, pero ahora en el terreno político, con saldos igualmente trágicos y por los mismos motivos: la falta de decisiones entre el equipo que llega y el que sale.
El conflicto de Oaxaca podría convertirse en el equivalente a un peso sobrevaluado y a punto de explotar. En el otoñó de 1994 nadie quiso asumir la factura política de una devaluación que desde meses antes era imprescindible. Carlos Salinas y Pedro Aspe (su secretario de Hacienda) no quisieron comprometer los elevados índices de popularidad con los que cerraron su sexenio. A los 20 días de haber asumido el poder, en aquel diciembre funesto, la bomba estalló en la cara de Zedillo y del nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche. La tragedia le granjeó a Salinas un exilio forzado y a Serra Puche el fin de su carrera política. Pero sobre todo, condenó al país a una recesión que todavía no cicatriza del todo.
El caso de Oaxaca anticipa un infortunio que podría alcanzar tales proporciones. Hay un consenso generalizado a favor de resolver el conflicto de manera urgente e inmediata, pero las vías dividen a la clase política y a la opinión pública.
Por un lado, están los que consideran que el gobierno federal debe enviar fuerzas policiacas para desalojar a los manifestantes y "restablecer el orden". A su juicio, los riesgos de un desenlace violento son preferibles que el caos y la impunidad que representa una ciudad en manos de una organización radical.
Los sectores más conservadores quieren ver a la APPO como una extensión del grupo guerrillero EPR. Es una simplificación que han rechazado incluso empresarios como Harp Helú y políticos como Diódoro Carrasco (ex gobernador, ahora con el PAN), pero que se ha esgrimido en la capital para justificar la aplicación de mano dura. Parecería un argumento pensado para tranquilizar conciencias por anticipado, en caso de que una operación militar deje las barricadas sembradas de cadáveres. Si los disidentes eran prácticamente "guerrilla subversiva" las bajas habrían sido un mal necesario.
Es un argumento absurdo. Cinco mil personas marchan hacia la capital y miles más resguardan la plaza de Oaxaca. Si todos esos contingentes fueran del EPR habría que cambiar al Cisen, la Secretaría de Gobernación y los cuerpos de inteligencia militar, por ineptitud (¿decenas de miles de insurrectos habían pasado inadvertidos?). En realidad, la APPO es una amalgama de organizaciones e impulsos que se alimenta de grupos sociales resentidos por la pobreza y la injusticia. No son la mayoría de los oaxaqueños, pero posee una base social real y extendida, y probablemente una gran cantidad de simpatizantes no movilizados. Preferiríamos que todos ellos fueran buenas personas y ciudadanos ejemplares, pero aunque muchos no lo sean, tampoco deben descalificarse sus reclamos. Podemos dar por descontado que algunos cuadros del EPR y otros activistas radicales han acudido con el propósito de reventar y manipular, pero son docenas entre miles. De lo que podemos estar seguros es que una represión convertirá la mentira en una autoprofecía cumplida: cientos ingresarán a los movimientos clandestinos de insurrección.
Del otro lado, otra corriente de opinión, entre los que me incluyo, considera que la única salida posible es la renuncia de Ulises Ruiz, o su separación mientras es investigado. Hace una semana, en este espacio, expuse los argumentos al respecto. Ser gobernador legalmente elegido no es una patente de corso para cometer las tropelías y delitos en los que incurrió este sátrapa trasnochado. Durante un año se dedicó a golpear a la disidencia, a los medios de comunicación adversos y a grupos campesinos incómodos.
Estos grupos que hoy "violentan el orden" recurrieron en primera instancia, aunque infructuosamente, a tribunales y ministerios públicos para denunciar asesinatos y despojos. No consiguieron nada. En junio, cuando las fuerzas estatales intentaron desalojar a los maestros con saldo de un muerto, todos estos grupos y agravios se unieron a su causa. Eso es la APPO, con todos los defectos que pueda tener.
El viernes en la madrugada corrió el rumor en Oaxaca de que la policía federal estaba a punto de tomar la plaza. La crónica de un corresponsal de EL UNIVERSAL señala que "en cuestión de segundos, por toda la ciudad, ríos humanos bajaron de las colonias circunvecinas para fortalecer sus barricadas". Recomendar el uso de la fuerza, pero "sólo para disuadir y con precaución", como pretenden algunas buenas conciencias, no es más que otra manera de pedir un baño de sangre, pero buscando no ser salpicado.
Tomémosle la palabra a los que piden el restablecimiento de las instituciones y del estado de derecho, pero vayamos a la raíz del problema. Se requiere de una instancia federal que investigue la veracidad de las denuncias de los delitos cometidos por Ulises Ruiz. No se trata de ceder u ofrecer la cabeza del gobernador a unos manifestantes. Se trata de construir la democracia a partir de la aplicación de una justicia real, y no la que imparten los tribunales del gobernador en cuestión. La exigencia de la opinión pública nacional para reinstalar el estado de derecho en Oaxaca es genuina, pero debe ser integral. No se puede reestablecer la ley reprimiendo violentamente a los que exigen se les haga justicia.
El gobierno panista está paralizado ante la disyuntiva de reprimir y derramar sangre, o investigar a Ruiz y enemistarse con el PRI. Ha llegado el momento de asumir costos y tomar decisiones. O pueden no hacerlo y esperar a que el tema estalle en su cara en el interregno de la transición, como hace 12 años. Ya conocemos las consecuencias.
