Terrorismo laboral

Tenemos ante nuestros ojos un gran número de temas y el analista confieso que me he apropiado del título tiende a sentirse confuso: ¿qué cuestión tratar en el espacio que se le ha asignado? ¿Entrar, por ejemplo, al coro de carcajadas que arranca de la "declinación" de Arturo Montiel? ¿Agudizar la crítica a la ineficacia de las medidas oficiales ante los desastres y a la caracterización de los damnificados como "gorrones"? ¿Abordar los actos corruptos de los hijitos de "la señora"? O bien, ¿atacar el grado de perversión institucional que ha alcanzado el régimen pensionario de nuestro país?
He preferido ocuparme de este último, porque considero que tiene una enorme trascendencia social y marca un rumbo estructural de extrema gravedad. Es, de hecho, un paso hacia la destrucción del sistema pensionario (régimen de jubilaciones y pensiones) de los trabajadores mexicanos, y esto no es poca cosa, pues se trata de una cuestión directamente ligada al salario, a la posibilidad de mantener el ingreso del trabajador o la trabajadora, afectado por enfermedad, por maternidad, vejez o cualquier riesgo laboral.
No es nuevo ese propósito. Desde los años 70 comenzó a aplicarse un rumbo diferente a los objetivos originales; en la práctica como lo diseñara Morones Prieto, que fue director del IMSS y elaborador de las "Tesis Mexicanas de Seguridad Social", se tendió a convertir a la institución en una segunda secretaría de salubridad, cuyo presupuesto no era sufragado por el Estado, sino por una aportación de tres factores: obreros, empleadores y gobierno. Desde entonces se prefirió el camino de la "misión social de la medicina y la medicina de la seguridad social", se priorizó la construcción de hospitales, de clínicas, la creación de sofisticados sistemas médicos, difiriendo y disminuyendo las pensiones y jubilaciones hasta límites de miseria.
1. Que toda esa construcción era indispensable, no cabe duda: el retraso de los sistemas de salud en el país lo requerían con urgencia y ello se reveló con particular fuerza en esa década. Pero también el nivel de los ingresos de los trabajadores había experimentado fuerte descenso con motivo de la devaluación monetaria de 1976. Por primera vez se produjeron manifestaciones de jubilados y pensionados.
Hacía seis años que las pensiones y jubilaciones no sufrían ninguna modificación. Por primera vez llevamos esta discusión a la Cámara de Diputados en 1979. Fue con motivo de la presentación de una propuesta de López Portillo para aumentarlas, mas esa elevación era tan baja que dejaba la cuantía básica de la pensión mínima en 40% del salario más bajo. Demandamos que pensión y salario mínimos se igualaran, pues 99.06% de los pensionados recibían menos.
En contra, todos los alegatos se basaron en el estado financiero del IMSS. Pero demostramos que en 1979 el instituto recibiría por cuotas 65 mil 400 millones 126 mil pesos y devolvería por pensiones y jubilaciones 5 mil 133 millones: "Quedarán para otras funciones 60 mil millones de pesos".
Nuestra propuesta fue desechada entonces y sólo ahora, cuando el salario mínimo ha sido reducido a una fantasmagoría, se proclama como triunfo el que la pensión mínima tenga ese monto.
2. Las condiciones fundamentales se han mantenido en ese rumbo, con el agregado de que se atentó contra el carácter solidario del Seguro Social al introducir una irracional pero productiva individualización bancaria a través de las Afores: la situación financiera del IMSS se dice es catastrófica por el régimen de pensiones y jubilaciones (RPJ). Mas nada se dice respecto del inmenso robo que de las cuotas obreras se hizo para impulsar el "populismo" priísta, de Echeverría para adelante.
Con motivo de la reciente revisión del contrato colectivo del sindicato de los trabajadores del IMSS se lanzó una ululante campaña, del más típico corte macartista. Se pusieron ejemplos de lo más rebuscados, como de que en el RPJ del contrato figuraban jubilaciones con 130% del salario del trabajador en activo. Pero nunca se dieron a conocer esos salarios y las jubilaciones: 130% de un salario médico por seis horas diarias de trabajo (alrededor de 30 enfermos), equivale a 5 mil 120 pesos. ¿Esa jubilación es un crimen?
3. Lo que sí es un crimen es el atentado que se intenta contra la contratación colectiva de los grandes sindicatos, argumentando sus muy elevadas jubilaciones. Mas se ocultan fenómenos que al lado de las "cuantiosas pensiones" existen. Por ejemplo: ¿tienen una importancia decisiva las pensiones de los trabajadores petroleros en la economía de la empresa, cuando durante décadas 30% de la finanza pública es sostenida con base en el saqueo de las utilidades de Petróleos Mexicanos? No la tienen, como tampoco adquieren ese carácter las pensiones de los universitarios ni de los electricistas.
Se trata, sí, de una manifestación de terrorismo antisindical contra la contratación colectiva, sin duda impulsada desde las secretarías de Gobernación y del Trabajo. Bajo esa ofensiva se realizó la revisión contractual y se afirma la reforma a la Ley del IMSS, que fue aprobada irresponsablemente por diputados y senadores del PRIAN.
También se trata de la terminación de una época de "calma" en el movimiento sindical de clase. La lucha por la defensa de los contratos colectivos debe estar unida a una acción decidida, combativa, por una reorganización del régimen de pensiones, pero al alza, para el conjunto del movimiento sindical.