El conflicto de Oaxaca podría convertirse en el equivalente a un peso sobrevaluado y a punto de explotar. En el otoñó de 1994 nadie quiso asumir la factura política de una devaluación que desde meses antes era imprescindible. Carlos Salinas y Pedro Aspe (su secretario de Hacienda) no quisieron comprometer los elevados índices de popularidad con los que cerraron su sexenio. A los 20 días de haber asumido el poder, en aquel diciembre funesto, la bomba estalló en la cara de Zedillo y del nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche. La tragedia le granjeó a Salinas un exilio forzado y a Serra Puche el fin de su carrera política. Pero sobre todo, condenó al país a una recesión que todavía no cicatriza del todo.
El caso de Oaxaca anticipa un infortunio que podría alcanzar tales proporciones. Hay un consenso generalizado a favor de resolver el conflicto de manera urgente e inmediata, pero las vías dividen a la clase política y a la opinión pública.
Por un lado, están los que consideran que el gobierno federal debe enviar fuerzas policiacas para desalojar a los manifestantes y "restablecer el orden". A su juicio, los riesgos de un desenlace violento son preferibles que el caos y la impunidad que representa una ciudad en manos de una organización radical.
Los sectores más conservadores quieren ver a la APPO como una extensión del grupo guerrillero EPR. Es una simplificación que han rechazado incluso empresarios como Harp Helú y políticos como Diódoro Carrasco (ex gobernador, ahora con el PAN), pero que se ha esgrimido en la capital para justificar la aplicación de mano dura. Parecería un argumento pensado para tranquilizar conciencias por anticipado, en caso de que una operación militar deje las barricadas sembradas de cadáveres. Si los disidentes eran prácticamente "guerrilla subversiva" las bajas habrían sido un mal necesario.
Es un argumento absurdo. Cinco mil personas marchan hacia la capital y miles más resguardan la plaza de Oaxaca. Si todos esos contingentes fueran del EPR habría que cambiar al Cisen, la Secretaría de Gobernación y los cuerpos de inteligencia militar, por ineptitud (¿decenas de miles de insurrectos habían pasado inadvertidos?). En realidad, la APPO es una amalgama de organizaciones e impulsos que se alimenta de grupos sociales resentidos por la pobreza y la injusticia. No son la mayoría de los oaxaqueños, pero posee una base social real y extendida, y probablemente una gran cantidad de simpatizantes no movilizados. Preferiríamos que todos ellos fueran buenas personas y ciudadanos ejemplares, pero aunque muchos no lo sean, tampoco deben descalificarse sus reclamos. Podemos dar por descontado que algunos cuadros del EPR y otros activistas radicales han acudido con el propósito de reventar y manipular, pero son docenas entre miles. De lo que podemos estar seguros es que una represión convertirá la mentira en una autoprofecía cumplida: cientos ingresarán a los movimientos clandestinos de insurrección.
Del otro lado, otra corriente de opinión, entre los que me incluyo, considera que la única salida posible es la renuncia de Ulises Ruiz, o su separación mientras es investigado. Hace una semana, en este espacio, expuse los argumentos al respecto. Ser gobernador legalmente elegido no es una patente de corso para cometer las tropelías y delitos en los que incurrió este sátrapa trasnochado. Durante un año se dedicó a golpear a la disidencia, a los medios de comunicación adversos y a grupos campesinos incómodos.
Estos grupos que hoy "violentan el orden" recurrieron en primera instancia, aunque infructuosamente, a tribunales y ministerios públicos para denunciar asesinatos y despojos. No consiguieron nada. En junio, cuando las fuerzas estatales intentaron desalojar a los maestros con saldo de un muerto, todos estos grupos y agravios se unieron a su causa. Eso es la APPO, con todos los defectos que pueda tener.
El viernes en la madrugada corrió el rumor en Oaxaca de que la policía federal estaba a punto de tomar la plaza. La crónica de un corresponsal de EL UNIVERSAL señala que "en cuestión de segundos, por toda la ciudad, ríos humanos bajaron de las colonias circunvecinas para fortalecer sus barricadas". Recomendar el uso de la fuerza, pero "sólo para disuadir y con precaución", como pretenden algunas buenas conciencias, no es más que otra manera de pedir un baño de sangre, pero buscando no ser salpicado.
Tomémosle la palabra a los que piden el restablecimiento de las instituciones y del estado de derecho, pero vayamos a la raíz del problema. Se requiere de una instancia federal que investigue la veracidad de las denuncias de los delitos cometidos por Ulises Ruiz. No se trata de ceder u ofrecer la cabeza del gobernador a unos manifestantes. Se trata de construir la democracia a partir de la aplicación de una justicia real, y no la que imparten los tribunales del gobernador en cuestión. La exigencia de la opinión pública nacional para reinstalar el estado de derecho en Oaxaca es genuina, pero debe ser integral. No se puede reestablecer la ley reprimiendo violentamente a los que exigen se les haga justicia.
El gobierno panista está paralizado ante la disyuntiva de reprimir y derramar sangre, o investigar a Ruiz y enemistarse con el PRI. Ha llegado el momento de asumir costos y tomar decisiones. O pueden no hacerlo y esperar a que el tema estalle en su cara en el interregno de la transición, como hace 12 años. Ya conocemos las consecuencias.
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